La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocío Mantilla Barón, y otros siete funcionarios, por presuntas irregularidades en la licitación LP – SGI-014 de 2018 por más de $2 billones, para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima de Bogotá.
El proceso también vincula al subdirector General de Infraestructura, Edgar Francisco Uribe Ramos; la subdirectora General Jurídica, Martha Liliana González Martínez; el director técnico de Procesos Selectivos, Ferney Baquero Figueredo; el director técnico de Proyectos, José Salomón Strusberg Rueda; el asesor de la Dirección General, José Javier Suárez Bernal, y a los directores técnicos de Construcciones, Luis Alberto D´Pablo Ramírez, y general de Infraestructura, Alejandro Morales Montaña.
Así mismo, en carta enviada al IDU la Procuraduría solicitó suspender el proceso de contratación ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, con las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal, lo cual podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto.
“No se tiene certeza acerca de la armonización entre las obras a ejecutar por parte del promotor del plan parcial El Pedregal con las obras que se están contratando. Siendo importante resaltar que la armonización responde a un factor técnico que debió ser definido de manera previa a la apertura del proceso de selección, toda vez, que incide desde la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato y repercutiendo en la ejecución del bilateral, pues, podría conllevar demoras en la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”, dice el ente investigador.
De acuerdo con la información recibida por el órgano de control, el IDU respondió a Aldea Proyectos S.A.S, promotor del plan parcial El Pedregal, que las obras a ejecutar ya se encuentran armonizadas con los diseños aprobados en noviembre de 2016, que tienen origen en el convenio 1359 de 2015. Sin embargo, para la Procuraduría, “no se evidencia que los estudios y diseños aprobados por el IDU el 15 de noviembre de 2016 se hubieran modificado” y concertado con el constructor.
Sin perjuicio de la autonomía de la administración y sus responsabilidades, a la Procuraduría le asiste el interés de que las obras que se desarrollan en un eje tan importante como la carrera séptima, se encuentren debidamente planeadas, y recordó que el proceso de contratación solo debe iniciarse cuando los factores jurídicos, económicos, técnicos y materiales que sean previsibles, estén agotados.
La petición, según la Procuraduría, se presentó en aras de preservar el ordenamiento jurídico, evitar un posible detrimento al patrimonio público y una afectación a la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.
