Una aclaración: soy hermano de Felipe López pero no soy periodista ni tengo vínculo de ninguna naturaleza con la revista o la empresa Semana. Me considero un analista de los hechos noticiosos que aparecen en los medios masivos de comunicación. Por eso comento sobre el debate suscitado alrededor del despido de Daniel Coronell de esa publicación.
El comandante del ejército produce una orden que en la práctica repite el mismo error que acabó en los ‘falsos positivos’.
La denuncia en un periódico extranjero (New York Times) genera la reacción del gobierno: lo niega; se contradice; se convierte en relación oficial de gobierno a periodista; reversa la directriz; involucra el presidente y los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores; termina presentándose a rendir cuentas al Comité Editorial de esa publicación.
En Colombia la estrella del periodismo local, Daniel Coronell denuncia que el medio en el cual escribe tenia esa información pero se había abstenido de publicarla. Exige que se den explicaciones; afirma que esto habría sido por “conveniencia política”; que no es suficiente la respuesta del director (Alejandro Santos) aclarando que la trayectoria de la revista con la crítica e independencia mostrada ante el Gobierno y ante las Fuerzas Militares no permiten tal suposición y que la demora fue justificada porque el tema ameritaba más información contextual (existían la muerte de los líderes sociales; el cuestionamiento a doce generales; las actitudes del poder civil en cabeza del ministro de Defensas; la relación con los EE. UU.
Se produce el despido de Daniel Coronell de la revista Semana y pierden relevancia la coincidencia del contenido de esa directriz con lo más cuestionado de la historia de Colombia; también con que la produce un gobierno que en la práctica es el heredero del responsable de aquello; también la investigación iniciada por el procurador contra quien la emitió. Igual se deja de lado lo vergonzoso del comportamiento oficial ante lo que no es más que un diario extranjero.
El pais noticioso se sumerge en un debate alrededor ajeno a esos temas y el interés publico es trasladado a la salida del periodista.
Pero se abre una inquietud de fondo.. A saber: ¿cuál es la ubicación, las responsabilidades y derechos de los medios y de los ‘comunicadores’ ante la comunidad.
Por la importancia que iban adquiriendo en el manejo de la Sociedad y del Estado, se reconoce que ya no son el ‘cuarto poder’ sino el primero, y como tal los más influyentes en el rumbo que toman los países.
Como sector empresarial y como actividad profesional, su objetivo natural y su éxito dependen de conseguir audiencia. Esa es su razón de ser, aunque el camino escogido (que más tiene de fachada) puede ser el trasmitir información a la ciudadanía. Otro objetivo -entendiendo que son un poder- es defender sus propios intereses o convicciones, lo cual es totalmente lógico y legítimo. Lo que no es exacto es que, ya sea como empresa o como profesión, argumenten que son unos apóstoles que piensan prioritariamente en el interés general.
Entre nosotros se han exacerbado otros de los caminos para conseguir audiencia: de una parte la polarización -la cual coincide y además se retroalimenta en un círculo perverso con la defensa de posiciones políticas-; y de otra parte la truculencia, la búsqueda del escándalo y de las presentaciones que muevan las emociones y no la racionalidad.
Semana como empresa periodística no cae en esa segunda característica y dentro del escenario de los medios era uno de los que menos había caído en lo primero. En buena parte debido a que sus columnistas habían hecho carrera por fuera de esos caminos.
Dentro de este marco general el caso Coronell puede tener varias consideraciones.
El debate no es sobre libertad de opinión, ni ‘libertad de prensa’
es si una empresa está obligada a mantener un funcionario
que la acusa de actuar indebidamente;
y amenaza seguir haciéndolo si no se somete a sus indicaciones
Por un lado es un hecho que Coronell había desviado sus habilidades como investigador y su posición como primer comunicador a seguir sus obsesiones personales (caso Álvaro Uribe, Néstor Humberto Martinez, etc.). Estaba hasta cierto punto por eso perdiendo lectores su columna, y neutralidad la publicación.
Como jugada empresarial la entrada de Vicky Dávila había sido llevar a quien dentro de la modalidad de periodismo colombiano arriba citado es la ‘más periodista’.
Al mismo tiempo con el ingreso de nuevos socios y dentro de la crisis económica que sufren todos los medios (especialmente los impresos) esa jugada implicaba un recorte del gasto en algún otro columnista.
Coronell puso sobre el tapete la credibilidad de la publicación e insinuó que había más asuntos pendientes que la revista ocultaba (“los que ya se conocían y algunos más”).
Semana tenía justificaciones y motivos para considerar su despido y optó por ello.
El debate no es alrededor de que un poder político, económico, o de intereses determInados hubiera impuesto esa decisión; tanto la revista como sus columnistas son reconocidos por no tener ninguna dependencia, ni vínculo, ni sumisión con ningún interés que les imponga alguna alineación. No tiene nada que ver con la libertad de expresión o de opinión, ni siquiera con la ‘libertad de prensa’, sino con si una empresa está obligada a mantener un funcionario que la acusa de actuar indebidamente; y amenaza con seguir haciéndolo si no se somete a sus indicaciones.
Teniendo en cuenta la ‘arrodillada’ del gobierno ante el New York Times, y la actitud de quienes se ofenden por la expulsión de Coronell, la conclusión es que el periodismo como si fuera la representación de un valor superior (como lo fueron los curas respecto a la religión) se volvieron una casta de intocables.
P.D. Continuando el debate, Coronell plantea a través del New York Times que “el periodismo debe ser un contrapoder de todos los poderes, incluyendo el de los medios”. Esa es su opinión y respuesta a la pregunta grande: ¿Cuál es la función y la responsabilidad de los medios? Es una posición personal, que incluye buena dosis de arrogancia. Pero el punto es que, si fuera correcta, debería ser reconocida, formar parte de la institucionalidad y debería ser reglamentada para que fueran claros tanto los derechos especiales de los cuales gozarían, como las limitaciones a las cuales se encontrarían sometidos.
