En un país con las fuerzas tectónicas y políticas en permanente en permanente ebullición, un nuevo sismo de alta intensidad acaba de remover la corteza terrestre acostumbrada a reasentarse como si nada hubiera pasado, después de cataclismos como la toma del Palacio de Justicia, y a los ocho días, la erupción del nevado del Ruiz y la destrucción de Armero por la avalancha subsiguiente.
La renuncia del fiscal Martínez se veía venir, después de su compromiso cada vez más evidente con el escándalo de Odebrecht, que en otros países ya ha enjuiciado y detenido a varios expresidentes, al representar a Corficolombiana, la compañía constructora del grupo Sarmiento Angulo, del que era su abogado estrella, en acciones relacionadas con la firma de contratos, cuando fue "superministro" del gobierno de Santos, y documentos atinentes a cubrir el pago de sobornos al viceministro de Obras y otros funcionarios encargados de adjudicar los contratos de Ruta del Sol 2.
La decisión de la JEP de liberar a Santrich y no autorizar su extradición, porque la justicia americana no presentó las pruebas contundentes que demostraran su participación en el tráfico de drogas (después si divulgó un comprometedor video por los medios de comunicación) fue el detonante de la actual crisis; pero no hay que olvidar que la decisión de la JEP en torno a Santrich, está sujeta a la apelación presentada por la Procuraduría General.
En el fondo, lo que está en juego es el desmonte de la JEP y de puntos esenciales del acuerdo de paz con las Farc, que promueven el Centro Democrático y sus aliados políticos y de gremios productivos, a los que no les convienen puntos relacionados, por ejemplo, con la confesión de su patrocinio a grupos paramilitares, que plantea la Jurisdicción Especial de Paz y en lo relacionado a la Reforma Agraria Integral y Restitución de Tierras a familias desplazadas por las Farc, pero también por las AUC, de los Castaño, Mancuso y Cia y de las cuales se apropiaron como “terceros compradores de buena fe”, según la senadora Cabal..
La economía ilegal, el contrabando y el narcotráfico han permeado a la sociedad colombiana desde hace décadas y tanto sus dirigentes políticos, empresarios, guerrillas, paramilitares, delincuencia común y amplios sectores de la población han convivido y se han aprovechado de ellas, pero a la tapada.
Desde los gobiernos de López Michelsen, en 1974 y de Turbay Ayala, en 1978, en medio de parrandas vallenatas, ya se denunciaban los coqueteos de altos funcionarios del Estado con el “hombre Marlboro”, que fue hasta senador, y otros contrabandistas de licores y mercancías, antes que se metieran con el narcotráfico.
Después que el gobierno de Nixon declaró la guerra contra el narcotráfico fuera de sus fronteras, el gobierno colombiano quedó comprometido en la tarea de persecución a rajatabla de este fenómeno, a pesar de los pobres resultados evidenciados al crecer y diversificarse la producción de sustancias psicoactivas (tradicionales y sintéticas) y sin considerar otras salidas como la legalización y uso recreativo de la marihuana que han adoptado varios países y cada vez más Estados de gringolandia.
La polémica calificación que hace décadas hizo un embajador norteamericano, de que “Colombia es una narco-democracia”, no deja de ser válida, si nos remontamos a los entrelazados vínculos y hasta participación directa que numerosos dirigentes políticos tuvieron con los "pioneros" de la "bonanza marimbera" exportando el apetecida "punto rojo" cultivado en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Cuando descubrieron que más rentable era la coca, los carteles se extendieron de la costa atlántica al resto del país y los cárteles de Medellín, de Cali fueron protagonistas cuando Pablo Escobar fue representante a la Cámara y financió a otros de sus compañeros congresistas, y además, antes había puesto a su servicio a entidades del gobierno, como la Aeronáutica Civil, de la que fue director Álvaro Uribe Vélez, cuando desde las pistas de la hacienda Nápoles y de Tranquilandia despegaban cargadas de coca rumbo al norte, las aeronaves a las que esa entidad les había concedido generosos permisos.
En los años 80 de los escándalos financieros de los grupos: Gran Colombiano de Jaime Michelsen Uribe, el Colombia de Félix Correa Maya, y la "quiebra" del Banco del Estado por parte de Mosquera Castro y otros, los bancos sin duda se vieron beneficiados de la avalancha de dólares urgidos de lavandería para entrar a la economía formal; y además de los pulpos financieros de exponencial crecimiento, surgieron como hongos muchas empresas y negocios de fachada, y en el Banco de la República además les abrieron la llamada “ventanilla siniestra” con el fin principal de santificar los dineros ilegales.
A los políticos, periodistas, policías, militares y funcionarios del Estado que se comprometieron en una guerra sin cuartel contra el narcotráfico y los "dineros calientes", los empapelaron, destituyeron o los mataron como les sucedió a Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano y Luis Carlos Galán.
Solo prosperaron los políticos que asumieron una posición "realista" ante el narcotráfico.
Desde entonces la relación de la política con la economía ilegal fue indisoluble y cuando Pablo Escobar se salió de madre, crearon a los famosos Pepes, el gobierno colombiano, el DAS y la DEA, quienes no dudaron en aliarse con el Cartel de Cali y Carlos Castaño para perseguirlo, y quienes también serían la semilla de las AUC, tan ligadas a Álvaro Uribe, desde que fue gobernador de Antioquia y los parapolíticos lo catapultaron a la presidencia en 2002.
Cuando subió Samper, con el proceso 8000, que involucró a numerosos congresistas y destapado a raíz de la financiación de su campaña a la presidencia con dineros del cártel de Cali, se desnudaron los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política y después que para financiarse las Farc y otras guerrillas decidieron incursionar en el negocio, la “narcodemocracia” quedó perfecta, pues los paramilitares ya habían entrado al negocio.
La JEP ha pretendido que se sinceren todos: políticos, empresarios y militares ligados a la violencia paramilitar y guerrillera y sus pasados vínculos disimulados con la economía ilegal.
Lo negativo es que algunos morrongos quieren autocalificarse como los “buenos” y lapidar de “malos” solo a los guerrilleros.
Por lo pronto esperemos la apelación de la Procuraduría sobre Santrich y si este al fin es extraditado, para que los norteamericanos le apliquen sus leyes con la vara aguijoneada con que midieron a Simón Trinidad, pues con la vara de gelatina están midiendo a los narcos y paramilitares extraditados y quienes después de pagar cortas condenas y entregar millones de dólares al tesoro norteamericano, tienen acceso hasta la ciudadana americana y disfrutar de los restos de sus fortunas broceándose en las playas y condominios de Miami.
