El derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado ha sido reconocido y desarrollado por la jurisprudencia constitucional y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde es posible observar, “en primer lugar, que la verdad ha sido identificada como un derecho individual y también como un derecho colectivo de los pueblos; en segundo lugar, ha sido entendida como un derecho autónomo y, así mismo, como una garantía para la realización de otros derechos; por último, se ha mostrado que existen mecanismos judiciales y medios extrajudiciales para garantizar su realización”. Cfr. Sentencia C-017 de 2018.
“El derecho a la verdad impone el esclarecimiento detallado de la identidad de los autores, estructuras criminales, conexiones políticas, militares y sociales, intenciones y planes de los responsables, contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circunstancias relacionadas con los mismos, con el propósito de que las comunidades que han sufrido masivas violaciones de sus derechos puedan reconstruir ese pasado doloroso e incorporarlo a su memoria colectiva y a su identidad como pueblo”[1].
Como parte del acuerdo de paz con las Farc, se diseñó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, en el que se incluyó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Por medio del artículo transitorio 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, se creó constitucionalmente la CEV como “un ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio”. La Comisión tendrá tres años de vida y debe cumplir un ambicioso trabajo en un corto tiempo.
Los objetivos de la CEV, según el decreto 2588 de 2017, básicamente son: a) Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido b) Promover y contribuir al reconocimiento y c) Promover la convivencia en los territorios.
La semana pasada, Lucía González Duque, comisionada de la CEV, se encontró en Barrancabermeja con sindicatos del sector de la palma, el cemento y el petróleo. Por casi una semana escuchó a sindicalistas del Magdalena Medio, también a sectores populares y organizaciones de DD. HH. recogió documentos y conversó sobre el alcance del trabajo de la Comisión y las expectativas que tenían del mismo.
Más de 3.100 trabajadores sindicalizados han sido asesinados
durante el conflicto armado
y una de las organizaciones más victimizada ha sido la USO
El sindicalismo colombiano ha sido victimizado por todos los actores del conflicto armado (Organismos estatales, guerrilla, paramilitares) que han protagonizado hechos en los que los sindicalistas y los sindicatos han resultado gravemente afectados. Registran las cifras que más de 3.100 trabajadores sindicalizados han sido asesinados durante el conflicto armado y una de las organizaciones más victimizada ha sido la Unión Sindical Obrera, con más de 100 compañeros a quienes les fue arrebatada su vida.
Para nosotros en la USO es sustantivo, vital este ejercicio. Es fundamental que se reconozca la violencia que hemos padecido, así como conocer porqué asesinaron a decenas de nuestros líderes sindicales o porqué exfuncionarios del cuerpo de seguridad de Ecopetrol aparecen en los archivos judiciales de la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja[2].
Con claridad expusimos porqué la violencia antisindical surge con el reclamo de mejores condiciones laborales en el enclave petrolero de los años 20 y se agudiza con el conflicto político que alcanza un importante pico en los días posteriores al 9 de abril de 1948. También que asesinatos como el de Manuel Gustavo Chacón en 1988 siguen en la más completa impunidad.
Más que una verdad procesal o judicial, necesitamos una verdad histórica. La represión, a mansalva y sin cuartel, de las huelgas petroleras de 1963, 1971, 1977 y 2004. Esta última con 248 despedidos y dos compañeros detenidos. Los recientes asesinatos de los compañeros Aury Sará Marrugo[3] y Rafael Jaimes Torrá[4] a manos de paramilitares confesos, y lo más grave en este último caso, la alianza de las autodefensas con empresas contratistas de Ecopetrol. Secuestros, desapariciones, torturas, exilios, hacen parte de lo que, esperamos que esta Comisión nos ayude a conocer, quiénes estuvieron detrás de ellos, porqué se ordenaron.
En la USO hemos tomado la decisión de participar activamente y no escatimar recursos para colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Es importante que el sindicalismo y en particular la USO conozca porqué nos han perseguido a lo largo de la historia. Este es nuestro aporte a la construcción de paz estable y duradera en Colombia.
Este mismo ejercicio también lo están haciendo los maestros y otros sectores sindicales que fueron desaparecidos literalmente a plomo por agentes del conflicto. Queremos pasar la página, dejar este difícil episodio en el pasado, pero sin olvidar y con verdad completa. Esperamos que el Estado nos garantice este derecho.
Encuentro de Lucía González Duque, comisionada de la CEV, en Barrancabermeja con sindicatos del sector de la palma, el cemento y el petróleo. Foto: CUT
[1] Rincón, Tatiana, Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia transicional, Universidad del Rosario, Bogotá D. C., 2010, p. 57. Ver también las Sentencias C-715 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-579 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-653 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/juicio-exjefe-de-seguridad-de-ecopetrol-masacre-de-barr-articulo-640585
[3] http://caracol.com.co/radio/2003/05/11/judicial/1052604000_084194.html
[4] http://www.justiciaporcolombia.org/node/76
