“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo Iván Duque el pasado 18 de febrero en una rueda de prensa, días después de que el Senado mandara a revisión presidencial a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sin embargo, desde ese momento el presidente dejó claro que presentaría una nueva legislación que permita que delitos contra menores de edad no estén incluidos en los beneficios que reciben quienes se acogen a esta jurisdicción, pero aseguró que no podría objetar la JEP.
Incluso Duque sostuvo que es “preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.
Hoy, 20 días después de estas declaraciones, el presidente hizo público su rechazo a la ley estatutaria de la JEP. Decidió devolver al Congreso esa norma y argumentó seis puntos para sustentar ese movimiento. "He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente" aseguró en una alocución televisada.
