Las competencias sociales y ciudadanas permiten a las personas comprender la realidad social en la que viven, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural y comprometerse a contribuir a su mejora. Como lo ha reconocido el Ministerio de Educación Nacional, el sistema educativo colombiano cumple un rol fundamental en el fomento de los valores democráticos, y la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos.
Esta perspectiva se fundamenta en un marco normativo que promueve la formación social y ciudadana en las escuelas; además de lo expuesto en la Ley 115 de 1994, se cuenta con la ley 1620 de 2013, que crea el sistema nacional de convivencia escolar y hace énfasis en la importancia del desarrollo de las competencias ciudadanas para el mejoramiento de la convivencia en las escuelas. No obstante, la ley 1622 de 2014, conocida como estatuto de ciudadanía juvenil, tiene como objeto establecer en el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil. Además, el sector educativo colombiano cuenta con los referentes de logro académico de los estándares de competencias ciudadanas para cada nivel educativo, así como la ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de competencias ciudadanas y las guías pedagógicas para la convivencia escolar.
A pesar del reconocimiento tanto de la importancia del desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, como de la existencia de un nutrido marco de referentes curriculares a incorporar en los currículos, la potencialidad de la educación para ser el motor de una transformación del ciudadano se ha diluido entre las desigualdades sociales, políticas y económicas que caracterizan al país, acompañado de debilidades a nivel curricular que terminan por influir en la forma en que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas.
Si consideramos los niveles de desempeño en las Pruebas Saber 11 en 2018, encontramos que 1 de cada 4 estudiantes se clasifica en el nivel de desempeño en la prueba de competencias sociales y ciudadanas, es decir solo alcanza a identificar las tareas necesarias para resolver las preguntas que conforman la prueba; estos estudiantes no logran demostrar evidencia de habilidades más complejas como diferenciar los procedimientos posibles para realizar las tareas requeridas, deducir y combinar o analizar procedimientos para desarrollarlas de mejor manera.
Asimismo, los resultados en las Prueba Saber 11 muestran que más del 40% de los estudiantes responde incorrectamente preguntas relacionadas con aprendizajes en ciencias sociales y ciudadanas como: comprender perspectivas de distintos actores y grupos sociales (44%), comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconocer relaciones entre estas (42%), comprender dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales (53%) y evaluar usos sociales de las ciencias sociales (52%).
Considerando estos resultados, no sorprende que nuestra realidad se encuentre marcada por una visión del actuar ciudadano modelado en el siglo pasado. Sin embargo, el sistema educativo no puede claudicar en la tarea de desarrollar en los educandos las competencias requeridas para convivir en paz y participar en un entorno democrático. En el marco de su autonomía, la escuela debe reconfigurarse para convertirse en un espacio que permita vivir la experiencia democrática y convertirse en lo que Kohlberg denomina “comunidad justa”. Desde esta perspectiva, la escuela logra operar como una pequeña sociedad, o microsistema, con su propia normatividad, obligaciones y sentido de integración social, facilitando la trasformación de la concepción del ciudadano y de la manera en que se logra su desarrollo en el aula.
