Los fallos y decisiones de las altas cortes proferidas en los últimos quince días nos deben llevar a los colombianos sin distingo político, cultural, religioso, de raza y demás a un profundo y debido análisis de hacia dónde nos quieren conducir estos altos tribunales que ya no son catalogados como defensores de la Constitución Colombiana.
Unas cortes deslegitimadas hace mucho tiempo. Primero por los casos de corrupción que el país conoció por cuenta del cartel de la toga, que a propósito sus investigaciones no avanzan, y ahora por los fallos incoherentes y faltos de cualquier sentido común con la realidad del país; que hacen pensar que éstas estarían altamente permeadas por grupos guerrilleros y el narcotráfico, y que no representan la seguridad y estabilidad jurídica y constitucional que el país necesita.
Dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, emitidas a finales de mayo y los primeros días de junio, que podemos poner en la balanza del análisis son: “Corte ordena libertad inmediata de Jesús Santrich”, exmiembro de las Farc, organización responsable de más de 200 mil asesinatos, miles de secuestros, extorsiones, violaciones y atentados terroristas, más de 4 millones de desplazados y él envió de cocaína a los EE. UU., también pedido en extradición por supuestos delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz, por una parte. Y por la otra, “Corte condena a 90 meses de cárcel (7,5 años) de prisión al gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez”, exalcalde de Florencia, con más de 100 obras, que la comunidad le reconoce; exrepresentante a la Cámara, con una amplía gestión a favor de los caqueteños; exgobernador, reconocido por la mayoría de ciudadanos como el mejor gobernante de los últimos 20 años del departamento. Según algunos analistas y ciudadanos del común, para la Corte pesó más los supuestos nexos con parapolítica que le investigan a Álvaro Pacheco, que los supuestos delitos de narcotráfico que pesan sobre Jesús Santrich, sin contar los delitos cometidos en su militancia subversiva.
También hay dos sentencias de la Corte Constitucional, cuyas consecuencias y alcances en la vida de los colombianos sería importante examinar:
1. “Corte Constitucional niega objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz”. Las objeciones buscaban una reparación material con los bienes y activos de las Farc que satisfaga a las víctimas; evitar colados en el proceso de paz; evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas; garantizar que el estado pueda investigar los delitos de lesa humanidad; evitar impunidad a cambio de supuesta verdad, entre otras.
2. “La Corte Constitucional tumbó dos normas del Código de Policía (el artículo 33 y el 140) que prohibían consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público y en parques”. Esta última decisión ha levantado el rechazo total de la mayoría de ciudadanos que ven con preocupación que la corte le preocupa más los derechos de los consumidores de alucinógenos que los de jóvenes y niños que cada día están más expuestos a la drogadicción por cuenta de las mafias del país.
Millones de colombianos, en las calles y redes sociales, han mostrado su descontento con estas sentencias emitidas por las altas cortes, e instan al presidente Duque para que impulse y saque adelante su iniciativa política de acabar con tantas cortes y dejar una sola. “Acabar con este refugio de corruptos e insensatos y pensar en el país, que lo eligió para enderezar el presente y futuro de nuestra bella, próspera y libre nación”, argumentó un ciudadano de Florencia, Caquetá.
Analistas y ciudadanos coinciden en afirmar que las cortes ya no son garantía jurídica ni constitucional para la mayoría de colombianos, porque al parecer, según sus últimas sentencias, sus fallos no serían en derecho sino políticos, de acuerdo con las inclinaciones ideológicas y políticas de la mayoría de magistrados que las integran.
