En Colombia las mujeres sobrepasamos la mitad de la población con el 51 % según el Dane, no obstante, nuestra injerencia decisoria en todos los espacios es bastante precaria. Por ejemplo, de 258 legisladores en el Congreso de la República, solo 56 son mujeres, esto es solo el 19,7 % de congresistas, a nivel local, las mujeres ocupan el 17 % en asambleas departamentales, el 18 % de los concejos municipales, 12 % en alcaldías y el 15 % en gobernaciones.
Sobre esto, es importante recordar que la participación en procesos democráticos de la mujer en nuestro país es muy reciente y que solo a partir del año 1957 se logra el derecho al voto. Pero ojo, no fue una dádiva, fue el producto de acciones pacíficas y políticas para ser tenidas en cuenta en las tareas legislativa y ejecutiva. Sin embargo, en 60 años, el aumento de participación en el congreso ha sido del 15,7 % demasiado bajo, demasiado lento.
De igual forma, en el ámbito judicial las cifras no son alentadoras, pues: en la Corte Constitucional de 9, solo son 3 magistradas; en el Consejo de Estado de 24 son solo 6 y; en la Corte Suprema de 23 son nada más que 3, las mujeres.
La paradoja de la participación de la mujer esta en elegir, más no en ser elegida. En otras palabras, la sola aspiración a las curules o cargos mencionados no representa un avance cuando la gran conclusión sigue dejándonos por fuera de los escenarios. Entonces, ¿por qué resulta descabellado pensar que el número de cargos decisorios ocupados por mujeres debe ser proporcional al censo de población del Dane?
Lamentablemente, el déficit de participación e injerencia de la mujer en Colombia va de la mano con la gravedad de nuestras posturas culturales o sociales. Las consecuencias de las prácticas que menosprecian la labor de las mujeres están presentes en todos los escenarios, desde el familiar, pasando por el laboral y económico que refleja, por ejemplo, que las mujeres en Colombia ganamos en remuneración o salarios un 17 % menos que los hombres, como lo ha expuesto el Ministerio de Trabajo.
Otra brecha importante es la participación de la mujer en escenarios cotidianos como los deportivos y sin ir tan lejos, claro es el ejemplo de superación y perseverancia que han atravesado nuestras deportistas a lo largo de la historia. Por eso, este país necesita y merece más Marianas Pajón, más Caterines Ibargüen, más como María Isabel Urrutia o Jackeline Rentería, u otras tantas.
A este tiempo, no es concebible que atravesemos dificultades y nos enfrentemos a limitaciones en el ejercicio de actividades habituales de la sociedad como el fútbol. Con lo emocionante que es, no podemos permitir la segregación de las mujeres en su participación y tener que emprender difíciles caminos como los que en su momento se lidiaron para lograr el voto o el derecho a la propiedad, para que nuestras futbolistas puedan acceder a participaciones internacionales de futbol con el mismo patrocinio, apoyo institucional y popular que los equipos masculinos.
Es urgente y justo que las selecciones colombianas de mujeres de fútbol
en sus diferentes categorías, tengan una liga profesional
Sin duda, es urgente y justo que las selecciones colombianas de mujeres de futbol en sus diferentes categorías, tengan una liga profesional, así como incentivos para las escuelas que tienen como fin preparar a las nuevas generaciones de deportistas. No puede ser que el argumento de exclusión recaiga en factores económicos. Las condiciones y la dignificación laboral deben ser igual en todas las categorías.
Ahora bien, resulta oportuno mencionar que desde la constitución de 1991 el Estado colombiano, comenzó a virar hacia la dirección adecuada al constituirse como un Estado Social de Derecho, lo que implica que se comprometió a proveer a sus ciudadanos con las condiciones de vida e igualdad básicas, este hecho marcó un punto de inflexión en la reivindicación de los derechos de las mujeres, ya que fueron incluidas en los marcos jurídicos, lo cual fue un avance significativo. Desde entonces, ha habido progresos sustanciales en lo que se refiere a la equidad desde el aspecto jurídico, así como político.
En esta medida, existe un compendio normativo en pro del ejercicio de los derechos de las mujeres y la dignificación del mismo cómo, por ejemplo, la Ley 581 de 2000 sobre la participación de las mujeres en los niveles decisorios, o la Ley 1257 de 2008 para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, o la Ley 1761 de 2015 mediante la cual se creó el tipo penal de feminicidio.
Así mismo, la ratificación de normas internacionales ha permitido atender los llamados a través de Informes como los proferidos por ONU Mujeres, o los expedidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Sin embargo, el camino sigue siendo escabroso y la meta de equidad continua lejana.
