Los actos legislativos que modificaron nuestra constitución y permitieron la reelección del presidente Álvaro Uribe obedecieron a una tendencia regional de limitar la rotación democrática del poder, incidiendo aún más en las decisiones económicas de la primera década del nuevo siglo.
La apertura económica fue acompañada por grandes expectativas en los mercados sobre un auge en el nivel de consumo y de endeudamiento externo. Aunque el hallazgo del pozo de Cusiana significó una llegada masiva de capitales a la economía, el siglo XX concluyó con una crisis económica sin precedentes, llevando a una fuerte recesión del -4,2% sobre el PIB.
Lo que inicialmente fue un colapso financiero de los tigres asiáticos, se propagó rápidamente y afectó a buena parte de las economías emergentes del continente. La caída del sistema financiero global afectó una economía colombiana que no había asumido las suficientes precauciones al momento de la apertura. La realidad es que Colombia asumió una política fiscal y macroeconómica pro cíclica, lo cual produjo varias desaceleraciones a lo largo de la década hasta 1999.
La desaceleración de la economía durante este periodo también llevó al Banco de la República a desmontar el sistema de banda cambiara, un complejo instrumento de intervención directa sobre los precios de las divisas en el mercado, y facilitó una devaluación real del 30% entre agosto y septiembre de 1999.
Con una visión en perspectiva, es posible afirmar que la crisis que atravesó nuestra economía al cierre del siglo se produjo por cuatro grandes consecuencias. La primera, la deuda externa se hizo insolvente, con lo cual las posibilidades de reestructuración o refinanciación se hicieron casi imposibles y obligó al pago de un mayor servicio a la deuda, sumado a la devaluación del peso con lo cual se hizo más difícil el pago de intereses en términos reales.
La segunda causa de la crisis fue la salida del “capital golondrina” producto de la desconfianza y temor en los mercados globales de capital, quienes se aseguraron en economías mucho más sólidas frente a un colapso total, y con esto, se frenó la inversión y el crédito interno. Un tercer componente de la crisis fue el alza sostenida de las tasas de interés que pretendían frenar la expectativa de crédito entre los consumidores, sumado a un modelo de unidad de pago de los créditos hipotecarios medido a razón del IPC y la inflación (UPAC), se desencadenó una grave crisis del sector de la vivienda y la finca raíz, esto finalmente llevó a una crisis generalizada con los deudores, quienes finalmente fueron amparados por el gobierno.
Como en toda crisis monetaria, mientras que la recesión llevó a grandes pérdidas de puesto de trabajo, el efecto de la baja inflación subió el valor de los salarios reales de quienes seguían activos en el mercado laboral. El sistema financiero colombiano aprendió de la crisis y muchas entidades financieras tuvieron que ser intervenidas para mitigar su situación y no agravar más la crisis.
Ahora bien, una de las economías más estables de la región desarrolló una política económica anticíclica y conservó así su equilibrio en términos macroeconómicos con mayor solvencia y una inflación controlada. Su sistema financiero y pensional estuvo muy bien blindado al contagio de los capitales. Además, las políticas públicas centradas en las exportaciones en masa le dieron un crecimiento promedio del 5.6% anual y la solidez para soportar la crisis.
El gobierno acató las recomendaciones del FMI, que propuso reformas estructurales a fin de acompañar el proceso de recuperación y reestructurar sus obligaciones. La recuperación también se alcanzó gracias a la devaluación de la moneda y el incentivo que esto trae a las exportaciones, atendiendo además una fuerte demanda de los Estados Unidos.
Sin embargo, desde la apertura misma de la economía, uno de los principales obstáculos para alcanzar los niveles de confianza para la inversión y obtener el crecimiento proyectado ha sido la presencia activa de grupos insurgentes y de organizaciones dedicadas al narcotráfico en las zonas menos pobladas del país. Entre los años de 1996 y 1998, las Farc intensificaron su capacidad bélica en gran parte del territorio nacional, generando así un alto nivel de temor entre inversionistas y generando temor entre los mercados.
Para las elecciones presidenciales de 1998, el candidato conservador Andrés Pastrana manifestó su voluntad de emprender un proceso de negociación de paz con el secretariado de la Farc, pero el proceso fue infructuoso. La negociación se realizó con una agenda llena de imposibles y empleada como excusa para seguir con actividades delictivas, secuestros y hostigamientos sin reserva. El modelo económico, aunque hizo parte de la negociación, finalmente no fue afectado y el proceso fracasó.
El temor fue generalizado y los productores agrarios de las zonas de desmilitarización fueron desarraigados de sus territorios huyendo de la extorsión y del secuestro. El narcotráfico se incrementó y con este también se encendieron las alarmas del gobierno norteamericano, quien acordó con la administración Pastrana un aporte económico y apoyo logístico y estratégico en la lucha contra las drogas, conocido como el “Plan Colombia”. Finalmente el proceso de paz fracasó y el diálogo fallido dio espacio para la guerra total.
Con el cambio de gobierno, el independiente de origen liberal, Álvaro Uribe Vélez, fiel a una doctrina económica aperturista y liberal, se dirigió a la nación con un discurso guerrerista y confrontaciones. Los resultados en materia de orden público durante su mandato como gobernador de Antioquia lo hicieron muy reconocido ante la opinión pública, y con esto, la confianza del electorado de arreciar a las guerrillas comunistas, en medio de tomas y masacres paramilitares le dieron altos índices de popularidad.
Con una política cercana al discurso de la guerra total contra el terrorismo de la administración Bush, los índices de confianza inversionista encaminaron al auge.
