Hoy el Senado de la República tendrá una oportunidad única para reconciliar a Colombia y dar un paso adelante hacia el camino de la paz. La votación de las objeciones a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que presentó el gobierno del presidente Iván Duque a seis artículos del proyecto de Ley Estatutaria ponen en juego los elementos más relevantes para la verdadera restauración de las víctimas y que finalmente deciden sobre el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Más allá de ser un tema de partidos, alianzas y coaliciones políticas, la JEP enmarca una deuda histórica con el país. Pues si bien inicialmente hubo un proceso de fast track, llegó la hora de poner la “lupa” sobre el rumbo que ha tomado el proceso de paz en temas como la impunidad de grandes cabecillas, posibles beneficios que podrían utilizar narcotraficantes para evitar la extradición o la responsabilidad de reparación por parte de la exguerrilla.
Sobre las objeciones el pueblo colombiano necesita saber que estas no buscan acabar con la JEP. Las objeciones por inconveniencia presentadas sobre la Ley Estatutaria no están hechas para paralizar a este organismo, ni entorpecer su funcionamiento, pretenden asegurar que esta ley sea totalmente compatible con los tratados de derechos humanos, los cuales prevalecen en el orden interno, y evitar que la norma que va a regir el funcionamiento de la JEP permita que se abuse de los beneficios de la justicia transicional o que se generen situaciones de impunidad. Ya que esto podría abrir la puerta para una actuación de la Corte Penal Internacional con respecto a crímenes graves que se puedan haber cometido en Colombia
El hecho de no permitir que este proyecto avance como está tiene como objetivo principalmente que las Farc, después de más de media década de guerra, asuma su verdadera responsabilidad, pues así como está el proyecto no se les está obligando a reparar a las víctimas, sino que se indica que es el Estado el que debe asumir por vía administrativa la responsabilidad, teniendo en cuenta que los bienes sobre los que rindieron cuentas, presuntamente están completos y no alcanzan para responder.
Por otro lado, el actual proyecto establece que los máximos responsables son los ejecutores del delito, es decir rangos bajos, dejando en impunidad a los autores intelectuales o a los grandes cabecillas. Esto sin contar que también se establece que la JEP sea juez y parte, para seleccionar a las personas que aplican en esta jurisdicción, sobrepasando las funciones del Ejecutivo o que tal y como sucede en el “Caso Santrich”, los narcotraficantes 3 “solo por recrear y conocer la verdad”, eviten la extradición.
Estas objeciones no son asuntos menores, representan la esperanza de justicia que tiene toda Colombia y la fortaleza de nuestra democracia, en términos de la división de poderes. Dejar las reglas claras en estos asuntos de responsabilidad de los verdaderos victimarios, es dar un paso para la reconciliación con las verdaderas víctimas. Por eso el Senado más que nunca debe unirse en defensa de quienes representan. El pueblo Colombiano no puede ser indiferente a estas decisiones que definen el rumbo del país. Si se necesita la JEP, pero con verdadera justicia y reparación, por eso hacemos un llamado a que cada ciudadano levante su voz con el #ReconciliemosaColombia para pedir al Congreso que no deje en vano el que quizás es el último intento para restaurar el camino de la paz.
