La restitución de tierras avanza a paso de tortuga y en algunos casos podría configurarse lo que los expertos llaman la “legalización del despojo”. Esa es la conclusión más importante de un estudio hecho por la Fundación Paz & Reconciliación y la Fundación Forjando Futuros sobre la gestión de los jueces de tierras.
La ONG hizo un análisis de 372 sentencias publicadas desde que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sancionó la Lay 1448 de 2011, conocida como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Una sentencia puede abarcar varias solicitudes al tiempo.
El gobierno esperaba en sus cálculos que se presentaran cerca de 360.000 solicitudes para que las víctimas del conflicto que perdieron su tierra, salieron de ella desplazados o les fue arrebatada, reclamaran. Hasta ahora, dice el informe titulado “Restitución de Tierras ‘Gota a Gota’”, sólo se han presentado 54.063 solicitudes. Eso equivale al 15 por ciento.
En total se han restituido 20.694 hectáreas y 411 han sido compensadas (que se adjudica en un predio distinto al que el reclamante tenía). De esta cantidad, 8.407 hectáreas eran predios baldíos que fueron restituidos a una familia que ya tenía tierras. Según la ley, esa adjudicación sería ilegal.
Solo seis opositores en 191 casos
Pero no solo es lamentable que las solicitudes no se hayan presentado, que puede deberse a diversos factores como la falta de información, miedo, desconfianza en las autoridades o exceso de trámites, sino que solo se ha restituido por la vía jurídica el 1,7 por ciento de las solicitudes hechas por las víctimas. Es decir, de las 54.063 solicitudes solo 964 se han dirimido en los tribunales. De ese universo, 927 (el 96 por ciento de los casos) fueron a favor de las víctimas. El informe señala que los jueces de restitución de tierras reconocieron la buena fe de los opositores solo en 12 de los casos.
Llama la atención de los investigadores que seis personas a quienes identifican con nombres propios: Gabriela Inés Henao (investigada por la Fiscalía), Diego Alois Sierra, Hever Walter Alfonso Vicuña y Miguel Enrique Ríos Dávila, trataron de impedir la restitución en 191 casos.
En otras palabras, esas seis personas aparecen como opositores en el 65 por ciento de los casos que no acreditaron buena fe.
Los casos represados
El 70 por ciento de los casos, es decir, 37.712, no están microfocalizados. Con ese argumento esos procesos se encuentran sin trámite, durmiendo en algún escritorio. La microfocalización es un concepto del Ministerio de Defensa que indica que hay condiciones favorables de seguridad para que pueda llevarse a cabo la restitución. Pero no se creó como un obstáculo, sino para ayudar a construir el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forjando Futuros por eso indica que la falta de microfocalización no debe ser un argumento para no tramitar esos casos. “La negativa de la Unidad de Restitución de Tierras a tramitar la restitución de predios no focalizados es violatoria de la ley”, dice el informe.
¿La razón? La Ley 1448 de 2011 dice que, en caso de que la restitución sea imposible por razones de seguridad, los jueces de tierras podrían compensar en dinero o en otros predios la tierra de los reclamantes. Además, advierte el informe, hay un exceso de solicitudes de pruebas que recaen en los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y no en los opositores de la restitución –que son los que deberían asumirlas, según la norma–, lo cual retrasa aún más los procesos.
Una sola familia dueña de la mitad de hectáreas
El informe arroja un dato preocupante sobre el uso de los predios baldíos para restituir a las víctimas. Según dice, la familia Perilla se ha convertido en la dueña de 8.407 hectáreas de predios baldíos en el Meta. Es decir, a ellos les correspondió el 40 por ciento del total de lo que hasta ahora se ha restituido.
Según la ley, los requisitos para adjudicar baldíos son que los adjudicatarios no posean tierras, no tener un salario superior a mil salarios mínimos y tener bajo explotación dos terceras partes del baldío en los últimos cinco años. Pero, señala Forjando Futuros que dos los Perilla miembros eran propietarios de otras tierras, desde antes de ser desplazados
Por esta razón, el informe lanza una sentencia alarmante: “la adjudicación a la familia Perilla abre la puerta a la adjudicación de baldíos por vía judicial a acaparadores ilegales de grandes extensiones de tierras del Estado”.
