El pasado 27 de mayo se cumplieron 55 años del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc), organización guerrillera colombiana integrada por un pequeño grupo de hombres y mujeres que, ante la injusta, abusiva y criminal política del gobierno conservador de Guillermo León Valencia, tomaron las armas para defender sus pequeñas parcelas, en intricadas zonas de los departamentos del Tolima, Cauca y Huila y el Caquetá
Territorios que se hicieron famosos y blanco de la oligarquía colombiana cuando el senador Álvaro Gómez Hurtado, en noviembre de 1961 en las sesiones del Congreso, denunció la existencia de unas “repúblicas independientes” que según este dirigente conservador amenazaban la seguridad nacional.
Gómez Hurtado se refería a los poblados de Sumapaz, Planadas, Río Chiquito, Guayabero y Marquetalia, entre otros. Fue esta denuncia la que llevó al gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, a diseñar una operación militar contra los territorios donde los campesinos se habían organizado como autodefensas frente a los abusos de la oligarquía agraria apoyada por el gobierno.
Marquetalia fue el primer blanco de las fuerzas militares colombianas, con un fuerte apoyo de las fuerzas y oficialidad de Estados Unidos. Tomó el nombre de Operación Soberanía o Plan Laso (Latin America Security Operation), la cual comenzó el 18 de mayo de 1964. El primer enfrentamiento se produjo en un lugar conocido como La Floresta el 27 de mayo, fecha que fue tomada por el pequeño destacamento como el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc).
El destacamento fue liderado por Pedro Antonio Marín, quien después tomaría el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje al líder sindicalista y comunista asesinado en 1950 bajo la dictadura de Laureano Gómez por efectivos del Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC) en Bogotá.
A partir del combate en La Floresta, los integrantes de este destacamento, integrado por campesinos, decidieron evacuar sus familias y presentarle combate a las fuerzas militares, que dirigidas por el coronel José Joaquín Matallana solo pudieron llegar al poblado el 14 de junio, casi 20 días después del combate del 27 de mayo. Las tropas gubernamentales solo encontraron cenizas pues lo pobladores prefirieron incendiar sus viviendas, irse al monte e incorporarse a la lucha antes que entregarse.
Bajo el concepto de la unidad, levantado no solo por Manuel Marulanda sino también por los fundadores de ese movimiento como lo fueron Isaías Pardo, Isauro Yosa, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas y Hernando González (todos de filiación comunista), se decidió hacer la guerra de guerrilla y convertirse en un movimiento armado para la conquista del poder y llevar a cabo una revolución de carácter nacional liberadora. Aunque eran apenas 48 hombres y mujeres, no fueron derrotados por una fuerzas de 16,000 hombres, asesorados por altos oficiales estadounidenses.
Solo la unidad, planteaba Marulanda, sería la que permitiría un triunfo popular que revolucionara a la sociedad colombiana: eliminando la exclusión, erradicando la pobreza, edificando una sociedad basada en la justicia social, donde todos los colombianos y colombianas tuvieran acceso a la salud, la educación, la cultura el deporte y una vida digna. Ese siempre será el objetivo de las Farc y así siempre debe ser. Eso fue lo que dijo en Villa Nora, municipio de San Vicente del Caguán, el 8 de enero de 1999, cuando se reunió con los delegados extranjeros que habían asistido a la inauguración de los diálogos de paz con el gobierno conservador de Andrés Pastrana.
En esa ocasión añadió: “Nos preocupa que mientras el gobierno habla de un proceso de paz con nosotros, a su vez firman acuerdos militares con Estados Unidos. ¿Qué paz es la que quieren? Que no piensen que vamos a una mesa de diálogo, firmamos unos acuerdos y nos van a querer desarmar, eso jamás lo hará nuestra guerrilla. Demorará mucho tiempo la entrega de las armas, no sin que antes se cumplan los acuerdos y especialmente la reforma agraria integral”.
Agregó que tampoco concentraría sus fuerzas: “la desmovilización y la entrega de armas sería gradual y en proporciones limitadas". De hecho, dijo que la garantía del cumplimiento de los acuerdos estaría dada al no desarmarse.
