El 2 de agosto de 2016, los habitantes de La Paralela fueron testigos de cómo opera la alcaldía de Medellín cuando realiza una intervención urbanística.
Mientras en la ciudad se respiraba un ambiente de Feria de Flores, Tomás Elejalde (el gerente del metro), Aura Marleny Arcila (concejal), Carlos Alberto Zuluaga (concejal), Jesús Aníbal Echeverri (concejal), Héctor Preciado (concejal) y Sergio Gaviria (el gerente entonces del Isvimed) realizaron un proceso de socialización de lo que implicaría la construcción del Metrocable El Picacho.
La socialización inició con el endulzamiento de oídos del concejal que más ha trabajado de cerca con esta administración municipal, Jesús Aníbal Echeverri, quien manifestó que dentro de sus propuestas al alcalde y al gerente del metro estaría entregar llave por llave a los pobladores del barrio. Así mismo, afirmó que reasentamiento en sitio no se debería ni pedir porque eso es una obligación y los que reciben menos de 70 salarios mínimos tienen un subsidio para adquirir otra vivienda, ya que los demás podrían comprar en la Patagonia si les diera la gana. Estas palabras alegraron a toda la comunidad, la cual terminó aplaudiendo a quien sería su verdugo.
Meses más tarde, los habitantes notaron que lo prometido no se iba a llevar a cabo, por eso convocaron a una rueda de prensa, en la cual Julio Tangarife comenzó diciendo lo siguiente: “Lo primero son las mentiras por parte de la Alcaldía, del Metro y del Isvimed. Estábamos hablando de reasentamiento en sitio, prometieron lotes, prometieron apartamentos en seis meses y en este momento no tenemos nada de eso. Segundo, el problema que nos afecta son las ofertas de compra, si supuestamente debemos salir en iguales o mejores condiciones, en este momento con las ofertas que nos están dando, con eso no alcanza para tener una vivienda digna”.
Esta situación la representa en carne propia Julio Mazo, quien tiene como oficio ser palero en construcciones y lleva viviendo 35 años en la comunidad de La Paralela. Él recuerda nostálgicamente cómo los vecinos del barrio construyeron el sector, conectaron el agua y forjaron el vecindario en un lugar que tiene una ubicación central en la ciudad.
“El Isvimed ha venido varias veces acosándolo a uno para salir. Tuve una conversación con los funcionarios y ellos aseguran que debo conseguir una casa con 39 millones, sabiendo que no voy a conseguir una casa por eso. Yo a ellos no les estoy pidiendo plata, lo que les estoy pidiendo es una vivienda como esta que tengo. Dicen que si la vivienda vale 70 u 80 millones de pesos, debo pagar el excedente. No tengo de a dónde, y si a ellos les interesa el terreno, pues que paguen lo que es”, aseguró Mazo.
Actualmente Julio Mazo vive con su madre que sufre de Alzheimer y tiene 98 años, la pregunta que se hace es ¿a dónde se va a ir a vivir o a dejar a su madre si con ese avalúo no le da para adquirir una nueva vivienda?
Su caso es similar al de Julieth Andrea Gómez y Jesús María Vásquez, quienes como vecinos del barrio La Paralela tienen algo en común: el Metro de Medellín contratado por la alcaldía para realizar la obra los quiere despojar de sus viviendas con una compensación irrisoria y con acoso psicológico por parte de Isvimed, con el ultimátum de que deben abandonar su casa por la oferta de compra que no les alcanza para adquirir una nueva vivienda. A Julieth Gómez le ofrecieron cerca de 70 millones de pesos, si no acepta le hacen pago catastral por 19 millones de pesos; en el caso de Jesús Vásquez ofertaron 40 millones de pesos por cinco piezas.
“Somos vecinos afectados por el desarrollo ¿cómo es posible que la Lonja desconozca el parqueadero de mi propiedad? Diciendo que es un área transitoria, si uno busca en las constructoras es un área movible, es decir, por la cual se puede transitar y circular. ¿Cómo pretenden que me lo lleve para la zona que me están despojando? No tienen en cuenta estudiantes que estamos estudiando por presupuesto participativo o EPM, si nos vamos de nuestras comunidades perdemos el beneficio. Estos ladrones me están quitando mi futuro y mi vivienda, entonces ¿qué futuro y vivienda voy a tener si luego no tengo estudio?” inquirió Julieth Gómez.
