El tratamiento que el expresidente Uribe ha dado a los educadores oscila entre la persecución abierta y sin tapujos y el acercamiento “amoroso” y calculador en procura de sus votos y respaldo. Hoy los mismos maestros que lo apoyaron para ser gobernador de Antioquia en 1994, le resultan unos agitadores dedicados al proselitismo político a los cuales hay que meter en cintura con normas y leyes draconianas.
El expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático adelantan una bien calculada campaña de desprestigio contra los educadores colombianos y su organización sindical Fecode que incluye trinos, acusaciones de realizar proselitismo político en las aulas y un proyecto de ley abiertamente punitivo y antidemocrático contra los maestros.
En 1994 Uribe decidió ser gobernador de Antioquia y para tal propósito buscó y logró el apoyo del magisterio. Apoyo que resultó definitivo para derrotar a su rival de turno, el conservador Alfonso Nuñez Lapeira, la carta de su archienemigo de entonces, el dirigente Fabio Valencia Cossío. Uribe logró una apretadísima victoria, ganó por apenas 5.817 votos. El apoyo brindado por los educadores a través del Magisterio Unido de Antioquia y del Movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social que dirigía Jaime Dussán, expresidente de Fecode, fue clave en la elección de Uribe como gobernador. Este en contra prestación nombró a un maestro y líder sindical como subsecretario de educación del departamento. Cargo que ocupó durante los tres años de gobierno.
La luna de miel de Uribe con los educadores duró muy poco. El magisterio durante su dos mandatos (2002-2010) fue víctima de las estigmatizaciones y señalamientos propios del régimen de la seguridad democrática, así como de la imposición de un modelo educativo dictado por los organismos internacionales La persecución ejercida desde el Ministerio de Educación bajo la rígida férula de Cecilia María Vélez, provocó el rechazo del magisterio, que pasó cuenta de cobro a Uribe realizando una campaña nacional contra el derrotado referéndum del 25 de octubre de 2003.
La pretensión de limitar la libertad de cátedra y de pensamiento de los maestros, para frenar una supuesta acción proselitista, constituye no solo un ataque a los educadores, sino también, y especialmente, a la educación. Como lo señala Julián de Zubiría “la libertad de cátedra y de opinión ha sido un principio esencial en las democracias y es una de las maneras de materializar el derecho a la libertad de expresión y una de las principales garantías para el desarrollo científico en una nación. La libertad de cátedra se creó para impedir que los gobernantes de turno intervengan en lo que los profesores investigan y enseñan. Se trata de garantizar las libertades esenciales de los docentes a pensar y expresar sus ideas e investigaciones. En general, sin ella, no se desarrollaría la ciencia”. Todas las dictaduras han prohibido las libertades de pensamiento, publicación y expresión. La razón es sencilla: le temen a la autonomía y al pensamiento libre. Quieren borregos y no individuos con criterio y autonomía intelectual”. De allí que la propuesta del representante Edward Rodríguez ha sido muy común en las dictaduras de extrema derecha y extrema izquierda, pero no en las democracias”.
La propuesta del representante Rodríguez pareciera inspirada
en la vergonzosa e inaudita norma que rigió en el país
en la época de la hegemonía conservadora y la reciedumbre de Laureano Gómez
La propuesta del representante Rodríguez pareciera inspirada en la vergonzosa e inaudita norma que rigió en el país en la época de la hegemonía conservadora y la reciedumbre de Laureano Gómez:
“Disposiciones sobre Escalafón Nacional de Enseñanza Primaria
“Artículo 37. Se entiende por mala conducta:
- a) La comisión de un delito, salvo los casos de justificación y de excusa contemplados en el Código Penal; b) Haber sido sancionado por contravenciones por dos o más veces; c) La embriaguez frecuente; d) El vicio del juego; e) El amancebamiento; f) El adulterio; g) El irrespeto a la dignidad sacerdotal o clerical; h) El abandono del hogar; i) La intervención en política de partido, como conferencias, campañas en pro o en contra de candidaturas para cargos de elección popular, propaganda periodísticas o participación en juntas políticas; J) Notorio incumplimiento de las obligaciones familiares o públicas, desorganización en la vida privada, económica o social; k) Desobediencia a las normas del Gobierno o de los superiores en materia de educación pública, o la sistemática renuencia o indiferencia para cumplirlas; l) La prostitución de la mujer.
“Artículo 38. Se presume la mala conducta, y es suficiente causa para la exclusión del Escalafón, el Maestro o Maestra que dé motivos a comentarios adversos sobre su conducta moral.
Parágrafo. Solo se aceptarán como pruebas para la comprobación de este hecho, la certificación juramentada del respectivo Párroco y las declaraciones también juramentadas recibidas ante un juez competente, de tres vecinos de insospechable honorabilidad, a juicio de la primera autoridad administrativa del lugar”.
Es impensable una educación que no estimule el sentido crítico de los estudiantes en torno a la realidad social que los circunda. Los maestros abrigaban la esperanza y la ilusión de que este país se puede ejercer libremente una profesión que por su naturaleza obliga al libre examen, a mirar la realidad, dura y pobre, que viven los millones de niños que asisten a la educación pública.
El propósito totalitario de una escuela con un método de enseñanza único, una verdad única, un libro de texto único, una historia oficial que el maestro debe repetir al pie de la letra, un maestro policía del pensamiento es una aberración, es un imposible.
El proselitismo en las aulas de clase ha sido condenado siempre y existe una amplia legislación que lo sanciona. El Estatuto Docente 2277, actualmente vigente, establece, en el artículo 46, la utilización de la cátedra para hacer proselitismo político, entre las causales de mala conducta e ineficiencia profesional, que pueden llevar a la exclusión del escalafón. De igual manera la Ley 996 de 2005, reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, considera como falta gravísimas de los funcionarios públicos, incluido el magisterio: 1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. 2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político.”
La propuesta del Centro Democrático no tiene nada de novedosa. Se trata de un falso positivo legislativo, una bien calculada campaña de desprestigio contra el magisterio con inocultables propósitos políticos, que lesiona elementales derechos de los educadores y es contrario a los principios democráticos que deben regir la educación. Un regreso al pasado autoritario, un paso más en el propósito de convertir al país en tierra fértil del orden y el pensamiento de derecha.
