Las luchas de los educadores en estos 60 años han enfrentado el inveterado desdén y miserabilismo de las clases dirigentes por la educación y en buena medida han logrado remediar sus nefastas consecuencias Sin sus esfuerzos, resistencias y su capacidad propositiva la educación pública, la gratuidad y la cobertura, no hubieran sido posibles.
Los 60 años de existencia que está celebrando, en medio de la indiferencia y el silencio de los grandes medios de comunicación, han sido años de justas exigencias no solo salariales y prestacionales, sino también por mayores recursos presupuestales para la educación, de marchas, de paros, de propuestas desoídas, de logros importantes como el Estatuto Docente de 1979 y la Ley General de Educación. Los maestros han pagado un alto costo por atreverse a luchar. Un total de 1.088 educadores han sido asesinados entre 1985 y 2018. Una verdadera vergüenza ante nosotros y ante el mundo.
La organización sindical de los educadores surgió en marzo de 1959 para hacer frente al lamentable estado de sus condiciones laborales, en una época en que el clientelismo dominaba y administraba la educación. Los maestros debían esperar hasta 6 meses sin recibir su pago oportuno y en algunos departamentos reciban el pago de su salario con botellas de licor que ellos debían vender en tiendas y cantinas para sobrevivir. De igual manera eran víctimas del bipartidismo para su nombramiento y estabilidad. El padrino liberal o conservador era obligado. No existía un estatuto docente que reglamentara y estableciera las condiciones de ingreso y permanencia de los maestros. En ese entonces cualquiera podía ser maestro, bastaba “medio saber leer y escribir” y la recomendación de un politiquero de oficio. El cura y el alcalde eran las autoridades encargadas de evaluar su desempeño laboral. La educación era responsabilidad de los alcaldes y gobernadores.
La primera gran batalla de Fecode que le mereció el reconocimiento y apoyo de la opinión pública fue la Marcha del Hambre, realizada en 1968. El presidente de entonces, Carlos Lleras Restrepo, caracterizado por su arrogancia y actitudes despóticas, se vio forzado a recibir personalmente en su despacho a los maestros marchantes del hambre que venían desde Santa Marta, en la Costa Caribe, hasta Bogotá a reclamar el pago de sus magros salarios, que no recibían desde hacía ocho meses. En esta ocasión, por primera vez un grupo de maestros, junto a los dirigentes de Fecode, se plantaron en actitud enérgica frente al jefe del Estado, para exigir respeto a sus derechos y notificarle al país su voluntad de lucha.
Las luchas libradas para lograr un estatuto docente beneficiaron no solo a los educadores sino también al país. Con el Estatuto Docente se desterró el clientelismo de la educación. Junto con la nacionalización de la educación, impulsada también por el gremio educativo, se acabó con el poder corruptor de politicastros, alcaldes y gobernadores, quienes coaligados habían convertido la educación en un jugoso botín electoral mediante el cual traficaban con los cupos escolares, con el nombramiento y traslado de maestros y hacían deshacían con los recursos destinados a la educación de los municipios y los departamentos. Hoy el viejo clientelismo en la educación ha sido reemplazado por la más rampante corrupción, cuyas más dolorosa realidad es el actual saqueo de los recursos de la alimentación escolar y el engaño a los millones de niños víctimas de su inhumano proceder.
El Estatuto Docente reglamentó y puso orden en el ejercicio de la profesión docente, estableció los requisitos académicos y profesionales para ejercer como educadores y las garantías para su estabilidad, consagró los concurso como el único medio legal para ingresar a la carrera docente, estimuló la profesionalización del magisterio y la formación universitaria. No fue una tarea ni una negociación fácil en medio del caos administrativo que imperaba en el nombramiento de maestros. Fueron necesarias 14 categorías de maestros para ordenar el desmadre reinante.
Un solo ejemplo ilustra el tamaño del problema y el daño causado por el clientelismo a la educación. En el Estatuto Docente de 1979 fue necesario establecer dos categorías, las categorías A y B, para aquellos maestros que no habían terminado ni el bachillerato ni la normal, pero ejercían como educadores en escuelas y colegios públicos. En esta categoría se incluían también un reducido número de maestros que escasamente había terminado la educación primaria. Se les dio un plazo para obtener el título de normalistas y poder así ascender en el escalafón. Los maestros que no habían terminado ni el bachillerato ni la normal ejercían la profesión gracias a la acción corruptora de los políticos y gobernantes que los nombraban sin el lleno de los requisitos y aprovechándose de las necesidades educativas de cientos de veredas que resignadas aceptaban al maestro que les mandaran.
