Un tremendo gol le metió a los ciudadanos de la costa atlántica la aprobación en primer debate del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, que bien es llamado por el senador Jorge Robledo como “de subdesarrollo”.
El gobierno, con las reformas aprobadas, dará un regalo a la multinacional española Fenosa-Naturgy, por cuanto pretende asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, que asciende a 1.2 billones, al mismo tiempo que el Estado pretende no hacerlos pagar sus deudas, que ascienden a 3.4 billones, entre deudas con el sector financiero, contratistas y proveedores.
De igual manera, el proyecto asegura los recursos para la inversión en infraestructura eléctrica a través del Fondo de Regalías, que se configura en realizar las inversiones que la multinacional debía realizar en los 20 años que tuvo la prestación del servicio y nunca realizó, sin que esa inversión se capitalice en favor del estado, es decir, sin que la propiedad de la empresa retorne al dominio público.
Lo anterior, va acompañado de otras dos perlas en contra de los usuarios. Por un lado, impondrá un sobrecosto en la tarifa de 4 pesos por kilovatio para los estratos 4, 5 y 6, el comercio, la industria y los usuarios no regulados con el fin de recaudar 2.16 billones de pesos anualmente, según cifras del Ministerio de Hacienda, es decir, castigar a los usuarios haciéndolos responsables de un problema estructural, que tiene que ver con el modelo privatizador que permitió a Fenosa-Naturgy defraudar a la nación por más de 200 mil millones de pesos, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República.
Por otro lado, se pretende fragmentar la prestación del servicio de energía en la costa, pasando de tener un solo operador a tener varios, lo que va en contra de la economía de escala, y que seguramente aumentará las tarifas por cuanto aumentaría los costos del servicio, medida tendiente a que perdure el negocio privado, buscando, en palabras de la superintendente de servicios públicos, “hacer que el negocio sea mucho más atractivo para los inversionistas”, brindándoles “nuevas condiciones: sin pasivo pensional y sin deudas pre toma”.
Este conjunto de medidas tiene como objetivo socializar las deudas y las pérdidas por la corrupción, haciendo responsables a los usuarios de pagarlas, mientras que se seguirán privatizando las ganancias.
Es necesario que los usuarios rechacemos de manera vehemente estas medidas, junto a un rechazo a la complicidad de los congresistas de la región, para que no se monte un negociado en favor de otro privado, contra el patrimonio público y en contra de los ciudadanos costeños. Inversiones públicas en Electricaribe deben derivar en que esta pase a ser una empresa del Estado, porque es lo único que asegurará la prestación de un servicio continuo, eficiente y a precios módicos.