Jesús María Vásquez es un adulto mayor habitante de La Paralela, está enfermo, agotado y es una persona con discapacidad que tiene un grupo familiar compuesto por cinco personas.
“La situación es que tengo una vivienda que está conformada por cinco habitaciones. La sala, patio, cocina, baño, zona de acceso, segundo piso con posibilidad de construcción de dos pisos más. El Isvimed mandó a hacer el avalúo, y éste apenas fue de la mitad de la casa. Incluso, el documento dice que consta solo de dos habitaciones, apenas me ofrecieron 40 millones de pesos y desconocieron tres habitaciones” advirtió Vásquez.
A esta coyuntura adversa se suma que durante este proceso llegaron los “muchachos” del barrio, quienes han delinquido en este sector, en este caso presuntamente mediante AMSA (Corporación Ambiente Sano), la cual es dirigida por “Alonso”.
Esta organización luego de que las personas hayan “negociado” con el Isvimed la oferta de compra sellan la casa, abren un hueco y se roban sus enseres, los cuales venden y por ello obtienen el pago por sus servicios de presionar y sacar a la gente más rápido para que puedan construir la obra.
Aunque le preguntamos a la administración municipal mediante un derecho de petición por la relación contractual que sostiene con esta organización, aseguraron literalmente que no existe contrato con la entidad mencionada. Sin embargo, lo peculiar es que el Estado por acción u omisión permita que sus habitantes se vean intimidados por los “pelados” del chaleco azul en un lugar donde se está ejecutando la obra del Metrocable El Picacho, algo que no ocurrió durante más de 30 años en el sector.
La directora de IBSER (Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas), Elizabeth Montoya, hace un análisis sobre a qué se debe este fenómeno en la ciudad: “En este momento los combos son muy importantes, porque ellos ayudan a limpiar los barrios. A ellos hay políticos o empresarios que les pagan años antes, para que cuando llegue una obra, asusten a los habitantes y así no tengan que hacer una reubicación a moradores. El pago a moradores tiene un costo alto, si dentro de la infraestructura se tienen en cuenta estos costos, hay veces que el proyecto no da porque son más los gastos que los ingresos”.
Mazo manifiesta que cerca de su exvecina, María Cristina Martínez, quien dejó el barrio, le tumbaron las casas sin ella autorizar, sin ella desocuparla, por lo que infiere que hicieron lo mismo con la de él, comenzándola a derribar sin ni siquiera haberse ido de su casa.
“Nosotros no estamos en contra del progreso de la ciudad, muy bueno el progreso, lo que estamos en contra es del atropello que están cometiendo para este progreso. El Metro y el Isvimed se mantienen diciendo que ellos tienen plata para esta obra, entonces ¿por qué nos están tratando de sacar con limosna? Si ellos tienen tanta plata, porque dicen que tienen muchos millones ¿por qué no nos quieren pagar las casas? A Cristina le tumbaron las casas sin nisiquiera haber autorizado para que se las destruyeran” concluyó Mazo.
Recientemente, los encargados de la obra han hecho dos daños en la tubería, al principio con la máquina dañaron el acueducto y quedó botando agua toda la noche. Estos servicios los está pagando la comunidad y luego viene en la cuenta de la factura. Incluso, hace poco estuvieron sin agua toda la noche y durante toda la mañana del día siguiente.
Mediante un derecho de petición, el Isvimed informó que el número de familias impactadas asciende a 430 familias, 340 viviendas y un total de 548 personas, para las cuales destinó un presupuesto de diecinueve mil setenta y dos millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos veintinueve pesos (19.072.553.729) para indemnizarlas.
Si bien la Lonja Propiedad Raíz es la encargada de realizar el avalúo de los predios, evidenciamos que si dividimos esta cifra por vivienda daría un poco más de 56 millones de pesos o por persona un poco más de 34 millones de pesos, una cifra irrisoria para que esta comunidad salga bien librada de este proyecto con casa propia.
Según el alcalde, Federico Gutiérrez, esta obra beneficia a 160 mil personas e indirectamente a más de 400 mil personas con un costo de 290 mil millones de pesos, algo indiscutible para el beneficio de quienes se desplacen a su trabajo o a sus quehaceres. Sin embargo, la comunidad de La Paralela recordará esta obra como un atropello, ya que se han visto perjudicados y aún no pueden creer que sea el Estado el que enseñe a delinquir.