Me refiero en concreto a la meta 50/50 incluida en los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sobre esto, es necesario recordar que, como señala el libro de ONU Mujeres: hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015, aborda una amplia variedad de desafíos mundiales: pretende erradicar la pobreza, reducir múltiples desigualdades cruzadas, hacer frente al cambio climático, poner fin a los conflictos y mantener la paz”. De igual manera indica que “La Agenda 2030 no deja lugar a dudas: el desarrollo solo será sostenible si sus beneficios favorecen por igual a mujeres y hombres; y los derechos de las mujeres solo se harán realidad si forman parte de esfuerzos más amplios para proteger el planeta y garantizar que todas las personas puedan vivir con respeto y dignidad”.
En lo que se refiere a Colombia, ONU Mujeres señala que: “en el país sólo el 54 % de los indicadores ODS tienen información; un 30 % cuentan con información parcial o requieren mejoras; y un 16% no la tienen o no hay aún una metodología definida” lo que muestra que, aunque Colombia se comprometió con alcanzar los ODS en el papel, en la realidad no pasa de ser un gesto simbólico.
Para 2016, 6 de cada 10 mujeres entre los 17 y 21 años
estuvo matriculada en una institución de educación superior,
frente a 5 de cada 10 hombres
Algunos datos, expuestos por ONU mujeres al respecto indican que en términos de derecho a la educación, en los últimos 10 años se ha dado un avance notable para las mujeres. Entre 2006 y 2017 casi duplicaron su participación, pasando de 32.8 % a 58.5 % Para 2016, 6 de cada 10 mujeres entre los 17 y 21 años estuvo matriculada en una institución de educación superior, frente a 5 de cada 10 hombres. Por su parte, en lo que se refiere a cobertura en salud, el informe indica que, “Para 2017 las mujeres registran una cobertura en salud del 95.8 % y los hombres del 93.07 %, sin embargo, se presentan dificultades en la calidad del servicio”. Si bien, este es un indicador que se muestra equitativo, no ocurre lo mismo con el aspecto económico y laboral. Sobre éste, el informe de ONU mujeres para Colombia, señala: “En cuanto a su contribución en la economía, la participación laboral de las mujeres dio un salto importante a finales de la década pasada, pasando de 46% a 54% entre 2008 y 2012. Sin embargo, para los últimos años (2014-2017) la participación laboral se ha estancado en alrededor del 54 %, lo que deja a Colombia 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina, que corresponde a 56%8. Con relación a los hombres, la brecha en términos de participación laboral se ha mantenido casi constante, con una diferencia que supera los veinte (20) puntos porcentuales, pasando de 24.7 en 2008 a 20.3 en 2017, con una reducción menos pronunciada durante los últimos cuatro años”.
Los esfuerzos han sido significativos, sin que ello traduzca que suficientes, en tanto que no se han recorrido todos los caminos normativos, pues de ninguna manera podemos sentarnos cómodamente en un sillón sin perder de vista la urgencia de legislar en contra de la violencia política.
Es claro que, pese a que Colombia prevé medidas legislativas en la promoción de la participación de la mujer, es largo el trecho que tenemos pendiente para lograr avances como los de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, solo por mencionar países latinoamericanos, que prevén la paridad como mecanismo real en garantía de la participación política de la mujer.
Por lo tanto, nos convoca como sociedad el compromiso de exigir medidas y estrategias legales para eliminar la violencia contra la mujer en el plano político, pues urge ampliar el rango de participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones, desde lo local hasta lo nacional, bajo condiciones puntuales de igualdad y no discriminación. Los actos de violencia contra la mujer son constantes y las cifras no muestran señales de disminuir.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el 2017 se notificaron 98.999 casos sospechosos de violencias de género e intrafamiliar, un aumento de 5.4 % comparado con el 2016 (93.614 casos notificados). Para mayo de 2018 se habían reportado 38.268 casos. Lo que significa un aumento de 2.7 % en comparación con los datos del mismo periodo de tiempo en 2017. Las violencias infringidas contra mujeres en Colombia, así como en otros países de América han hecho que PNUD declarara la región como “la más peligrosa en el mundo para las mujeres”. De hecho, se ha determinado que 38 % de las mujeres en América Latina ha experimentado algún tipo de abuso en su vida.
De tal forma que no hay mucho que celebrar en el día internacional de la mujer, no puede ser esta fecha trivializada, todo lo contrario, debe generar debate y exigir cambios estructurales en la cultura, en la sociedad, en la economía y en la política.
