Caldas acaba de recibir por parte del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la certificación que lo acredita como el primer departamento libre de cultivos ilícitos, condición que ostenta desde hace 5 años y que aparte de los beneficios en materia de seguridad lo hace hoy abanderado claro de los beneficios derivados del proceso de paz en materia institucional, social y económica.
El departamento de Caldas ha sido uno de los más golpeados por el conflicto interno, dentro de sus antecedentes más notables está que históricamente se relaciona el origen de las Farc en Marquetalia, municipio limítrofe entre Caldas y Tolima. Más allá de esto, el conflicto entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (al mando de Omar Isaza), el Frente 47 de las Farc (al mando de alias Karina) y la fuerza pública trajo violencia, muerte y pobreza. Algunas cifras que respaldan la crudeza de la intensidad del conflicto del que fue testigo esta parte del territorio nacional son las cifras que muestra un informe de la gobernación que evidencia 2.062 desapariciones forzadas, 111.763 desplazados, 11.853 homicidios, 506 secuestros y más de 1.200 actos terroristas, combates y hostigamientos.
La dinámica de los cultivos ilícitos no fue ajena a la realidad del departamento que vio un crecimiento exponencial del número de hectáreas ocupadas con la siembra de mata de coca, el cual era para 2002 de 50 hectáreas, aproximadamente, pero cuatro años después encontró un pico de más de 450 hectáreas, siendo los municipios de Manzanares, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Victoria los más afectados por este flagelo. De igual forma, durante esta época, el departamento de Caldas también vio las tasas de desempleo más altas desde 1976, ubicándose en un promedio de 20% de la población laboralmente activa en condición de paro y una tasa de población en condición de pobreza en promedio entre el 36% y 38%.
Sin embargo, esta difícil tendencia logró ser revertida, muestra de esto es que el departamento de Caldas acaba de recibir por parte del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la certificación que lo acredita como el primer departamento libre de cultivos ilícitos, condición que ostenta desde hace 5 años y que a parte de los beneficios en materia de seguridad, lo hace hoy abanderado claro de los beneficios derivados del proceso de paz en materia institucional, social y económica. Otro aspecto a destacar es que en el departamento tampoco hay presencia de grupos armados ilegales desde hace 9 años, permitiéndole ser un centro de gran atención para el ecoturismo, la creación de empresa y la expansión de la oferta agrícola.
Respaldando lo anterior con algunas cifras, Caldas es hoy el tercer departamento más importante de Colombia en materia económica, representando el 1.6% del producto nacional y el 3.3% de las exportaciones (excluyendo producción petrolera y derivados), gracias a esto se registraron en 2018 cerca de 7.120 empresas y establecimientos de comercio nuevos, siendo ligeramente inferior a la experimentada en 2017 pero reforzando la tendencia de crecimiento que se viene evidenciando desde 2014, predominando especialmente en la estructura del tejido empresarial el sector comercio, concentrando el 50% de las empresas y establecimientos inscritos (CCMC, 2018). En cuanto a su desarrollo económico, para 2018 tuvo un crecimiento de 3.5 del Producto Interno Bruto, muy por encima del 2.6% nacional (DANE 2018), destacando el sector de infraestructura y desarrollo vial, y el crecimiento en el desarrollo de actividades de ecoturismo y el aumento de plantaciones de aguacate, caucho, caña de azúcar y plátano.
En materia de seguridad las tasas dejan ver también un ambiente con una clara mejora, en 2017 y 2018 no se presentaron ataques terroristas, muertes en masacres o en operaciones militares ni secuestros extorsivos y las cifras cuentan un total de 53 muertes en 2018 a causa de homicidios común provocados por riñas e intolerancia (Mindefensa, 2019).
Dicho lo anterior, es importante destacar que estos resultados no son producto del azar, por el contrario, son el reflejo contundente de combinar una institucionalidad fuerte, un ambiente menos hostil y a la inclusión de una población comprometida y entusiasmada. En este sentido la gobernación de Caldas ha realizado un exhaustivo trabajo en pro de unificar e incluir los territorios en un solo objetivo, generando políticas públicas de sustitución voluntaria de cultivos que no dejan en el limbo a los agricultores una vez erradican las siembras ilegales y llevando la mano dura de la sustitución obligatoria en los pocos casos en los que tenía que hacerlo.
Dentro de su política se destaca que se logró limpiar el territorio de cultivos ilegales mediante la erradicación manual, dejando claro que es posible combatir la expansión de siembra de coca sin el uso del glifosato que tanto daño ha generado a la salud de los campesinos colombianos y en la calidad de los suelos y cosechas, sin mencionar los sobrecostos que produce esta práctica (cerca de 210 millones de pesos por hectárea), sin que genere un efecto contundente en esta lucha perdida contra las drogas.
La influencia que tuvo la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc colmaron de esperanza los habitantes de esta zona del país, y este entusiasmo fue bien canalizado por la gobernación, alcaldías y demás instituciones que crearon una ruta de trabajo conjunta, aun sin recibir todos los recursos a los que eran beneficiarios dentro de lo pactado en la Habana, al parecer la violencia vivida en el departamento no le alcanzó para ser reconocido dentro de los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), aun así, y pese a los obstáculos, tienen toda la capacidad y experiencia para pararse frente a un país a mostrar sus exitosos resultados.
Con este ejemplo, no queda más que esperar de corazón que el gobierno nacional se dé cuenta de que sí es posible y de que la fórmula está en expandir la presencia institucional a todo el territorio nacional, liderando un proyecto que desarrolle alternativas y políticas que penetren a cada una de las regiones, sin que las condiciones propias de cada uno de estos genere resistencia. También, que acepte la ayuda de ONG y organizaciones multilaterales que conocen más del territorio, y que le abra un espacio significativo a las comunidades para que se empiece a construir desde abajo, pero pensando siempre en la solidez en el largo plazo, pero sobre todo, en la vida y en la paz.
