“Se revisaron aspectos financieros, presupuestales y algunos temas de gestión. En esta auditoría existe una alta preocupación por parte de la Contraloría General, por cuanto la forma en la cual se están manejando los recursos, parece ser ineficiente”, dijo Julio César Cortés, Contralor Delegada del Sector Social.
La Contraloría también observó un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones.
El organismo de control estableció también un presunto daño patrimonial por $34.320 millones, por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones en el período comprendido entre 2015 y 2018. Además, por prescripción de cuotas de partes pensionales por cobrar, que datan del año 1992, se encontró otro presunto daño patrimonial por $ 2.243 millones de pesos. Según la Contraloría, esto evidencia unas grandes deficiencias en el manejo que se le está dando al cumplimento de los fallos.
“Los daños fiscales ascienden a más de $63.000 millones de pesos, los cuales encontramos de mayor relevancia. Uno por $ 27.000 millones, por la demora en el pago de cesantías, y el otro por el valor de $34.320 millones, por la demora en los pagos en los fallos de pensiones”, señaló.
El proceso auditor observó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene pérdidas acumuladas por más de $ 4.2 billones de pesos, lo que deja ver que su gestión es antieconómica e insostenible en el tiempo.
“Este fondo está generando que no se vea bien su manejo, sus pérdidas no lo hacen viable. El Gobierno Nacional tendría que revisar cómo se está manejando manejando, para que tome medidas respecto a lo que está pasando, de lo contrario, serán lo colombianos los que tendrán que pagar los recursos”, expresó Cortés.
