Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo (MCD), expresa públicamente su inconformidad frente a la limitación establecida por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) al prohibir la participación efectiva y un contacto directo con los privados de la libertad en los centros carcelarios y penitenciarios, actividades que cumple la ONG desde el año 2012.
“La Fundación Internacional Cárceles al Desnudo se reúne permanentemente con los internos en las cárceles, a través de diferentes líneas de trabajo, en el ámbito jurídico, psicosocial, en la que se realizan acompañamientos con la ayuda de brigadas psicológicas y sociales y cuando se conoce una irregularidad o cuando un interno en calidad de sindicado o condenado denuncia una violación a sus derechos humanos, inmediatamente la fundación presenta la denuncia ante las organismos de control (Procuraduría General, fiscalía y defensoría del Pueblo) de esta manera, se cumple con la finalidad de realizar veedurías al buen funcionamiento carcelario. Lo que deja en claro que la decisión del INPEC, al cerrar las puertas a la ONG MCD, está impidiendo que realicen estas actividades de carácter humanitario”, explica Esmeralda Echeverry.
Por lo tanto, Julián Molina, el cónsul jurídico de la fundación, llama la atención para que las autoridades competentes investiguen si se trata de represalias por las denuncias que se han presentado por irregularidades suscitadas al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional y que hasta la fecha no han determinado la responsabilidad de los señalados.
Casos denunciados
- Desde 2017 se hicieron denuncias contra funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento penitenciario y carcelario La Esperanza-Guaduas-Cundinamarca por abuso de sus facultades, sin pronunciamiento hasta el momento por parte de la oficina de control interno y disciplinario del INPEC.
- A propósito, la directora de la fundación, Esmeralda Echeverry resalta que también se apoyó a Alexander Montoya, exjefe de la oficina de control interno y disciplinario del INPEC, quien acudió a la fundación a solicitar apoyo para lograr asilo político en Canadá luego de ser amenazado por tramitar las denuncias presentadas por MCD. Hoy en día vive con la familia en el país canadiense.
- Igualmente, están debidamente soportadas las denuncias ante la reciente y cuestionada adjudicación de contratos para la alimentación de los centros penitenciarios por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) que obligó una exhaustiva revisión.
- Del mismo modo, una reciente denuncia en contra del traslado del capitán Álvarez como director a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, quien registra antecedentes y denuncias por maltrato psicológico y abuso de autoridad.
- Y no se pueden olvidar las denuncias hechas por las internas del patio 7 de la cárcel el Buen Pastor contra la directora Diana Muñoz del establecimiento, según las cuales la funcionaria les ha negado el contacto con los abogados de la fundación MCD, pese a su condición: una de ellas tiene nacionalidad venezolana y otra es hermana de un líder del Clan del Golfo que requiere especial protección. En este caso, según la afectada, la directora Diana Muñoz, le dice que de recibir a los abogados de la fundación la traslada de patio, lo que la deja en riesgo de seguridad y vulnera su derecho al acceso a la justicia y la defensa, dejando en evidencia una posible persecución por parte de la dirección del establecimiento contra el patio de reclusas extraditables.
