Los habitantes de Buenaventura hablan del tema en voz baja. Y no es para menos: a diario se oye decir que el cuerpo de alguien fue encontrado desmembrado. Esa macabra práctica, sin embargo, parece ser que se volvió habitual en el mencionado puerto sobre el Pacífico colombiano, mientras las autoridades militares y de policía dejan traslucir a la prensa sus escrúpulos con respecto a cuáles aspectos de semejante barbarie pueden permitir trascender a la opinión.
Los sitios donde se practican los desmembramientos se conocen como “casas de pique”. Del tema han conocido en el pasado la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, sin que el asunto se hiciera visible a pesar de sus aterradoras connotaciones. Le tocó al obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero, sonar la alarma: “En Buenaventura hay ‘casas de pique’. La gente le cuenta a uno cómo a horas de la noche se oyen los gritos de las personas: ‘¡No me maten, no me maten, no sean malos!’. A esas personas casi digamos las pican vivas”, dijo hace poco el alto prelado a organizaciones no gubernamentales.
Resulta llamativo que tenga que ser la Iglesia la que suene las alarmas; o que sean las ONG las encargadas de poner megáfono a estas barbaridades, cuando es el Estado el que primero debe detectar, prevenir y reprimir cualquier tipo de brutalidad o salvajismo usando su propia estructura y poder.
Lo que sucede Buenaventura permite entender rápidamente por qué hay violencia en Colombia: ausencia total y absoluta del Estado: ejércitos privados rivalizando el control social, ausencia de servicios básicos, niños pidiendo monedas en la calle, extorsiones y homicidios, secuestro “exprés”. Los bandidos hacen respetar, además, las llamadas “fronteras invisibles”, que confinan barrialmente a sus habitantes como si todos fueran ganado de cierto corral.
No es difícil entender, en ese contexto, que en los últimos años —como apenas ahora sabe parcialmente la opinión— se hubiera trenzado en Buenaventura una guerra sin cuartel por el control de la droga entre dos bandas ‘narcoparamilitares’ conocidas como “La Empresa” y “Los Urabeños”.
Los criminales de lado y lado se resisten a que su competencia le gane a la otra en el envío de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Y en esa carrera, esas organizaciones pueden ofrecer numerosos puestos de trabajo para el crimen.
Fíjese el lector que el desempleo en el puerto, según cifras oficiales, supera el 60%. Mientras que el restante 40% de la aparente masa laboral incluye desde vendedores ambulantes hasta ‘rebuscadores’, o aquellas personas que a diario se levantan a ver qué resulta, y por la plata que sea. ¡Qué caldo de cultivo para la brutalidad y el terror!
Por el barrio Alfonso López centenares de personas viven en palafitos (¿qué será lo que le agradecen a Alfonso López con ese nombre?), es decir, en un tipo de vivienda primitiva construida en el agua sobre estacas, sin servicios públicos elementales. Cuentan los bonaverenses de esa área portuaria, que a las once de la mañana de un día cualquiera el olor a heces humanas es insoportable. Para un visitante no sería fácil entender cómo se puede vivir así, pero allá se acostumbraron. Demos por descontado que el olor a excrementos proviene del agua de la bahía y no intentemos imaginar a dónde van los residuos de las necesidades fisiológicas de estas humildes gentes.
Antes de escribir esta columna leí en la prensa que el gobierno había ordenado el viernes pasado la militarización de Buenaventura. Que había ordenado enviar 700 uniformados para que se sumaran a los 1.700 que ya estaban antes de que la violencia se recrudeciera. Pero ¿será que la presencia militar es la solución a décadas de abandono estatal? Lo dudo mucho. Pienso que otros ministros, no solo el de Defensa, deberían aparecerse por allá, no importa el calor y el fastido, ni el olor a heces ni a la sangre humana, ni la incomodidad de dejar sus cómodas poltronas en Bogotá.
Pero aunque dejen por un minuto sus poltronas, nada ganarán si no comienzan a reconocer la existencia del problema, lo cual es condición para su alivio. Preocupa mucho que en un consejo de seguridad en Buenaventura, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón hubiera minimizado que en el puerto existieran las 'casas de pique': “lo que hay son unas organizaciones que se vienen enfrentando y actuando con sevicia y descuartizando a sus víctimas”. Fíjense ustedes que esas declaraciones se contradicen con revelaciones previas del comandante de la Policía del Valle, coronel Mariano Botero, para quien “en desarrollo de los operativos realizados en Buenaventura se identificaron cuatro 'casas de pique' en el sector de Bajamar”.
Entonces: ¿qué pasa en Buenaventura? ¿Dónde están las decenas de desaparecidos de este año en el puerto?
