El acelerado crecimiento de las urbes, sumado a la precaria y no planificada ocupación del territorio, se contempla como todo un desafío ante los cambios climáticos mundiales para los gestores, planificadores y autoridades ambientales de ciudad. Esta presión antrópica supera los límites y las capacidades de las ciudades, generando un impacto que no se limita únicamente a cambiar la morfología del terreno, sino que, además, modifica y degrada las condiciones climáticas y ambientales (Grover & Singh, 2015).
Se ha comprobado que las ciudades constituyen el 67% de las emisiones mundiales y el 80% de demanda de energía para su funcionamiento (Sánchez, 2013). En particular, la desordenada dispersión edificatoria que impera en las grandes urbes latinoamericanas, particularmente en Colombia, y principalmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), conlleva a la pérdida de los ecosistemas naturales y la necesidad de movilidad de personas, materia y energía conlleva al uso masivo de los medios de transporte, generan la emisión de gases a la atmósfera. Este tipo de transformaciones en el territorio ha traído como consecuencia el fenómeno denominado islas de calor urbanas (ICU), que es el exceso de calor se presenta en la atmósfera urbana y/o sus superficies, en comparación con las zonas rurales circundantes no urbanizadas (Stathopoulou & Cartalis, 2007).
Según la Red Ambiental Global Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un área protegida es un “espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. Este tipo de espacios existen en todos los niveles (regional y local) y extensiones, donde los Estados conservan y protegen diversidad biológica, administran recursos naturales y recrean a sus ciudadanos. Allí también conviven diferentes tipos de comunidades, como las tradicionales (indígenas o campesinos); y otro tipo de habitantes como sería el caso de las áreas de conservación a nivel urbano.
A propósito de la declaratoria del área protegida humedal El Trianón-La Heliodora en Envigado, Antioquia, el pasado mes de febrero, se hace un importante aporte a la biodiversidad de los entornos urbanos en los grandes centros poblados. Estas áreas prestan servicios ecosistémicos como captura de carbono, purificación del aire, control de plagas, regulación hídrica y climática, hábitat de especies de la fauna silvestre como la chucha común o zarigüeya, zorro perro, ardillas, comadrejas, búhos y aves entre otras.
En Colombia se ha construido un sistema de áreas protegidas desde finales del siglo XX, conocido como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que es:
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país” (art. 3 Decreto 2372 de 2010 - Compilado en Decreto Reglamentario 1076 de 2015). Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional (…).
Medellín y su área metropolitana cuenta con cinco áreas protegidas y una en proceso de ruta declaratoria, todas estas en contextos urbanos del Valle de Aburrá, están situadas en cuatro de los diez municipios que conforman el territorio metropolitano, es decir, en Medellín los Cerros: El Volador, con declaratoria de Parque Natural Regional, el Cerro Nutibara, con declaratoria de área de Recreación, el Cerro La Asomadera, con declaratoria como área de recreación urbana, en Bello Piamonte, con declaratoria de área de recreación, y el municipio de Envigado, área protegida la Heliodora-Trianón, que tiene una riqueza hídrica determinante por tener un humedal. Además, se inició en el municipio de Itagüí la ruta declaratoria con el Parque Metropolitano DITAIRES.
La ciencia ciudadana y su papel en la construcción del conocimiento colectivo
Las preocupaciones teóricas y prácticas sobre los problemas ambientales de la sociedad actual apuntan a señalar como inadecuados sus modos de vida y producción que afectan el medio ambiente (Martinho et al.) Por ello, la educación ambiental se ha convertido en una estrategia para cambiar comportamientos individuales y colectivos frente al medio ambiente y al uso racional, sostenible y en equidad de los recursos naturales.
Así pues, se hace necesario repensar y adecuar las prácticas actuales en torno a la conservación y protección de los espacios ambientales y de recreación, en torno al uso, goce y disfrute de las áreas protegidas. El apropiamiento de una cultura de sostenibilidad podría ser clave para la preservación y el sentido de pertenencia hacia las mismas, entendiendo al desarrollo sostenible como eje transversal y articulador a la relación hombre-sociedad-naturaleza.
