Los servicios públicos domiciliarios tienen como marco constitucional el artículo 365 de la Constitución Política de 1991 que autoriza su privatización. La puso en marcha la Ley 142 de 1994, convirtiendo a los usuarios en clientes y permitiendo la ganancia como móvil principal, obtenida a través de las tarifas. En el sector eléctrico, regido además por la Ley 143 de 1994, se entronizó un negocio oligopólico (pocas empresas) en sus eslabones de generación, transmisión, distribución y comercialización, en los cuales predominan las empresas privadas, principalmente trasnacionales, y mixtas, cuyo interés principal también son las utilidades. La peor parte la llevó la Región Caribe, donde los gobiernos neoliberales de los años noventa desmantelaron la empresa oficial que controlaba todo los eslabones y le entregaron a la insaciable Unión Fenosa (hoy Naturgy) el monopolio de la distribución y comercialización de la energía de casi la cuarta parte de los usuarios del país, con las desastrosas consecuencias que hoy persisten, a pesar de la intervención de la Superservicios hace más de dos años. Todo indica que seguirán tiempos peores con las alzas tarifarias y la segmentación del mercado. Un motivo más para la oposición activa de la ciudadanía, que viene organizando la defensa del patrimonio público en toda la región.
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (páginas 530-543) que el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso detallan las iniciativas sobre el sector eléctrico que las mayorías oficialistas tratarán de aprobar, pero que cuentan con la resistencia y movilización de los más amplios sectores sociales y políticos. Y con toda razón. Allí se establece “la coordinación entre las entidades del Estado para el cumplimiento del artículo 365 de la Constitución Política y proveer las facultades para liderar dichas acciones (…) Además de la participación predominante del sector privado en los servicios públicos, se debe contar con instancias que mitiguen la afectación de la continuidad del servicio, en el evento que dichos actores [privados] pierdan la capacidad financiera o la idoneidad para dicho servicio público con medidas equiparables tomadas en el sector financiero en los años 80 y 90 con la creación de Fogafin”, es decir, lo que se ha llamado la socialización de las pérdidas en contra de la población colombiana y elevada a rango de ley.
Pero también hay una cantidad de programas enfocados en refinar las políticas a favor de segmentos minoritarios, entre ellos, el Mercado Anónimo Estandarizado, que “transará futuros de energía, transacciones tipo Exchange, mecanismos para eliminar riesgos crediticios”. El gobierno designará una misión de alto nivel para la transición energética y modernización del sector. Se implementará la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), la digitalización, las microrredes, los equipos de almacenamiento de energía, los recursos energéticos descentralizados para agrupar a los prosumidores, los esquema de tarifas horarias, los nuevos artefactos eléctricos etiquetados (de los cuales habló la Vicepresidenta Ramírez), y, en fin, la focalización en la asignación de subsidios (el artículo 179 elimina el del estrato tres y rebaja el de los estratos uno y dos).
Nada bueno se puede esperar de un gobierno continuista acondicionado en los organismos internacionales del capital financiero para implementar sus intereses caducos, que solo ruina traen a las mayorías creadoras de la riqueza social. Pero se sienten ya los aires de cambio social. La ciudadanía está en un proceso de acumulación de fuerzas y de toma de conciencia, como lo demostraron los procesos eleccionarios del año 2018 y el portentoso movimiento estudiantil, que mostró el camino de la movilización y lucha con una dirección acertada.
