Como todo buen ciudadano de un Estado social de derecho debo reconocer que tengo que cumplir con el deber legal de pagar los impuestos básicos, los cuales se requieren para su correcto y normal funcionamiento. Hasta aquí esta teoría económica parece correcta, además de ser lo lógico y necesario cuando no todos los habitantes tienen la posibilidad de nacer en familias pudientes, ya sea por tener empleo o por gozar de buena salud y de educación desde que nacen, situación social que desgraciadamente no cobija a casi el cincuenta por ciento de los que nacemos en Colombia, así últimamente se hayan estado maquillado esas cifras y estadísticas, tratando de demostrar, con ese proceder y con ellas, una supuesta mejoría social en general.
El real y grave problema, que quiero denunciar y resaltar, se presenta cuando los dirigentes, políticos e institucionales, de este descuadernado e inequitativo país, han transformado a sus habitantes en un barril sin fondo y en la fuente permanente de los ingresos estatales, a través de desproporcionados impuestos y de cobros desmedidos a partir de los pagos que hacemos las personas que lo habitamos por el uso de los servicios públicos, sin preocuparse éstos por las demás variables que se deben lograr y perseguir para que este, el Estado, obtenga los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, como son el racionamiento y control de los gastos del Estado, la productividad y la estabilidad de las empresas instaladas dentro de sus fronteras, por cobrar los impuestos que son recolectarlos de sus exportaciones o importaciones, sin amiguismos de ningún tipo para entregar o dar exenciones, o al brindar tarifas bajas a cierto tipo de negocios, y por los demás e innumerables rubros que existen desde tiempo atrás para lograrlo, sin tener que apercollar a sus ciudadanos.
Nunca antes, como con este nuevo gobierno, los ciudadanos nos habíamos sentido tan asfixiados financieramente, al estar sintiendo en carne propia el incremento desmesurado de todos los impuestos y de los servicios públicos en general, además de estar pagando una gran cantidad de sobretasas, creadas para sacarnos, de donde no tenemos, recursos económicos por toda índole de servicios y actividades que debieran ser sí no gratuitos al menos más moderados; es así como nos estamos viendo abocados a pagar por tener o disfrutar de servicios bancarios, que por tener vehículos propios y al tener que transitar con ellos por las calles de las ciudades, que por tener inmuebles propios, que por consumir combustibles, que por hacer gestiones en las instituciones públicas, y así sucesivamente, hasta el extremo que, como van las cosas, llegaran a cobrarnos por respirar el contaminado aire que ya tenemos en nuestras ciudades o por simplemente estar vivos.
Desafortunadamente somos un país muy indolente, sin sociedades fuertes y unidas que se puedan atrever a hacerle oposición a este comportamiento de un Estado desmadrado, o fuera de cauce, en evidente actitud de atracador de los recursos de sus ciudadanos y que además ha sido poco efectivo, por no decir negligente e incapaz, en atajar, controlar o terminar la rampante corrupción que se viene devorando los ingentes recursos públicos y el erario nacional.
