La Contraloría General de la República se ha convertido en uno de los entes de control más controvertidos en la actualidad nacional, con Sandra Morelli en cabeza desde 2010, se han llevado a cabo maniobras financieras y de tipo político, arriesgadas y criticables. Que para la opinión pública han acabado con la imagen del máximo ente de control fiscal.
Sandra Morelli llegó a la candidatura por la Contraloría como la cuota del Consejo de Estado, un grupo cerrado de juristas que ha alcanzado un nivel de poder inexpugnable al interior de la rama judicial, configurando lo que Ramiro Bejarano describe como un: “nuevo partido que no tiene personería jurídica, pero que controla la más grande torta burocrática”.
Este grupo de trabajadores de la rama judicial no ha encontrado obstáculo para sus objetivos y ya tiene listo a Jorge Luis Quiroz para ocupar la plaza que Morelli abandonará próximamente, pero su poder va más allá. La Contralora actual fue elegida de una manera “anormal”, esto se dio porque a pesar que 222 votos a favor la ratificaron para el cargo, la elección se llevó a cabo de forma pública, grave error por tratarse de un ente que debe regular a los funcionarios públicos.
La ley 5ª fue vulnerada sin detenimiento, más exactamente en su artículo 131 que señala claramente que la elección del Contralor debe ser privada, aunque este inconveniente no representó un obstáculo para la carrera en ascenso de esta figura pública, que no solo desvela a quienes decide investigar sino también a sus vecinos, con el ruido constante que hacen sus mascotas.
Pero su labor no ha dejado de ser polémica, tras un par de investigaciones exitosas Morelli se convirtió en una figura de reconocimiento nacional, que opina y se pronuncia frente a diferentes temas y que además tiene una alianza inocultable con Ruth Marina Díaz, Pedro Munar y Francisco Javier Ricaurte para mantener una corriente de ideas y un grupo cuasi político en cabeza de los entes de control.
Pero el simple clientelismo al interior de la rama judicial no es su único pecado, en fechas recientes se han dado a conocer diferentes casos de investigaciones y críticas acerca de la contratación y gastos que ha hecho el ente de control fiscal durante su mandato.
Lo más sonado fue el escandaloso arriendo de 35 millones de dólares que decidió pagar Morelli por tener acceso a la comodidad de unas oficinas en el sector de Salitre, reconocido por ser el de mayor desarrollo urbanístico en la capital del país. Aunque es cierto que las tradicionales oficinas de la Contraloría presentan varias insuficiencias, no lo es que sea estrictamente necesario presionar por un gasto de 60.300 millones de pesos tomados del erario público, más aún cuando la Contraloría es una entidad que tradicionalmente ha operado en su propia sede sin ningún gasto mayor que la manutención del inmueble.
Pero las cosas no se quedan ahí, además de unas instalaciones de lujo, Morelli también se dedica a hacer contrataciones de lujo. Hace algunos días las altas Cortes le impidieron continuar con sus extrañas modalidades de contratación, ya que iba a destinar 6.000 millones de pesos en 5 contratos, uno de ellos con una empresa española que se había visto envuelta en el pasado en casos de espionaje a políticos, una contratación no muy bien recibida en un país de tantas “chuzadas”.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Magistrado de la Corte Constitucional a través de una demanda, logró evitar que la Contralora nombrara “a dedo” a los directivos y mandos medios del ente fiscal, invalidando el artículo 128 de la ley 1474, lo que suma una frustración más para los propósitos de Morelli.
Y como si no fuera poco, la Auditora General Laura Marulanda adelanta una investigación a la Contralora General por la compra de inmuebles destinados a albergar contralorías regionales con un presupuesto destinado de 13 mil millones de pesos, investigación que va acompañada de la mencionada anteriormente: El arriendo de 60.000 millones de pesos. Se podría decir que de los arriendos más altos que paga el Estado en Bogotá, aunque irónicamente sea para la entidad que se debe encargar de cuidar el bolsillo de los colombianos.
La situación es compleja, Sandra Morelli ha alcanzado un poder innegable que se encuentra respaldado por un grupo de juristas enquistado en las altas cortes y el corazón del poder judicial. Además se trata de la no despreciable suma de cerca de 80.000 millones de pesos, que podría salir del bolsillo de los colombianos para financiar sedes de lujo y contrataciones multimillonarias.
