Es insólito ver cómo en este primer trimestre del año han salido propuestas desesperadas buscando la “solución” al problema que tiene el gobierno nacional de encontrar un marrano, perdón, un operador de red que haga la comercialización suministro y el AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), además de las inversiones pendientes en el servicio de energía eléctrica de la costa por más de 7 billones de pesos previstos en los próximos 10 años para los 7 departamentos del Caribe. Todo se debe a que después de ver la triste realidad de lo que pasó con la convocatoria del pasado septiembre y de que el 8 de noviembre el Grupo Enel sacó los chorizos del humo y dijo que no se le medía a ese negocio, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Minas y Energía, y a la llamada bancada caribe (léase: políticos de la región, senadores, representantes a la cámara, gobernadores, alcaldes, etc., etc.) los dejaron viendo lejos, como dice el dicho popular, y regresando al mismo punto de partida de noviembre 2016 cuando se dio la intervención.
Se quedaron sin ningún verdadero plan B o C y por eso salieron con una propuesta que propone castigar la demanda, especialmente a los estratos 4,5 y 6, cobrándoles 4 pesos por kilovatio a partir de septiembre. El argumento detrás de la medida es impopular, ya que no se encuentra ningún análisis o justificación que parezca tener sentido. Por eso me pregunto: ¿por qué ese castigo no se lo ponen a la oferta, que muchísima plata ha ganado a costillas de Electricaribe en estos últimos 20 años?, ¿por qué hay que lastimar a la demanda nacional, que son los clientes, quienes han llenado los bolsillos de las generadoras del país (hidráulicas y térmicas) durante muchos años? De verdad es increíble que ahora que uno de sus compradores de energía en bloque necesita de su ayuda quieren recurrir a recostárselo a los más débiles de la cadena, los que no tienen un gremio que los defienda, a esos más de 10 millones de usuarios de los estratos 4,5 y 6 que pagan cumplidamente su recibo de energía. ¡Eso es inequidad!
Señores, no apoyen estas iniciativas que son muy impopulares, desiguales, más bien exíjanles a sus alcaldes y gobernadores para que se pongan al día con los pagos a Electricaribe de toda la energía que se consumen los entes territoriales, que tienen presupuesto pero que no pagan y que a la fecha han contribuido con el déficit de la caja de Electricaribe.
Políticos, alcaldes, gobernadores, exíjanle a la Policía que acompañe a los funcionarios de Electricaribe a los barrios subnormales para eliminar los robos de energía, ¡¡no puede ser que las pérdidas en el sistema superen el 20%!! O sea, de 100 kWH que compra la empresa solo recupera el 80%... simplemente porque no tenemos una autoridad que ejerza control contra esos robos.
Consideramos que los responsables de buscar una salida y culminación a la intervención de Electricaribe no pueden encontrar en los clientes regulados los trompos de poner en este laberinto sin salida, del cual el gobierno y los políticos son los únicos responsables: ellos permitieron que Electricaribe y el negocio del suministro de energía eléctrica en la región haya llegado al estado de no viabilidad del negocio y tocando fondo.
Es menester buscar salidas viables, ejecutables, de largo plazo, controlables de quien o quienes salvarán a Electricaribe, pero no puede ser solo la demanda, los clientes.
