Según la RAE la palabra corrupción denota el “uso de las funciones asignadas en un cargo para sacar provecho económico o de otra índole, para si mismo o en beneficio de terceros”.
Dicho lo anterior, es necesario desenmascarar una parte del presunto entramado de corrupción que se vendría presentando en la administración del alcalde Enrique Peñalosa, no de forma banal sino con hechos y pruebas que así lo demuestran, aunque el alcalde ni se inmute y permita que por acción u omisión las distintas entidades bajo su mandato naveguen en las aguas de lo que podría considerarse ilegalidad. Como en aquel cuento infantil de Hansel y Gretel, sigamos entonces las migajas de pan dejadas como pistas a lo largo y ancho de la ciudad.
Irregularidades en el contrato de semáforos
Una mañana al salir a trabajar observé cómo en un barrio de calles estrechas en Bogotá, en menos de 500 metros y unas 4 cuadras, habían instalado 3 semáforos en cada intersección. Esto ocasionó desde entonces una congestión vehicular que antes no existía, caos en el tráfico interno del barrio y accidentes. El comentario reiterado era que la corrupción se hacía con la repartija de contratos en movilidad que en estos sectores de la ciudad se multiplicaron de la noche a la mañana.
Como consecuencia de lo anterior, no hace mucho fue noticia que Juan Pablo Bocarejo, secretario de movilidad, había sido destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación luego de ser hallado responsable por la falta de planeación en la contratación de la renovación de la red semafórica de Bogotá. Aún cuando fue advertido en varias oportunidades, él prefirió ignorar a los entes de control llevando a cabo una licitación por $215.000 millones que saldrían de las arcas del distrito, es decir, de su bolsillo y del mío, de los impuestos que pagamos todos.
Todo para que al final se supiera que hubo hasta falsificación de firmas como consta en la declaración de Andrés Cufiño, expresidente de Sutec Argentina (socia mayoritaria del consorcio que se quedó con el contrato), ¿pero por qué falsificaron la firma? La respuesta es una sola: los estados financieros que presentó Sutec eran falsos, ya que esa empresa no contaba con la solvencia económica necesaria para acceder a un negocio tan grande como lo advirtió la Procuraduría.
¿Qué hizo Bocarejo? Su negligencia y permisividad impidió el resarcimiento de “las inconsistencias y anomalías” antes señaladas ya que no ejecutó las acciones establecidas por el principio de contratación estatal transparente. Con su actuar benefició a terceros, quienes irregularmente se quedaron con el dinero de los bogotanos. Sí, igual que el buen muchacho y ahora mártir del Centro democrático Andrés Felipe Arias y el favorecimiento a terceros en AIS según los fallos judiciales. Es apenas justa la sanción en primera instancia a Bocarejo, así como lo fue la pena impuesta a Arias. Pero aún así, esa presunta corrupción silenciosa avanza en las entidades del distrito.
Presunto despilfarro en el contrato de las canecas recolectoras de basura
Un año después de observar las irregularidades de la red semafórica en el barrio, la misma comunidad empieza a encontrar otro caso alarmante. Una proliferación de cestas para la basura. Esas canecas que invaden Bogotá, lejos de ser la solución al problema de aseo, son una señal visible de que algo irregular está pasando, pues aun cuando el distrito dijo que serían instaladas con al menos 50 metros de distancia entre ellas, lo cierto es que hoy encontramos canecas que invaden el espacio público situadas a 15 metros de distancia o menos entre una y otra, son el nuevo símbolo de Peñalosa como los ya reconocidos bolardos. ¿Pero qué hay de fondo en esta contratación? Nada menos que el asomo sospechoso de las dudas en lo que podría ser un contrato entregado a dedo y de forma irregular.
La denuncia fue presentada en su momento por la empresa Canecol, quien se interesó en participar de la licitación de este contrato para reemplazar el mobiliario de cestas de recolección de basuras de Bogotá, pero en la medida que avanzaba el proceso se dieron cuenta de que el distrito exigía unas especificaciones técnicas que solo eran cumplidas por una empresa española, con lo cual se violaba el principio de la libre competencia y adicionalmente se excedía en casi el doble el valor individual de cada caneca. Esas denuncias no tuvieron eco en los medios y fueron minimizadas por los representantes de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Hoy cuando ya se han empezado a instalar usted debe saber que cada cesta le costó al bolsillo de los capitalinos en promedio $1’327.959, multiplicados por las 80.000 cestas que se instalarán según la denuncia de los proveedores participantes de la licitación, cuando los modelos que ellos presentaron estaban por debajo de los $500.000. ¿Qué cubrimiento de la noticia hicieron los grandes medios? ¿Qué ha dicho el distrito? ¡Los primeros han guardado un silencio cómplice y los segundos y directos responsables solo han dado explicaciones a medias!
Otros asuntos
A este silencioso mar de irregularidades se suma Miguel Uribe Turbay, pupilo de Peñalosa y hoy candidato a la alcaldía de Bogotá respaldado por el Centro Democrático (el que dijo Uribe, versión 2.0). Ahora bien, resulta que cuando este ocupaba el cargo de secretario de Gobierno contrató en su equipo de trabajo y asesor de despacho a su amigo personal Óscar Berardinelli, quien luego sería denunciado por un grupo de al menos 50 empresarios como el presunto líder del cartel de los bares y restaurantes que funcionaba en la capital. Según ellos, los estafó en millonarios contratos en los que ellos terminaron pagando por la compra de establecimientos cuyas acciones tenían a Miguel Uribe como dueño en 2013 y que fueron negociadas por su amigo actuando a nombre del hoy candidato que promete continuar con lo que viene haciendo Peñalosa en Bogotá, pero que a la hora de recibir el dinero desaparecían. Las denuncias vienen siendo presentadas desde 2015 por los delitos de abuso de confianza y administración desleal.
Al final del día uno se pregunta: ¿por qué estos escándalos no han tenido el eco suficiente en los medios?, ¿por qué los entes de control como la Fiscalía y la Contraloría no toman las acciones que la ley exige?, ¿por qué esa Contraloría tan diligente en la fiscalización de la alcaldía de Gustavo Petro guarda absoluto silencio al destaparse estos escándalos en la administración de Peñalosa?
Mas irregularidades saldrán a la luz cuando el período del alcalde Enrique Peñalosa termine y asomen escándalos y vicios de ilegalidad en los tantos negocios que allí se vienen gestando. Amanecerá y veremos.
