El estilo con el que Pablo Felipe Robledo, al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, actuaba contra muchas empresas a las que ordenaba allanar y de paso incautar teléfonos, cuentas de correos electrónicos y equipos de cómputo llevó a la Corte Constitucional a conceptuar que esas entidades no podían usurpar funciones que solo le corresponden a los jueces de la República.
Robledo, con un piquete de funcionarios, irrumpía en las compañías, intimidaba a los empleados y actuaba como policía judicial amparado en un decreto emanado de la Presidencia de la República.
En muchas ocasiones esas pruebas recaudadas terminaron en manos de privados y de medios de comunicación que fueron publicadas y editorializadas y en el caso, por ejemplo, de la empresa barranquillera Tecnoglass generó graves daños en su patrimonio al hacer caer el precio de la acción en la bolsa tecnológica de Nasdaq en Nueva York.
Por esa filtración, que produjo daños económicos a esa compañía, la empresa demandó al portal económico de pago Primera Página por pánico económico en un proceso que está cerca de ser resuelto en una corte de los Estados Unidos donde está enlistada en bolsa la multinacional.
Al resolver dos demandas contra la Superindustria y la de Sociedades, la Corte decidió de manera unánime, siete votos a cero, que esas entidades no pueden actuar sin orden judicial.
Al explicar la decisión tomada por la Corte en sala plena del miércoles la presidenta de ese tribunal Gloria Ortiz afirmó que “estas superintendencias pueden practicar pruebas pero no comprende esa prácticas de pruebas ni las interceptaciones, ni los registros, ni las actividades probatorias que requieran reserva judicial”.
Este fallo es de trascendental importancia porque protege el prestigio y el patrimonio de muchas empresas que se ven expuestas a los abusos y arbitrariedades de funcionarios que actúan de manera ligera contra los empresarios.
En muchas ocasiones las acciones de las superintendencias han obligado a multinacionales a irse del país y en otros casos a no abrir sus puertas en Colombia ante la inseguridad jurídica que esta situación generaba y que fue corregida por la Corte dejando claro que solo un juez puede ordenar un allanamiento y la recopilación de pruebas.
Pablo Felipe Robledo tiene un proceso complicado de investigación disciplinaria que podría inhabilitarlo para ejercer cargo público, ante las denuncias interpuestas por el abogado Jaime Lombana por las acciones tomadas por este exfuncionario en contra de la empresa Tecnoglass.
