Oscar Orlando Garzón Vega desde joven se mentalizó con que su vida la iba a pasar entre juzgados y cortes. Una carrera que inició el 3 de enero de 1992, cuando asumió como escribiente de un juzgado municipal menor. Garzón la tenía clara desde que era estudiante de Derecho y luego con su especialización en el sistema penal acusatorio en Puerto Rico.
Garzón ya era conocido como un juez al que no le temblaba la mano a la hora de tomar decisiones judiciales en casos complicados que terminarían en grandes escándalos mediáticos. Una de sus pruebas de fuego fue la primera condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, al que la justicia terminó condenando por delitos de corrupción en la contratación del servicio de ambulancias en la ciudad, por el cual también paga condena Héctor Zambrano, el secretario de Salud de la época. En 2016 y como Juez 14 penal de conocimiento encontró a Moreno culpable y le impuso una pena de 18 años de prisión y la exigencia de pagarla en la cárcel de La Picota. Esto implicaba trasladar a Samuel Moreno de la Escuela de Carabineros, vecino del Parque Nacional en Bogotá al penal, decisión que no se había concretado por ausencia de cupos en la cárcel.
En plena sentencia, el juez Garzón afirmó: “A Samuel Moreno no le importó ser el alcalde de Bogotá, y sólo buscó un beneficio económico, lo cual merece el mayor grado de reproche por las actuaciones del mandatario capitalino, que lograron su cometido con la secretaría de Salud, los contratistas y varios particulares, que incluso apoyaron su aspiración política”.
El temple que Garzón ha tenido como administrador de justicia lo forjó en casa, junto a esa familia unida que siempre recuerda. Después le terminó de dar las últimas pinceladas con su especialización en Derecho penal y Ciencias forenses, y durante las dos veces que estuvo en Puerto Rico aprendiendo de Sistema Penal Acusatorio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fue allí donde el abogado Jaime Granados logró la experticia en este sistema de corte anglosajón y que adaptó a Colombia por decisión del gobierno de Álvaro Uribe, cuando Sabas Pretelt de la Vega se desempeñaba como Ministro de Justicia y Mario Iguarán era el viceministro.
Con esa formación acuestas, Garzón le hizo frente al escándalo de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) en el que estaba vinculado el matrimonio Mery Luz Londoño y Raúl Quintana, que en el tiempo de la captura lideraban el proyecto inmobiliario Portal de Santa Mónica. Durante el juicio el juez, para sorpresa de la Fiscalía, dejó en libertad tanto a Londoño, que era acusada de cobrar sobornos a casinos y locales de maquinitas cuando se desempeñaba como cabeza de Etesa, como a su esposo Quintana. En la acusación la Fiscalía los señalaba de haber desviado hacia sus bolsillos los millonarios recursos de juegos de azar, que debían haber estado dirigidos al financiamiento de la salud. El 12 de junio de 2015, Garzón terminó con el calvario de la pareja que durante más de cinco años se la pasaron de cárcel en cárcel, entre juzgados y detenciones domiciliarias.
Desde que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la oportunidad de arrancar como juez de la república, Garzón se considera un guardián de los derechos de las personas vinculadas en los procesos legales, como ha dicho en la única entrevista que se conoce y que le dio al portal El jurista. Habla con una voz grave y honda y camina con serenidad por juzgados municipales y los de Paloquemao, donde ha llevado otros casos sonados como el Carrusel de la salud y el pleito por los predios del humedal de La Conejera.
Garzón aspiró hace dos años a formar parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque entonces no fue seleccionado, no descarta poder entrar a forma parte del tribunal de justicia transicional creado por la negociación de paz con las Farc, cuando se dé la oportunidad.
Entre tanto sigue enfrentándose a los procesos que le llegan por reparto a su despacho. Así fue como resultó en su escritorio el expediente del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Después de un juicio de 1 año y siete meses, y a pesar de que Melo siempre se declaró inocente, el juez Garzón fue drástico con la pena: lo condenó a 11 años y 9 meses de cárcel, la condena más alta del caso de Odebrecht. Igual que con Samuel Moreno, pesó en su decisión la responsabilidad ética con la sociedad de un dirigente económico como Melo y cuestionó a fondo el haber sido cómplice en el soborno de USD $ 6.5 millones entregados al exministro de Transporte Gabriel García para obtener el contrato de la Ruta del Sol II: "José Elías Melo se amangualó con el sector público para comprar la moralidad pública... Con el contrato de la Ruta del Sol se benefició Odebrecht y al grupo Aval. Fue un hecho repugnante".
Para Garzón valieron más las tres declaraciones de los altos directivos de Odebrecht: Antonio Mameri, director de la multinacional brasileña en América Latina; Luiz Bueno Júnior, director en Colombia; y Luiz Eduardo Da Rocha, alto ejecutivo de la empresa e integrante del “Departamento de Coimas”, quienes gracias a un acuerdo con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, describieron uno a uno el movimiento de dineros dentro y fuera de la multinacional.
La dureza del juez lo llevó a ir más lejos. Ordenó compulsar copias contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, entonces a la cabeza de la junta directiva de Corficolombiana de 2010; al empresario cartagenero Juan Manuel Barraza; María Victoria Guarín Vanegas, directiva de la Corporación Financiera Internacional; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; y Andrés Norberto Sanguinetti Barros, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y encargado de la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Sarmiento Jr es hoy por hoy presidente del Grupo Aval y con su familia son los propietarios mayoritarios tanto de este conglomerado de bancos como de la banca de inversión Corficolombiana, cuya presidente actual es María Lorena Gutiérrez, exminsitra de Juan Manuel Santos.
Con esta decisión judicial el juez busca profundizar e identificar las responsabilidades, por encima de los empleados de Corficolombiana, en el soborno de la concesionaria Ruta del Sol, del cual era socia junto con la brasilera Odebrecht. Al parecer, igual que con la defensa de Melo, al juez Garzón tampoco le sirvieron las declaraciones de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez cuando afirmó desconocer lo ocurrido: “Nosotros vinimos a conocer de las actuaciones ilícitas de Odebrecht el 20 o 21 de diciembre (de 2016), cuando se publicó que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia americano”.
El encargado de aportarle a Garzón las pruebas contra Sarmiento Jr – incluido los audios de los tres exdirectivos brasileros— será el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, a quien la Corte Suprema de Justicia delegó para continuar con este caso ante el impedimento de Néstor Humberto Martínez, por sus relaciones profesionales en el pasado con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el patriarca del grupo familiar. El juez Garzón tiene frente a él un duro desafío judicial que toca a uno de los grandes poderes del país.
