El modelo económico arraigado desde nuestra Constitución establece algunos elementos que se han seguido con relativa continuidad desde la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de una Colombia debilitada institucionalmente por la guerra y el narcotráfico. Con un discurso nacionalista y apegado a las teorías Cepalinas y del FMI, se presentó como una alternativa independiente y alcanzó hasta el momento consolidar una fuerza política que le permitió ganar el primera vuelta para las elecciones de 2002, algo que hasta el momento nadie había conseguido.
Con esto se ha iniciado una era que se espera hasta el 2022, cuando el joven Iván Duque entregue su mandato y con él, una continuidad de planes de desarrollo enmarcados en el libre mercado, la apertura comercial, la seguridad, la lucha contra la pobreza y la ilegalidad. Ganándose así un lugar en nuestra historia económica como la era del modernismo económico y la globalización.
Si revisamos los diferentes planes de desarrollo, el principal documento de política pública de nuestro país, el primer mandato de Álvaro Uribe se enmarcó en el plan Hacia un Estado Comunitario, entre 2002-2006, con ejes temáticos como la generación de empleo, seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible, equidad social, y lograr mayor transparencia y eficiencia en un Estado desacreditado para entonces. Este quizá ha sido el plan de desarrollo con mayores herencias desde el fortalecimiento institucional.
Algunos analistas señalan que, por culpa del desempleo, la informalidad laboral y la pobreza, Uribe le deja una bomba social a Juan Manuel Santos. Para aquel entonces, Colombia era el quinto país más inequitativo del mundo, según los índices de desarrollo humano según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de 2007. Si se mira hacia atrás, el crecimiento económico promedio de Colombia con Uribe fue levemente superior al 4% anual, similar al de otros países de la región, pero muy por debajo de Brasil, Perú y Chile.
Cuando Uribe llegó al poder, en 2002, más del 53% de los colombianos estaban en la pobreza. Logró bajarla al 46%, pero no pudo cumplir su promesa de reducirla al 35%. Esa pobreza está relacionada con insuficientes puestos de trabajo, pero también con la calidad del empleo. En 2002 la tasa de desempleo era del 14%. Y aunque hoy es del 11,6%, no bajó al 8,8%, como prometió reiteradamente Uribe, quien atribuye parte de la culpa a la crisis económica mundial de 2007 y 2008.
A finales de 2002, el gobierno de Uribe hizo una reforma laboral que redujo sustancialmente los pagos de las empresas en materia de horas extras, nocturnas y días festivos. Y de acuerdo con un reciente estudio de la firma Ernst and Young en siete países, Colombia es el que tiene mayor flexibilidad laboral en materia de contratación y jornadas de trabajo.
En su segundo gobierno entre 2006-2010, con “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, direccionó sus esfuerzos en consolidar y fortalecer la política de seguridad democrática, además de la reducción de la pobreza, pero sus objetivos no fueron seguidos en el plan “Prosperidad para todos” de Juan Manuel Sant
Entre 2010-2014, cuyos pilares fueron consolidar un mayor empleo, menos pobreza y más seguridad. Con un segundo mandato, el gobierno santos presentó “Todos por un Nuevo País” para el periodo entre 2014-2018 la paz, la equidad y la educación, fueron los aspectos que siguen en deuda a casi un año de finalizado su mandato.
De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), desde 2010 hasta este año, 5,4 millones de personas superaron la pobreza multidimensional, 4,3 millones abandonaron la monetaria, y 2,3 millones de personas salieron de la pobreza extrema.
En este mismo sentido, la pobreza monetaria pasó de 37,2%, en 2010, a 26,9% en 2017, lo que indica un mayor ingreso para los hogares más vulnerables. El Índice de Pobreza Multidimensional también disminuyó, pasando de 30,4% en 2010 a 17% en 2017, lo que permite concluir que se ha mejorado el bienestar de las familias, pues este índice tiene en la cuenta factores como salud, educación, condiciones de la niñez y de la juventud, habitabilidad de los hogares, características de la vivienda y trabajo.
Esta reducción de la pobreza y fortalecimiento de la clase media se puede explicar por el crecimiento económico. Si bien el crecimiento del país fue bajo como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, el promedio de crecimiento durante estos ocho años fue bueno. En 2009, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anual fue 1,65%, mientras que en 2011 este aumentó 6,59%.
Aunque el crecimiento disminuyó, es de resaltar la administración que se hizo de la economía, puesto que con el desplome de los precios del petróleo, la economía colombiana no entró en recesión, como sí lo hicieron las economías de otros países de la región que producen petróleo, como Ecuador o Brasil.
Los precios del petróleo también tuvieron un efecto en las exportaciones del país, que habían pasado de US$32.846,33 millones, en 2009, a US$60.125,17 millones en 2012. Ya que la mayoría de las exportaciones eran del sector minero, en 2015 las exportaciones disminuyeron a US$36.017,52 millones. Solo faltan unas puntadas finales para que el plan nacional de desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad del gobierno de Iván Duque sea aprobado en el Congreso de la República. En su exposición de motivos se establece que buscará la equidad por medio de la legalidad y el emprendimiento, apegado a los ODS (objetivos de desarrollo sostenible).
Ahora bien, es posible concluir que los planes de desarrollo han presentado una tendencia estructural muy similar entre sí.
Basado en la confianza inversionistas, la llegada a las comunidades y el diálogo social, la reestructuración de la deuda externa y los programas sociales, el periodo de 8 años del Álvaro Uribe se desarrolló en una época de bonanza petrolera y de la guerra mundial contra el terrorismo, pero fue una oportunidad desaprovechada para verdaderamente invertir en políticas públicas estructurales, diversificar nuestra industria y avanzar hacia la cuarta revolución industrial.
El gobierno Santos fijó sus ojos en la regionalización y descentralización, las rentas del petróleo fueron diseminadas en el territorio nacional y aprovechadas en regiones no productoras, la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y finalmente una crisis que enmarcó el fin de los buenos precios de materias primas en el mercado global, trayendo consigo la crisis de presupuesto que padecen hoy la finanzas públicas y que obligó al gobierno Duque a quemar su primer cartucho político en la Ley de Financiamiento, significó así el gobierno que en parte, recuperó la confianza perdida de los inversionistas tras la firma de los acuerdo de paz.
El gobierno Duque arribó con un concepto desconocido para muchos. Su apuesta en la economía naranja es tan grande como ingenua, en un sector intensivo en mano de obra y bienes no transables que muy poco pesa en el PIB y que no genera grandes rentas que ingresen al sistema financiero y al fisco, así negocia un Plan de Desarrollo en un Congreso que no es mayoritario a su favor.
La economía colombiana es motivo de estudio entre las economías emergentes. Con altos índices de desigualdad que no se han superado y con un presupuesto público de economía media, nuestro país está cerrando la segunda década del siglo sin resolver los grandes e históricos problemas que hoy se sienten con mayor rudeza.
