El día que el presidente Duque y Juan Guaidó se unieron para pasar la ayuda humanitaria por la frontera venezolana, el presidente interino hizo un llamado a las fuerzas bolivarianas para abandonar las filas militares, darle la espalda a Maduro y aliarse desde el lado colombiano. En un primer chispazo desertaron 5 soldados, pero con el pasar de los días eran 15 y luego 100. A un mes de aquel 23 de febrero ya son 1.000 los soldados que han cruzado la frontera por las miles de trochas que conectan los dos países, con la única intención de entregar su fusil y uniforme.
Tanto el canciller Carlos Holmes Trujillo como el director de Migración Colombia Christian Krüger, quien fue nombrado en el cargo por Juan Manuel Santos en 2015 y logró mantenerse con la llegada de Duque a la Presidencia, tienen que asumir el chicharrón con los 1.000 soldados venezolanos que pidieron asilo político, un estatus al que se llega logrando superar la burocracia diplomática.
En Colombia, hay quienes esperan y luchan legalmente por años para ser reconocidos como asilados y otros a quienes, en cuestión de días, el gobierno colombiano los reconoce dicho estatus y los acoge con todas las garantías prioritariamente aseguradas. Pero en realidad son muy pocas las personas que logran vivir en Colombia como asilados políticos.
En teoría, el asilo es otorgado a las personas que logren demostrarle a la Cancillería colombiana que hay persecución política, racial, religiosa o ideológica en sus países de origen y que, por ende, se hayan visto obligados a llegar a Colombia para salvaguardar su vida de un inminente peligro. También se le reconocerá dicho estatus a quienes demuestren razones para creer que, en su país de origen, les esperan penas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En los últimos meses las oficinas de cancillería y Migración Colombia se han llenado de decenas de miles de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos venezolanos. Y es que a quienes se les reconozca la condición de refugiados, el gobierno colombiano les proveerá todo lo necesario para vivir junto a su familia inmediata: alimentación completa, asesoría legal y jurídica, salud, educación, seguridad, transporte, vivienda y presupuesto de manutención. Un asilado político no le cuesta menos de 12 millones de pesos mensuales al gobierno colombiano y es por esta razón menos del 3% de los aspirantes tienen una respuesta positiva a su solicitud.
Krüger sabe que el trámite no es fácil, e incluso todavía tiene que resolver el apoyo a los militares venezolanos principalmente en Cúcuta, donde hay cerca de 500, esperando que les digan qué va a ser de ellos. Aunque todos los extranjeros tienen el derecho legal de solicitar asilo en Colombia y el gobierno tiene el deber de tramitar y estudiar cada uno de los casos, son las autoridades migratorias las que siempre tienen la última palabra. Así, el gobierno se conserva su derecho de asilar al sector social que haga parte de los intereses políticos y estratégicos de la nación.
Ejemplo de lo anterior fue el caso de Lorent Saleh, activista venezolano y opositor del régimen de Maduro, quien solicitó refugio al gobierno colombiano desde el 2013, pero le fue negado y, en el 2014, fue deportado por atropellar los intereses de Santos de mantener relaciones estables con Maduro, a quien no consideraba un dictador en ese momento.
Tres años después, cuando a Luisa Ortega, exfiscal venezolana, le tocó escapar de Venezuela en lancha rápida hacia Aruba, el mismo gobierno de Santos se demoró menos de 2 horas en tramitar y oficializar su asilo político en Colombia. En este momento, el expresidente Santos ya no tenía relación con el régimen de Maduro y Ortega era clave para materializar cualquier plan para tumbarlo, pues ya era considerado un dictador.
Ahora, la política exterior de Duque ha sido enfática en continuar y fortalecer las iniciativas que puedan sacar a Maduro del poder en Venezuela. Han pasado menos de 30 días desde que las solicitudes fueron interpuestas y la Cancillería colombiana ya se está pronunciando públicamente al respecto. Aunque es y será incierto el rol que jugaran estas mil personas en la agenda estratégica que tiene Duque con Venezuela, hay un mensaje que queda claro: quienes traicionen a Maduro serán bienvenidos en Colombia.
