Hace unas semanas estacioné mi automóvil frente a un local de la cadena de supermercados Justo y Bueno en el barrio Victoria Norte de Bogotá, fue en la Calle 149 a unos metros de la Autopista Norte, lo hice por unos minutos mientras sacaba las compras que había hecho pues en la calle no había ninguna señal de prohibido parquear.
Cuando salí un ciudadano de origen venezolano que cuida los automóviles me dijo que había pasado una patrulla de policía y le había tomado una fotografía a mi vehículo, y qué cuando el le dijo que el dueño ya salía la patrullera le dijo: “no se meta que usted ni es de acá, mejor quédese callado”.
Al poco tiempo me llegó una notificación por invasión al espacio público, a pesar de que la calle estaba vacía, no es muy transitada, era en horas de la mañana y solo es de sentido oriente occidente. La multa ascendió a 414.000 pesos y haciendo el curso me quedó en 207.000.
Está bien, cometí una infracción porque desconocía el nuevo código de policía y no sabía que ahora no se puede parquear en ninguna calle así esta no tenga señalización alguna que prohíba parquear, pero el meollo del asunto es que mientras los agentes motorizados viven a la caza de este tipo de infractores, son complacientes con toda clase de practicas ilegales como los mototaxis, bicitaxis, transporte pirata, trailers de comida, carros de comida como Cocheros, Rancheritos y La Burrada entre muchos otros.
Yo cuando cometí la infracción estaba comprando cosas que están grabadas con IVA, tengo los impuestos y documentos de mi carro al día, pago sobretasa a la gasolina, y al ir a un supermercado se contribuye a dinamizar la cadena productiva del país y la ciudad, pues las cadenas de supermercados pagan impuestos y generan puestos de trabajo directos e indirectos.
Por el contrario los colados en TransMilenio están robando a los que si pagamos el pasaje, mientras tanto los policías están chateando o evadiendo su responsabilidad, como si la cosa no fuera con ellos; por su parte los bicitaxis o mototaxis no pagan impuestos, no tienen seguro obligatorio o de responsabilidad civil, cometen toda clase de infracciones, no tienen las mínimas condiciones de seguridad, las personas que los manejan no tienen un empleo formal y son estacionados tanto en aceras como en vías públicas secundarias y principales sin ninguna clase de control por parte de la policía.
A su vez, los vehículos particulares y de servicio público piratas junto con los ya mencionados bicitaxis han invadido las calles de Bogotá, creando una nueva guerra del centavo, irrespetando las señales de tránsito, recogiendo pasajeros de manera ilegal. No obstante, tan solo son sancionados por unas horas y al momento vuelven a aparecer como si nada hubiera ocurrido y con la complacencia de la policía que pasa por el lado y no hace nada.
Ahora el caso de las comidas de trailers o carros de tracción humana como Cocheros, La Burrada o Rancheritos etc., es otra muestra de la inequidad con que se aplica el nuevo código, pues estos vehículos al igual que los bicitaxis invaden espacios públicos, contaminan el medio ambiente, no tienen estrictas medidas de salubridad ni manipulación de alimentos, pero aún así siguen funcionado en los mismos sitios de siempre, y hasta los policías se ven comiendo en estos expendios de comida.
En fin, estas situaciones del día en Bogotá, solo dejan la sensación que la ley es solo para unos pocos, es decir para los ciudadanos que pagan impuestos y pagan sus infracciones, mientras que las mafias que están detrás del transporte pirata, las ventas ilegales o el detrimento patrimonial del Distrito Capital y que infringen todo el tiempo el código de policía están protegidas con toda clase de leguleyadas y prebendas.
