Alejandro Rodríguez Carrión (2006, pp 50-51) sostiene que la sociedad internacional tiene implícita una estratificación jurídica producto de las asimetrías políticas y económicas existentes en su seno, en suma una desigual distribución de derechos y deberes respecto al Derecho Internacional entre los actores que la integran:
(a) En la primera categoría sitúa a los Estados con supremacía en diversos aspectos de las relaciones internacionales, alta capacidad de influencia y aprovechamiento de sus relaciones como los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, etc.
(b) Seguidos por aquellos estados que son fieles a los valores que ellos exportan y se atienen a los niveles de actuación internacional que les posibilitan, como Israel, Colombia, entre otros.
(c) Y en último lugar se ubican a los estados caracterizados por rechazar abiertamente las pautas de comportamiento establecidas por el primer estrato, entre ellos Venezuela, Cuba, Irak, Siria, en resumen los pertenecientes al denominado “eje del mal”.
Colombia, aliado geoestratégico de los Estados Unidos y afirmador de sus valores en Suramérica, se enfila en el segundo grupo. Mientras que Nicaragua puede sumarse a los “díscolos” del último sin obviar sus filiaciones con Rusia y China. Esta situación es determinante a la hora de indagar por las posibilidades de curso del presente conflicto entre Colombia y Nicaragua por extensiones territoriales de suprema importancia geoeconómica y geoestratégica.
Lo cierto es que lejos de zanjarse esta controversia, sigue presente el conflicto entre ambos derechos, y una nueva concurrencia de la partes ante la corte no augura mejor circunstancia. Entretanto Colombia apenas vislumbra algunos recursos para ampliar su margen de maniobra en esta situación, Nicaragua vuelve a la corte, un año después del fallo, para exigir respeto por la porción de mar que le fue reconocida en primer término, y gestionar la ampliación de su plataforma continental por ultimo.
Nicaragua ha proyectado satisfactoriamente sus intereses por la vía del derecho internacional, a ello responde su lobby permanente ante la Corte Internacional de Justicia, sus favorecimientos ocasionales en este escenario, entre otros factores. Colombia, en cambio, tiene un inventario penoso de reducciones de su unidad territorial a efectos de cesiones, guerras, y en este caso de arbitrajes internacionales, que hacen explicita su incapacidad coyuntural para la gestión jurídica de sus intereses y la debilidad de su recurso diplomático. (Rengifo, 2012)
Eduardo Vilariño Pintos (1987, p 90 citado en Calduch, 1993, p 8) define la diplomacia como “aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz; ha de tener como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o existencia de una comunidad internacional justa que, a través de la cooperación, permita el pleno desarrollo de los pueblos.
Joaquín Polo Montalvo, integrante del pool de abogados que asesora a Juan Manuel Santos en esta materia y a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace unos meses, asevera que el acento en lo atinente a los cursos de acción no debe hacerse sobre el acato o el desacato del fallo, de ahí deviene la estrategia de Santos. Asegura que más allá de toda consideración geodésica existente, este conflicto se cifra en términos de unos títulos históricos que afirman nuestro derecho sobre el mar, y el derecho que en virtud del fallo de la haya Nicaragua ha adquirido. En consecuencia, su sugerencia es el acercamiento diplomático de las partes no solo como salida a la controversia sino como posibilidad de salvaguarda relativa de los intereses marítimos de Colombia; relativa en cuanto debe asumir el fallo proferido por la corte como pauta para una eventual conciliación entre ambos países.
Tras el anuncio del Jefe de Estado colombiano señalando que “el fallo de la haya es inaplicable”, invocando una norma interna para eludir momentáneamente una obligación internacional, dejar sin banderas de lucha a sus detractores políticos y sortear una opinión publica desfavorable, la diplomacia todavía parecía tener posibilidades (Melo, 2013, El tiempo)
Con la llegada del 16 de septiembre y la nueva demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte, esta vez por la extensión de su plataforma continental, en cuya antesala se produjeron acercamientos infructuosos entre Bogotá y Managua, el recurso de la diplomacia o por lo menos su posibilidad pareció agotarse. Diversas manifestaciones de la Cancillería en cabeza de María Ángela Holguín como “la corte de la haya es una corte enemiga”, “Nicaragua es un pésimo vecino” y “el país está en contra de acatar fallo de La Haya-no le veo a esto una buena salida a esto” escalaron contra Managua. Ahora más, tras una tercera demanda que busca garantizar el acatamiento del fallo por parte de Colombia, denunciando además su desconocimiento deliberado de la nueva situación limítrofe, una tentativa al recurso de la fuerza, entre otras cosas.
Este nuevo escenario denota una perdida potencial. Nuestro retiro del Pacto de Bogotá solo tiene efecto un año después de su denuncia, eso explica la prisa de Managua de interponer las nuevas demandas y el hecho de que Colombia deba enfrentar nuevamente el arbitraje de la Corte. Lo paradójico del asunto es la necesidad de contrargumentar “cosa juzgada” remitiéndonos al fallo de 2012, fallo que abiertamente hemos declarado como inaplicable saliéndonos de las ropas, para evitar otra reducción de nuestro territorio. (Gil, 2013, El tiempo)
Todo lo anterior hace explicita la necesidad de la diplomacia para el feliz término de esta controversia. No solo está en juego la paz internacional, la economía isleña, la suerte de la pesca industrial y artesanal de las islas y la reserva de biosfera seaflower, está en juego un área geoestratégica y geoeconómica importante por la presencia probada de hidrocarburos en el subsuelo, abundantes recursos pesqueros, biodiversidad infinita, entre otras cosas.
El recurso de la diplomacia será determinante en la resolución de la presente controversia. Nicaragua nuevamente proyecto sus intereses por la vía jurídica y Colombia cada vez más adopta una posición defensiva de cara a la actitud de Managua. Ambos derechos no podrán conciliarse mediante arbitraje internacional
(Imagen: MOISÉS YAGÜES "A la deriva")
