#ParaQueNoSeRepita
¿Qué es ser víctima de uno de los tantos crímenes que cometieron militares y policías? ¿Cuáles son los riesgos de asumir la vocería de los afectados? En una Colombia donde gran parte de la población cree que los victimarios fueron exclusivamente las FARC, el ELN o los grupos paramiliatres, la dignidad de Heroina Galeano, la persistencia del senador Iván Cepeda y la resilencia del Pueblo kankuamo, son voces del ángulo menos narrado del conflicto armado. Historias que hablan de la realidad que diferentes gobiernos, por decadas, han intentado borrar de la memoria nacional.
La Heroina que confornta la Sijin
Isaac Galeano Arango trabajaba como celador de un parqueadero en el municipio de Calarcá, Quindío. El 7 de diciembre del año 2000 fue el último día que su familia lo vio con vida. Esa tarde la Seccional de Policía Judicial e Investigación de Colombia (Sijin) llevó a cabo un operativo en la Finca de las Margaritas de la vereda Quebrada Negra, en respuesta a un reiterado caso de extorsión en la región.
Según testigos, en el operativo 5 agentes de la SIJIN detuvieron a Galeano y se lo llevaron sin camisa en una camioneta blanca. Nadie más lo volvió a ver desde entonces.
Heroína Galeano, hermana del desaparecido, comenzó una búsqueda que hoy, 18 años después, no termina. Lo primero que hizo fue denunciar el caso junto a su hermana, Rocío, en la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Mientras ellas se basaban en los testimonios de quienes aseguraban que Isaac había sido detenido por la Sijin, los oficiales y suboficiales responsables por el operativo y acusados por la desaparición forzosa de Galeano negaban que esto hubiera ocurrido. Después de 4 años en los que la familia Galeano fue constantemente amenazada, hasta el punto en que Heroína tuvo que desplazarse a Bogotá, el 15 de septiembre de 2004 el mayor Hugo Javier Agudelo Sanabria fue declarado como coautor de la desaparición forzada de Isaac Galeano y el teniente Óscar Javier García, el subcomisario Diego Hernández y los sargentos Pedro Barreto y Rodibelson Hernández fueron destituidos.
Sin embargo, a escasos meses la decisión de primera instancia fue apelada, el fallo revocado y los implicados absueltos. La desilusión de Heroína frente a la justicia colombiana le dio fuerzas para buscar ayuda de terceros. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, comprometido con esclarecer la verdad entorno a los crímenes de Estado, la ayudó a llevar el caso de Isaac a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 15 de octubre de 2007 el caso fue admitido por la institución internacional.
Así como Isaac Galeano, hay más de 45.944 desaparecidos forzados en Colombia, cuyas familias buscan por años respuestas que no llegan. El Estado, además de ser responsable en un sinnúmero de estas desapariciones, no cuenta con un sistema judicial que responda de manera efectiva ante la cantidad de denuncias, y por esta razón muchos casos quedan en la impunidad. Por ahora, Heroína espera que los responsables de la desaparición de su hermano sean judicializados y que el cuerpo de Isaac les sea entregado para darle cristiana sepultura. Como lo sugiere su nombre, Heroína no se rinde ni le teme a nada. “Así como David tumbó a Goliat con una piedra, ¿por qué uno con la verdad que es tan grande no va a poder derribar toda la verdad que estamos viviendo aquí en Colombia?”
Iván Cepeda, el senador de las mil batallas
El 9 de agosto de 1994 fue asesinado el senador y líder de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Cifras oficiales indican que alrededor de 300 militantes del partido político fueron asesinados por paramilitares, miembros del Estado y narcotraficantes. Sin embargo, otras cifras sugieren que el número de víctimas asciende a 1.500 y algunos, inclusive, aseguran que los números llegan a 5.000.
16 años después del asesinato de Cepeda, y tras un largo proceso judicial encabezado por su hijo, Iván, la Corte le exigió al Estado colombiano, condenado por la participación de sus agentes en el asesinato del líder político, que reconociera su culpabilidad en un acto público. Lo anterior marcó un precedente, pues fue la primera vez que el Estado aceptó su responsabilidad en el asesinato de un dirigente político. Sin embargo, es un caso excepcional, pues la mayoría de las víctimas de crímenes de Estado no han sido reconocidas como tal y los casos de sus seres queridos asesinados siguen en la impunidad.
Aunque no hay cifras exactas que revelen cuántas víctimas de crímenes de Estado hay en Colombia, según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de las 45.944 víctimas directas de desaparición forzada, 84% son atribuidas a grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública. Así mismo, según el colectivo, entre 2002 y 2010 las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales dejaron 4.475 víctimas. Por su lado, el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica indica que en los más de 60 años de conflicto armado, los paramilitares son responsables del 69% de los asesinatos selectivos con 1.982 masacres. El 56 % de estos casos son atribuidos a grupos paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto.
Uno de los voceros de las víctimas de crímenes de Estado más reconocidos a nivel nacional, Iván Cepeda, reflexiona sobre la responsabilidad que tiene el Estado colombiano frente a las víctimas del poder político, económico y de la institucionalidad que rige estos poderes. Así mismo, Cepeda reconoce que la impunidad frente a los crímenes de Estado representa un desafío que lamentablemente puede costar la vida.
Atanquez: sobrevivir al exterminio
En medio de los ríos Chiscuinlla y Candela se encuentra Atánquez, un pueblo de calles empedradas donde conviven aproximadamente 6060 habitantes, entre ellos kankuamos, wiwas, wayús y arhuacos. Fiel a su significado en kankuamo, “trabajo, lucha y defensa”, Atánquez ha sido territorio de resistencia indígena. Debido a su estratégica ubicación en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, tanto grupos guerrilleros como paramilitares se han disputado el territorio durante décadas, dejando más de 300 personas asesinadas y obligando a más de 400 familias a desplazarse de sus tierras.
Conscientes del exterminio del pueblo kankuamo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) comenzó a trabajar con la comunidad. Durante 15 años ha colaborado en el litigio de los casos y realizado actividades de formación que tienen como objetivo fortalecer los procesos de memoria en la región y aportar a la verdad histórica del país. Actualmente el CCAJAR está llevando a cabo sus Escuelas de la Memoria en el territorio. En septiembre, 50 participantes de esta iniciativa hicieron parte de la metodología de Cine para Sanar.
El 28 de septiembre se proyectó, de manera gratuita y al aire libre, el documental El Silencio de los Fusiles, un retrato íntimo sobre el fin de la guerra con las Farc. La mañana siguiente, los participantes de la Escuela de Memoria, provenientes de distintas partes de la región, participaron en el taller en comunicación noviolenta y asertiva inspirado en el documental.
