El entierro de tercera que sufrió la reforma política, (que ha pasado inadvertido ante el affaire Santrich) cuando fue evidente para el Gobierno Nacional que el tema de la lista cerrada no iba a prosperar, fue una lección más de cómo la ley debe responder a las realidades políticas y no al contrario. O para decirlo de una manera más elegante, se hubieran necesitado partidos políticos organizados para que tuviera sentido una ley que establece que los partidos deben presentar listas cerradas a las elecciones públicas. Como esos partidos organizados no existen, esa ley no tenía ningún sentido. Silogismo de primero de filosofía.
Con más veras puesto que la posibilidad de presentar listas cerradas ya existe en la legislación vigente y sólo han acudido a ella con éxito dos grupos políticos nuevos que son una minoría en términos parlamentarios y más que organización tienen caudillos cuya decisión de establecer el orden de la lista es inapelable: el Centro Democrático, que usó el sistema en su primera elección parlamentaria pero no en la segunda y el Mira, que es un partido confesional, que como el Centro Democrático también recibe órdenes del Altísimo. Y pare de contar.
En cambio, el resto del espectro político acude al voto preferente, que algo bueno ha de tener si se usa tanto. Y esa bondad consiste en que es un sistema que garantiza mucho más la representatividad de los partidos en las regiones, donde los dirigentes hacen valer sus votos. Es para decirlo claramente, a pesar de los pesares, un sistema mucho más democrático. Dada la actual dispersión de los partidos, la falta de disciplina partidista, la caducidad de las ideologías cambiadas por agendas pragmáticas, la propia organización del Congreso de la República y la dinámica independiente del poder presidencial, tiene mucho más sentido que los parlamentarios sean elegidos con sus propios votos, sean conocidos en sus regiones, con agendas regionales y que negocien su participación en la agenda nacional.
Esa es la realidad política, independientemente del juicio moral de si es un sistema que alienta la corrupción y atomiza los partidos. Para cambiarla hay que fortalecer las organizaciones partidistas, tener unas jerarquías colegiadas acatadas, hace valer los liderazgos políticos internos, tener estructuras nacionales, impulsar las carreras de los jóvenes, tener una agenda nacional identificable; en fin, todo lo que los partidos políticos de Colombia no tienen hoy en día. Una ley que ordene que de ahora en adelante todo eso exista y se produzcan listas únicas, es ensillar antes de traer las bestias. Tiene entonces sentido que el Gobierno haya enterrado la reforma política, pero hubiera tenido más sentido que no se hubiera embarcado en semejante misión imposible.
A grandes males, que son la rampante corrupción, el clientelismo,
la compra de votos parlamentarios por puestos y contratos, grandes remedios:
el cambio del régimen actual por un régimen semiparlamentario a la francesa
¿Cómo garantizar desde la legislación una modernización de la política? A grandes males, que son la rampante corrupción, el clientelismo, la compra de votos parlamentarios por puestos y contratos, la política al menudeo, grandes remedios: el cambio del régimen político actual, que no tiene futuro, que se cae a pedazos, que esta corrompido hasta la médula, por un régimen semiparlamentario a la francesa, cuya base es el liderazgo regional y la organización partidista jerarquizada, combinada con el poder presidencial en materias que están por encima de la política cotidiana como las relaciones internacionales, la seguridad interior o la finanzas públicas. El Presidente elegido popularmente designa al Primer Ministro y al Gabinete, que solo puede ser cambiado por una moción de censura del Parlamento. El Presidente pude disolver el Parlamento y barajar de nuevo si es del caso.
Es un sistema que más que una separación de poderes crea un equilibrio entre ellos. Valoriza a la vez al Parlamento y al poder presidencial, pero sobre todo obliga a los partidos políticos a organizarse para hacer valer sus fuerzas en las coaliciones parlamentarias. Si el partido del Presidente es mayoritario, el accionar del Gobierno es miel sobre hojuelas, y si no, está obligado a formar una coalición que garantice su gobernabilidad.
La idea de hacer obligatorias las listas cerradas y acabar con el voto preferente, es una mala idea para el mundo multipartidista, disperso, indisciplinado, sin liderazgos nacionales en que vivimos. Estaba condenada al fracaso porque requería el visto bueno de quienes se sirven de ella para bien o para mal. Sin embargo, ese fracaso sirve para estrujarse un poco la imaginación y pensar qué reforma institucional puede llevar a una mejor organización partidista, a unas mejores relaciones del Presidente con el Congreso: el cambio de ese régimen presidencialista que hace agua, es una alternativa posible.
Es lastimoso que el affaire Santrich hubiera llevado a la dirigencia nacional a satanizar la idea de una Asamblea Constituyente que no tiene sentido convocar para modificar el acuerdo de paz y que es políticamente imposible para el gobierno Duque, porque no tiene el apoyo para hacerla. Pero es fundamental recuperar esa idea en su contexto correcto: algo que surja de la próxima campaña presidencial y reúna fuerzas políticas poderosas a su alrededor, para convertir en un propósito nacional la reforma de la política, cuyo lamentable estado actual es el origen de todos nuestros males.