Así mismo, hizo énfasis en la unidad interna de las Farc, señalando que “era un principio y base fundamental de la fortaleza político-militar que ellos han alcanzado, que ninguno de sus mandos puede llevarse por discursos dulzones que vienen del gobierno y de una oligarquía que ha demostrado sus posiciones traidoras, como lo fue con el asesinato del jefe de las guerrillas liberales, Guadalupe Salcedo, luego de entregar las armas en la década del 50, o con la Unión Patriótica en la década del 80 y cuando nos bombardearon en Casa Verde, cuando se nos quiso comprar con unas pocas curules en el Congreso y nos negamos, en el gobierno de César Gaviria”.
Respondiendo a la pregunta de si estimaba posible lograr la paz, Marulanda afirmó: que ellos están por la paz, pero no a cualquier precio; que la paz tiene que lograrse para que se solucionen los graves problemas estructurales del país; que se debe cambiar el modelo económico neoliberal y cesar la entrega al capital extranjero en detrimento del capital nacional; que si bien ellos son una organización de filiación comunista y saben que no alcanzarán una revolución socialista por ahora, sí pueden lograr cambios (en lo económico-social, fortalecer al país y no entregarlo al capital extranjero y en lo político hacer que se respete a los opositores y no que se les asesine, como ha venido haciendo la oligarquía, usando a los paramilitares).
Cabe decir que antes de su asesinato, el comandante en jefe de las Farc, Alfonso Cano, en una charla con integrantes de un frente guerrillero cuando se hablaba de las posibilidades de iniciar conversaciones de paz con el gobierno, expresó: hay que tomar en cuenta que desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.
En el actual escenario y con un proceso de paz en curso, luego de la firma en Bogotá de los acuerdos de La Habana el pasado 24 de noviembre del 2016, la implementación de los mismos se ha visto obstaculizada por el gobierno del Centro Democrático y de otros poderes del Estado. Hay temas vitales no resueltos como el económico, especialmente lo relacionado con la tierra. Tampoco se ha cumplido el acuerdo de la amnistía aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional. Y ni hablar de los cultivos ilícitos, que lejos de ser eliminados con firmeza, han crecido a niveles altísimos (un asunto fuertemente criticado al presidente Iván Duque por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump).
A todo eso hay que sumarle que se continúan asesinando exguerrilleros y líderes sociales, y que se ha tratado de boicotear la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) desde el Palacio de Nariño y la Fiscalía General de la República, como se apreció en el caso del excomandante Jesús Santrich. El tema de las víctimas ha sido relegado, lo que indica que no existe voluntad política en el actual gobierno de realmente trabajar por la paz. Nada de lo arriba mencionado es falso y está más que conocido y verificado en los 10 meses del gobierno del Centro Democrático, organización que siendo justos hay que decir que siempre estuvieron y están en contra de la paz, con el contradictorio argumento de no a la impunidad, impunidad que no puede ser atribuida a las fuerzas insurrectas porque se están sometiendo a la JEP, no así los máximos responsables del terrorismo de Estado que impera en Colombia y que acaba de denunciar el diario New York Times.
Es por eso que hoy mas que nunca los sectores democráticos, progresistas, amantes de la paz y la izquierda colombiana tienen que unir sus fuerzas en reclamar lo que significa el punto medular y estratégico para Colombia hoy: la paz, la reconciliación y la no repetición.
Hay que dejar atrás las reservas y prejuicios personales y no anteponerlos a lo estratégico. Eso es lo que debe ocupar la agenda de los revolucionarios en defensa de los acuerdos de paz. Pero eso no es todo. También hay que denunciar las trampas y estrategias de sus enemigos como el montaje en el caso de Santrich, con el fin perverso de destruir el proceso de paz. Este es un deber y no un llamado a volver a la guerra. No se puede ser ingenuo y el hecho de ser autocrítico es la forma más honesta y valiente de defender la verdadera paz que requiere Colombia.
