A propósito del proyecto de la reciente ordenanza No. 17 de la Asamblea Departamental de Antioquia, el cual pretende crear una política antienvejecimiento, es necesario poner sobre la mesa algunas ideas acerca de la estrecha relación entre la fuerza que tiene el lenguaje y los compromisos que emanan en toda declaración de carácter político.
Primero, la política está hecha de lenguaje. Esta no es una expresión retórica, sino que, efectivamente, la institución política no es otra cosa que el ejercicio de actos de habla tales como las promesas, órdenes y declaraciones llevados a cabo por funcionarios, es decir, empleados públicos que tienen unas funciones al interior de la sociedad. Dichas funciones han sido asignadas a través de actos declarativos, tales como las firmas con las que quedan posesionados en su cargo las personas que elegimos. Esto quiere decir que hemos confiado en ellos para ejercer cargos representativos y que por lo mismo nos han convencido de su idoneidad.
Ahora bien, basta que miremos el texto del proyecto de ordenanza de la Asamblea Departamental para que evaluemos una parte de la idoneidad de nuestros representantes políticos. El hecho de que algunos personajes bíblicos hayan vivido entre 350 y casi 1000 años es la primera de las razones que justifica, según la honorable asamblea, una política pública para el mejoramiento de la calidad de vida. Los estudios bíblicos y teológicos brindan explicaciones amplias acerca de la intención de la Biblia al asignar longevidad a estos personajes, los cuales hacen parte de géneros literarios e intentan ser ejemplarizantes, por supuesto, para el creyente. En realidad, no tiene nada de malo hablar acerca de “personajes de ficción” y de los hechos –igualmente ficticios– vividos por ellos. Sin embargo, no podemos olvidar que estos hechos no son históricos y que, pese a que cualquier lector competente comprende lo que narra la mitología, precisamente por ser competente, no le asignaría un valor de verdad (verdadero o falso) a estos hechos. En otras palabras, es absurdo preguntarse si Noé existió o si el diluvio pasó realmente y lo es más fundar una política pública a partir de dichos ejemplos. ¡Por el Dios de Adán, Noé y Matusalén! Algo raro —o nada— está pasando por la cabeza de nuestros dirigentes.
Lo que sí reviste un alto grado de gravedad es sustentar una política pública en textos bíblicos. Sin lugar a dudas, esto muestra que nuestros gobernantes tienen un sesgo conservador y religioso y que anteponen un libro propio y exclusivo del contexto religioso a la Constitución Política. Pero, más allá de eso, sustentar el proyecto de ordenanza en personajes bíblicos es equivalente a fundamentar un proyecto de ley para proteger a los caballos basados en la amistad entre Pegaso y Zeus, o una ley para condecorar los perros antinarcóticos con base en lo bien que custodia Cancerberos las puertas del Hades o si se quiere, para nuestro asunto, fundamentar la longevidad a partir del ejemplo de vida de Amparo Grisales. En resumen, un total absurdo y que raya con lo risible.
El texto no estaría tan mal si se tratara de una política pública para el fomento de la literatura. No obstante, como si no fuera suficiente, los autores del proyecto continúan justificando, no solo la búsqueda de la extensión de la vida a través de pócimas —nunca habíamos leído algo con mayor contenido científico—, sino la búsqueda de la inmortalidad —sí, la eliminación de la muerte— como algo posible. La primera página del proyecto parece, en sí mismo, un texto de ficción. En efecto, el mejoramiento de las condiciones de vida con la ayuda de la ciencia y la tecnología —más allá del valor simbólico de la alimentación, como subraya el texto del proyecto— es un objetivo ineludible. Sin embargo, ni considerar el envejecimiento como una enfermedad, ni las investigaciones de Google para extender la vida indefinidamente, ni la fantasía de que no existe límite biológico para la vida, son razones válidas para justificar las acciones de la administración departamental de Antioquia al respecto de la salud y la calidad de vida en general.
La capacidad lingüística de quien profiere cualquier expresión lingüística se mide por la calidad de las razones por las cuales dice lo que dice y por el grado de compromiso con dichas razones. Es el juego de dar y pedir razones, ganando el mejor argumento. Es decir, un ciudadano competente se compromete obligatoriamente con lo que dice. Dado esto, cabe dudar de la competencia de nuestros gobernantes, pues si la habilidad de dar y pedir razones es condición necesaria para la formación de cualquier ciudadano, aun más para quienes tienen la función de cambiar las condiciones de vida de la población a través de la realización de sentencias, planes de gobierno, y políticas públicas, entre otros. Con miras a las elecciones de este año nos preguntamos: ¿queremos seguir eligiendo gobernantes que no distinguen entre la realidad y la ficción?, ¿estamos dispuestos a seguir teniendo en alcaldía, gobernación, concejo y asamblea a individuos incapaces de sustentar sus declaraciones en textos de probada cientificidad?, ¿es posible seguir confiando en gobernantes que otorgan a Maluma el Escudo del departamento en categoría oro, la máxima distinción de la gobernación, demostrando que no tienen conocimiento de quiénes son los poetas antioqueños y que no tienen la capacidad de diferenciar entre quién es un poeta y quién no lo es?
El hecho de que se haya firmado el proyecto no solo muestra una falta de competencia de los diputados, sino de quienes son contratados para redactar los textos oficiales de la institución. Y es que parte de hacer promesas bien hechas, como advierte Searle —no solo en términos morales, sino por competencia lingüística básica— tiene que ver con prometer algo que se pueda cumplir, pero, como suele pasar, quienes buscan ejercer el poder político prometen cosas que no pueden cumplir; en este caso, que extenderán la vida ilimitadamente. De ahí que el eslogan de Antioquia supera, con esta política pública, la misma realidad. Ahora sí podemos decir que ¡Antioquia piensa en grande!
