Desde que Iván Duque asumió la presidencia, el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc ha representado para el mandatario uno de los puntos más álgidos y polémicos en su agenda, pues aunque desde el comienzo ha dejado claro que “no hay que hacer trizas los acuerdos con las Farc, pero sí modificaciones importantes”, tiene detrás a organizaciones como la ONU, diferentes gobiernos e instituciones de estudios internacionales de paz, haciéndole un llamado por cumplirlo, garantizarlo y preservarlo.
Sin embargo, Duque mantiene su posición, no en vano el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la base de las políticas del gobierno 2018-2022, propuesto por él, no incluyó los puntos más importantes para sacar adelante el acuerdo de paz firmado en La Habana, pues tal como la advirtió en el discurso con el que objetó la ley estatutaria de la JEP, “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad”.
Y sí, en diversos escenarios el presidente ha puesto sobre la mesa el interés de su gobierno por entregar verdad y justicia, sin embargo no está claro cómo el desmantelamiento de la base del acuerdo de paz mejora el acceso de la sociedad a la verdad, ya que el acuerdo existente establece una comisión de la verdad. Hay muchos colombianos que están de acuerdo con él, por una razón u otra, estas personas creen que el acuerdo existente es un error judicial y debe ser reemplazado.
Y allí está el problema: si el acuerdo existente genera justicia o no es en gran medida una cuestión de opinión, y no hay manera de llegar a un consenso sobre este punto. Esto es porque la pregunta de qué constituye "justicia" o "imparcialidad" es, en sí misma, esquiva.
Hace algunos años, los Estados Unidos tenían un proyecto de reclutamiento forzado en el ejército, y no era permitido que una persona rica pudiera pagar para evitar su ingreso. El uso de recursos financieros para evitar el peligro de la guerra se habría considerado injusto o desigual. El borrador ya no existe, pero el gobierno de los EE. UU. ahora paga a los empleados que voluntariamente van a trabajar en zonas de guerra. ¿Por qué es poco ético elegir gastar dinero para evitar el peligro, pero no es “poco ético” elegir pagar por asumirlo?
Este ejemplo no está destinado a poner a los lectores en una espiral de duda; más bien, muestra que no hay una fijación precisa del concepto de lo que es justo. Entonces, si no hay manera de estar seguros de que tenemos un trato "justo", ¿cómo podemos saber si es mejor mantener el trato existente o ponerlo en jaque? Esto es algo más fácil de responder: buena parte de la literatura sobre negociación sugiere que Colombia debería acogerse al acuerdo que ya tiene. De hecho, con base en ella, se puede inferir que Duque daña al país solo hablando de la posibilidad de deshacer el trato.
No es difícil de ver por qué: cualquier persona, ya sea un gobierno o un individuo, que se comprometa con algo y, más tarde, trate de renunciar a ese trato o parte de él, pierde confiabilidad. Cuando eso ocurre, empeora la calidad de las ofertas futuras, porque nadie compartirá información relevante con alguien en quien no confíe. Y, cuando pierden el intercambio de información, los negociadores pierden la oportunidad de hacer lo que más frecuentemente crea valor o lleva a acuerdos en los que ambas parte ganan: identificar los puntos de diferencia.
Un ejemplo simple muestra cómo funciona esto. Imagine dos tribus primitivas. Uno se dedica exclusivamente a la cría de ganado, y sólo come carne. El otro sabe cómo cultivar y solo come verduras y frutas. Es esta diferencia entre las dos tribus la que hace posible un acuerdo en el que todos ganan: un acuerdo en el que comercian y ambos comen una dieta equilibrada. Ahora imagine que los consumidores de carne se han alejado de los vegetarianos de tal manera que ni siquiera discuten sobre la dieta. El trato obvio de "ganar-ganar" nunca sucede.
Es un ejemplo muy básico, pero muestra por qué los mejores negociadores piensan seriamente en crear valor, no solo en reclamar lo que ya es evidente. Por lo tanto, al amenazar con poner en jaque la columna vertebral del acuerdo, Duque se dispara a sí mismo, demostrando que el gobierno colombiano es un socio poco confiable en el momento preciso en que necesita demostrar confianza para fortalecer su mano en numerosas negociaciones: conversaciones con el ELN, por ejemplo, o con los sindicatos de distintos sectores del país.
Bien lo dijo Humberto de la Calle: él está preocupado por preservar la confianza. Eso es lo que hacen los verdaderos negociadores.
