La mayoría de la nación está indignada por la posesión del narcotraficante Santrich en la Cámara de Representantes. Con razón, pues resulta inaudito que un delincuente se siente en una de las sillas de esa corporación. No importa que la ley consagre el debido proceso y la presunción de inocencia mientras dura la investigación, pues un video de un infiltrado de la DEA revela el negocio de este sujeto para mandar cocaína a EE. UU.
A toda costa hay que defender la moral pública. Por eso nombramos al corrupto exprocurador Ordóñez en la OEA, antaño pedagogo que obraba con la quema de libros; logramos por omisión o negligencia que fracasara en el Congreso el resultado de la consulta ciudadana sobre anticorrupción, y habilitamos políticamente al ministro que se lucró con los bonos de agua.
La moral es la égida de la vida pública y el Centro Democrático ha sabido protegerla, siguiendo la impoluta acción del presidente eterno. A este héroe —comparable con Bolívar— lo investiga la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos en el caso de las investigaciones que osó hacer Iván Cepeda, pues este senador de la extrema izquierda supuestamente estaba manipulando testigos en la cárceles, ¡para perjudicarlo a él! Por eso este lo demandó ante la corte, pero luego le salió el tiro por la culata.
Recién se dio su llamado a indagatoria, el Patricio pensó en renunciar al Congreso, pues su moral se lo dictaba, pero luego se arrepintió y hoy sigue iluminando la vida nacional desde esa corporación. En su momento el hoy presidente declaró en la televisión que creía en su inocencia. A pesar de que, igual que en caso de Santrich, ya existen evidencias de dicha manipulación de testigos, filtradas a la ciudadanía. Pero de la inocencia de Uribe nadie duda. No es posible que este hombre delinca. Él está por encima de la ley. A pesar de que lo asedian con cientos de investigaciones sobre su inmaculada vida pasada, como ganadero, gobernador o presidente.
Recientemente, bajo el retorno fantasmal de los mal llamados “falsos positivos”, cernido sobre Nicacio Martínez, afirmó Uribe que bajo su mandato nunca se dio una orden para motivar ejecuciones extrajudiciales. Eso será más bien un invento de la oposición. ¿Los litros de sangre que pedía el general Montoya serían otro invento de la oposición? Entonces, nunca hubo una directiva de aquel talante, como reveló —¿maliciosamente?— Semana en su momento, o como mentirosamente escribió el periodista Felipe Zuleta sobre tal orientación presidencial, y bajo el ministerio de Camilo Ospina (Resolución 29 de diciembre 17 de 2005).
La moral cristiana prohíbe mentir y dar falsos testimonios. Pero eso sí, la ley está politizada contra nosotros cuando dicta un veredicto sobre Agro Ingreso Seguro, sobre la Yidispolítica, o sobre el paramilitarismo de mi primo Mario; en consecuencia, espiamos ilegalmente a la corte con grabadoras que manipulaba la mujer de los tintos en su recinto. Y hablamos con el hampa (paramilitar Tasmania) para que nos ayudara a falsificar, ¡otra vez!, un testimonio contra ese tal magistrado Iván Velásquez.
Sin embargo, la ley es acertada cuando actúa contra los enemigos tradicionales de la patria. Además, Palomita tiene razón, todos los gobiernos espían, y eso no es malo, finalmente implica la sagrada seguridad del Estado, en nuestras manos. Al mejor estilo del viejo fascismo o del castrochavismo, habría que cooptar el poder judicial desde el ejecutivo, según nuestras conveniencias caudillistas. Para la muestra un botón: en los tiempos de ahora, la ley se está torciendo mucho por culpa de Santos y ese proceso de paz que creó el engendro de la JEP.
¡Acabemos con ese tribunal creado a la medida de las Farc! La JEF, así decía irónicamente el hoy presidente Duque. Con todo ello polarizamos aún más al país, pues eso nos da réditos políticos. Necesitamos que el enemigo siga existiendo, o su fantasma, para perseverar en nuestro poder. Amanecerá y veremos sobre el caso Santrich o el caso Uribe.
