La verdadera pregunta debería ser “¿qué busca el presidente con las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP?”.
No es verdad que busque cambiar o reformar la JEP porque lo que es claro es que lo que no busca es que se cambien los artículos que se objetan ya que sabe que eso no es posible; las objeciones presentadas no tienen prácticamente ninguna expectativa de prosperar.
Ya ha sido más que establecido que la única posibilidad de que el trámite fluya -y que no sea equivalente a volver a partir de cero- es que el Congreso rechace de plano todas las objeciones, caso en el cual el presidente queda obligado a firmar la Ley tal como está, que no puede ser lo que desea.
De otra manera solo seguiría el trámite si alguna de las objeciones es aceptada en ambas cámaras; o sea que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes el gobierno logre las mayorías absolutas para eso.
Al respecto la posición y las manifestaciones oficiales de los partidos políticos de oposición y los ‘independientes’ se han pronunciado en contra. Y aún varios de los parlamentarios de aquellas agrupaciones que dicen apoyar esas enmiendas se oponen unos al contenido y otros a la situación en que quedaría la institucionalidad.
Porque la aceptación de cualquier objeción pone en interinidad la totalidad de la Ley y el trámite vuelve en la práctica al inicio. Tampoco puede ser eso lo que le interesa pues es ya entendido que en ese caso las facultades de la JEP son más amplias porque será de competencia de los magistrados que deben aplicar la norma Constitucional también el interpretarla.
Si la intención es ‘hacer ajustes’, no hay impedimento para que esto se haga, pero por los caminos que contempla la Carta (por ejemplo por vía de un Acto Legislativo que permite reformarla).
Lo insostenible desde la perspectiva de la lógica y el Derecho
es que un pronunciamiento de Cosa Juzgada por parte de la Corte Constitucional
pueda ser cuestionado por el Ejecutivo por ‘razones de conveniencia’
Pero lo que el presidente objetó no es la Ley sino la Sentencia, es decir los puntos que se resolvieron por la Corte. Lo anormal -e insostenible tanto desde la perspectiva de la lógica como de la del Derecho- es que un pronunciamiento con carácter de Cosa Juzgada por parte de la instancia a quien compete la guarda de la Constitución, pueda ser cuestionado por el Ejecutivo por ‘razones de conveniencia’, y menos aún que se pueda pensar en reversarlo por el legislador sin cumplir los requisitos de una reforma a la Constitución tal como en ella misma se contempla.
Así las cosas lo que busca Duque tiene que ser otro objetivo.
Seguramente varias motivaciones pueden converger.
Una obvia -aunque no necesariamente la más poderosa- el satisfacer a la corriente que lo eligió, y recoger, como ha venido haciendo, la cauda de seguidores de extrema derecha. Es evidente que entre esos puede esperarse que suba su aceptación, posiblemente por vía indirecta, más por identificarse con Uribe que por el contenido de esas objeciones.
Puede también resultar que, no por ampararse bajo el expresidente sino al ver los resultados que aquel obtuvo, llegó a la conclusión que el polarizar al máximo la escena política lo lleva a algo que le hace falta. En tal caso, que las objeciones pasen o no pasen sería secundario pues no se trata de un objetivo sino de un medio para alcanzar una figuración de líder que no ha logrado proyectar (la intención no sería un resultado alrededor de las objeciones, sino aprovechar, para asumir una vocería e imagen de líder, una oportunidad que solo él tiene).
Lo malo no es no saber en realidad qué busca, sino sí saber que no le importa el nivel de atropello a la institucionalidad que está dispuesto a adelantar para lograrlo.