Una vez logrado el Estatuto Docente en 1979, Fecode encaminó sus esfuerzos a impulsar una gran reforma de la educación y la enseñanza. Con tal fin promovió, organizó e impulsó al interior del magisterio el llamado Movimiento Pedagógico, el cual tenía como objetivo comprometer al magisterio en una profunda reflexión colectiva sobre sus prácticas pedagógica y educativas, realizar un examen autocrítico de su quehacer docente, impulsar nuevos métodos de enseñanza y nuevos contenidos en su labor educadora que contribuyeran a formular una propuesta de reforma profunda de la educación y la enseñanza. A mirar no solo la educación con los ojos del sindicalismo, sino también con los ojos y enseñanzas de la pedagogía.
Fue sin duda uno de los momentos estelares de los educadores y su organización. Con su impulso demostró que su lucha no se limitaba a su propio interés corporativo o meramente salarial, sino que también le interesaba la suerte de la educación y el bienestar de los miles de niños y jóvenes que se educan en los colegios y escuelas públicas.
Fruto de este novedoso y creativo Movimiento Pedagógico, impulsado desde 1982 hasta finales de la década del 90, fue la expedición de la vigente, pero inaplicada Ley General de Educación (Ley 115 de febrero de 1994), fruto de la iniciativa de Fecode. La ley fue el resultado de la negociación entre los educadores y el gobierno de César Gaviria.
Desgraciadamente el gobierno de Andrés Pastrana y el régimen de Álvaro Uribe hicieron trizas la Ley General de Educación y se empeñaron en debilitar y contrarrestar el poder y la influencia alcanzado por Fecode. Impusieron una arrasadora contrarreforma y les arrebataron importantes logros profesionales y salariales a los maestros, alcanzados en décadas de lucha, logrando dividir al magisterio en dos estatutos docentes que rigen en la actualidad.
Desde entonces Fecode ha dedicado buena parte de sus energías a defenderse e intentar salvaguardar sus intereses económicos, laborales, prestacionales amenazados, su régimen de salud y la disminución de los recursos destinados a la educación. Por eso el paro se convirtió en su única defensa, con el agravante que cada paro da origen a tres o cuatro más para lograr que se cumpla lo pactado.
El gran desafío para Fecode en sus 60 años es profundizar su defensa de la educación pública, más allá de los intereses corporativos y salariales de los educadores, legítimos sin duda alguna.
La educación pública pobre para pobres que hoy ofrece el Estado está en crisis. Más de 11 millones de colombianos de los estratos 1, 2 y 3 son víctimas de este modelo. Los estratos 4 y 5 hace rato abandonaron la educación pública y realizan ingentes esfuerzos por ofrecer una supuesta educación de calidad en el sector privado. La mayor tragedia para la educación pública es que empiece a perder el estrato tres, como ya ocurre en Bogotá, y termine convertida en una educación pública pobre para los más pobres de los pobres.
El debilitamiento paulatino de la educación pública, fruto de las políticas de Estado, está asociado a su precaria calidad. De nada serviría que el magisterio mediante sus luchas mejore sus condiciones salariales y prestacionales, que su sistema de salud cumpla con lo esperado o que se destinen mayores recursos financieros para la educación, si a la vez no se transforma la orientación y los contenidos pedagógicos del actual sistema. De allí la urgencia de emprender una gran reforma pedagógica de la educación, revolución pedagógica la ha llamado el profesor Julián de Zubiría, que garantice a los colombianos una educación distinta, de calidad, pertinente, para la democracia y el bienestar de las mayorías. Solo una gran reforma o revolución pedagógica podrá salvar y fortalecer la educación pública. Es el gran paso que debe dar Fecode.
Justamente en el acto de celebración de los 60 años, su expresidente Abel Rodríguez, gran impulsor del Movimiento Pedagógico y de importantes logros de los educadores ha formulado la siguiente propuesta:
“Propongo a las directivas nacionales de Fecode que convoquen una gran misión educativa, autónoma e independiente, para que, con base en un amplio proceso de concertación social y política, redacte una propuesta de reforma de la educación, que produzca la gran revolución pedagógica y administrativa que el país requiera para el sistema educativo y que una en su defensa a la inmensa mayoría de los colombianos. La misión habrá de ser integrada por educadores, profesores e investigadores, intelectuales y académicos independientes, artistas y miembros destacados de las letras, el arte, el periodismo y la cultura en general. Su trabajo será acompañado por un equipo de especialistas en los temas concernidos. Este sería el aporte de Fecode al país y sobre todo a la niñez y la juventud, en sus 60 años de existencia. De esta manera ratificaría su compromiso histórico con la defensa de la educación pública y con Colombia”.
