La discusión pensional y de protección a la vejez en Colombia debe trascender la defensa de un puñado de trabajadores de altos ingresos y centrarse más bien en el interés de una inmensa mayoría vulnerable, sin voz ni visibilidad.
Por qué será que cuando se discute sobre la posibilidad de que el país emprenda de una vez por todas una reforma integral al sistema de protección para la vejez, los “cantos de sirena” —que se autoproclaman como voz de los más desfavorecidos y cuya defensa suele ir acompañada de titulares y postulados muy vistosos —terminan desinformando, desviando la atención de una discusión seria, objetiva y responsable, y sobre todo, dando la pelea por mantener los privilegios de unos pocos, en detrimento del interés de una mayoría. Recordemos que —según cálculos del Ministerio de Hacienda— el 80% de las personas en edad de pensión hoy no reciben nada o reciben un ingreso mínimo.
¿Cómo estas voces desvían la discusión de lo realmente importante? Mucha atención porque ese “festín” de voces suele hacerlo con “maestría”: mezclando peras y manzanas, atribuyendo falsas afirmaciones a quienes participan del debate público con el fin de invalidarlos; y apelan, por demás, a líneas de ataque estilo “ricos y pobres”, “empresas privadas versus públicas” (todo aquello que hoy genera confusión y polarización).
No, el análisis y la discusión de temas tan importantes como el pensional y de protección a la vejez, deben darse a otro nivel, más pedagógico que ideológico, y trascender tanta pobreza (e irresponsabilidad) en el debate público. En cambio, debe basarse en datos, propuestas y visiones sustentadas en realidades (sí, realidades reales, no realidades virtuales).
Y son realidades reales las que nos muestran hoy es un panorama muy inquietante, no solo para las generaciones presentes sino también para las próximas, para nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué solo 2 de cada 10 trabajadores se están pensionando? ¿Por qué 7 de 10 trabajadores no tienen un trabajo formal? ¿Por qué los que más tienen reciben más del Estado? ¿Por qué los que menos tienen reciben nada o muy poco en el régimen público?
Por qué repensar o rehacer un sistema pensional que nació hace más de cinco décadas sobre la base que siempre existirían muchos jóvenes para financiar las pensiones de los más viejos (para entonces más bien pocos).
La realidad, décadas después, es que cada vez hay menos jóvenes para pagar las pensiones de un número cada vez mayor de viejos en el país, donde, además, tenemos una altísima tasa de informalidad, pues solo una tercera parte de los trabajadores en Colombia cotizan para su seguridad social.
Dados los cambios poblacionales y de mercado laboral, hace 25 años el sistema pensional abrió la opción del ahorro individual con capitalización bajo el que cada trabajador, de la mano de su empleador, aporta mes a mes a su cuenta individual.
Estos recursos gracias a la gestión de una empresa administradora generan rendimientos que les permitirán a los trabajadores contar con un mayor ahorro y así una mayor pensión al momento del retiro laboral. Este régimen pensional, a diferencia de lo que piensan muchos o malintencionadamente dicen, está diseñado para responderles de forma justa y efectiva a: i) quienes menos ganan, pero son regulares con sus cotizaciones, ii) a quienes no gozan de estabilidad laboral (y muy posiblemente no se pensionarán), y iii) a quienes aún con altos ingresos salariales, no lograrán tampoco los requisitos para pensionarse en el régimen público.
En suma, estamos hablando de un 95% de los trabajadores del país. Al primer segmento, le será más fácil obtener la pensión (con 3 años menos de cotización que en régimen público y en promedio con mesada del 80% del último salario); la gran mayoría de trabajadores que estuvieron muchos años en la informalidad y por ende no pueden pensionarse reciben siete veces más plata que en la entidad pública (dato 2018), y por último quienes tienen ingresos altos, pero pocas semanas se lograrían pensionar en un fondo, pero no en el régimen público.
La otra cara de la moneda es que solo a un 5% del total de trabajadores, es decir, quienes más ganan y han tenido una estabilidad laboral para lograr 1300 semanas cotizadas, les conviene la entidad pública de pensiones. Pero ¿a qué costo? A esta población le conviene porque recibe subsidios, muy elevados, que salen de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Impuestos que deberían destinarse a ese 80% de personas en edad de pensión sin los recursos necesarios para darles una protección.
Pero el "festín" de voces que desvían la discusión de estas realidades seguirán pregonando que los grandes conglomerados se quedan con la plata de los trabajadores, que no pensionan, que sus pensiones son bajas o que privados quieren dejar al Estado por fuera de la gestión pensional. Mejor dicho, destruye, desinforma y reinarás.
