Estamos ingresando a una nueva página de nuestra historia, epílogo del largo capítulo del conflicto armado que tuvimos que vivir y presenciar. Por primera vez, víctimas y victimarios se ven de frente, el país entero va descubriendo el dolor de esta guerra desconocida para muchos. Nuestra sociedad se mira a sí misma en el rostro de quienes sufrieron los dolores de un conflicto que agoniza.
Poco a poco el miedo de las mujeres que fueron abusadas en las filas de las Farc se desvanece y salen a la luz historias que estremecen el corazón de todo el país. Las voces de quienes fueron abusadas por hombres de guerra en medio de una selva en la cual nadie les avisó del peligro, hoy resuenan en los principales medios de comunicación como un testimonio vivo que todos debemos conocer.
Pero en este proceso hace falta una voz que no ha sido escuchada. Es un deber moral darle el reconocimiento a quienes han sido igualmente víctimas con motivo de su credo y de su fe, quienes fueron amenazados, perseguidos, desplazados y desaparecidos por defender sus convicciones y su espiritualidad.
A lo largo de estas cinco décadas, por valles, ríos y montañas peregrinaron misioneros y evangelistas que arribaron a los más olvidados y apartados poblados del país, llevando consigo no solo la enseñanza de una fe, sino también medicina, educación y trabajo social. Americanos y europeos de diferentes denominaciones del cristianismo se combinaron con raizales, afros, indígenas, mestizos y mulatos para dar sus vidas en amor al prójimo.
Con el tiempo, en estos mismos territorios se fueron formando líderes religiosos de entre sus habitantes; el país conocería diferentes expresiones de su fe y comunidades cristianas serían agentes del cambio y la transformación en un entorno que las reconoció y aceptó. Pero llegó la guerra, grupos armados hicieron presencia en zonas donde nunca existió un Estado, y bajo su doctrina radical, los identificaron como posibles amenazas a los intereses que perseguían.
En los llanos orientales, la región del Urabá, en los Montes de María y la Sierra Nevada, Macayepo en Bolívar y Tierralta en Córdoba el Magdalena medio, el Cauca y el Chocó, en cada zona con presencia guerrillera se lanzó la misma amenaza “el cristianismo no es amigo de la revolución”. Se cuentan relatos de cómo pastores y sacerdotes de diferentes aldeas, junto con sus familias y comunidades cristianas enfrentando desplazamiento y persecución sin defensa alguna.
A pesar de la firma de un acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, aún persisten grupos criminales y guerrilleros disidentes como agentes de persecución. No suficiente con esto, las autoridades gubernamentales, obedeciendo una agenda de apariencia progresista y liberal, han intentado erradicar la religión del dominio público e imponer valores que son contrarios a la fe cristiana. Con esto, un proceso de reconocimiento y reparación a quienes figuran como víctimas del conflicto con motivo de su fe ha sido lento y rezagado de la justicia.
El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado parte de estos acontecimientos. Manuel, un líder de la iglesia evangélica, asesinado en su iglesia en Tierralta (Córdoba) en pleno culto, por presuntos integrantes de grupos paramilitares, quienes lo acusaron de pertenecer a las Farc. Algo similar ocurrió en el caso del Padre Tiberio Fernández, líder de comunidades campesinas en Trujillo (Valle del Cauca), quien fue acusado de ser guerrillero por su pensamiento social.
Recordará igualmente el país el relato de Bojayá. Su iglesia sirvió como refugio físico y emocional en medio de los enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares. La imagen de un cristo amputado sirvió de testigo para darle a conocer al mundo entero el dolor, pero también la esperanza de un pueblo que se recuperó y ahora es referente de paz y reconciliación.
En tal sentido, el Congreso de la República debe avanzar en el reconocimiento a este tipo de víctimas para que sean incluidas en el proceso de justicia y reparación. El proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo es la oportunidad de incorporar el reconocimiento a las víctimas de comunidades cristianas, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Según cifras de la organización Puertas Abiertas, Colombia ocupa el puesto 47 en 187 entre los más peligrosos del mundo para las comunidades cristianas.
La elaboración de un registro único nacional de víctimas del conflicto con motivo de su credo es una herramienta indispensable en el trabajo de visibilizar a quienes sufrieron los horrores de la guerra, y así mismo reconocer el papel de la espiritualidad que estas comunidades profesan como elemento esencial en el proceso de reconciliación y de reconstrucción del tejido social.
La paz, la muy anhelada paz, nace de la verdad y el reconcomiendo de responsabilidades. De no existir un proceso de justicia eficiente, los círculos de venganza y dolor difícilmente serán reemplazados por la reconciliación y la esperanza.
