Sabemos que no podrá haber paz sin justicia y que todo intento por ocultar o manipular la voluntad del pueblo no es base sólida para edificar una paz sostenible y la reconciliación nacional. No se hace nada grande en contra de la voluntad del pueblo. La Colombia que está naciendo, la casa que todos juntos estamos construyendo no puede nacer olvidando el pasado. Lo que entonces era verdadero, no puede ser falso hoy. Si se hubiesen acatado las normas de la actual Constitución que llama al respeto de la decisión soberana del pueblo, la Justicia Especial para la Paz (JEP) debería haber sido abandonada, abolida o declarada nula de plano. Lo que está sucediendo ahora es vergonzoso. Es como si nunca se hubiera celebrado el referendo, y se hubiera vuelto a la vieja rutina de La Habana, con todas las conversaciones y las negociaciones celebrándose a puerta cerrada. Si violamos el Derecho acabaremos con la Colombia; hay que respetar el derecho. Hemos vivido tanto tiempo con la impunidad que la justicia se convirtió en un preciado ideal. Sin embargo, debemos mirar al futuro.
Permítame ahora a abordar nuestra principal preocupación desde la perspectiva de la ley estatutaria de la JEP, la cual fue enviada al Presidente de la República para su aprobación, que decidirá si se ajusta a la Carta Magna y expresar un juicio político global sobre su calidad. Esta debe ser cuidadosamente analizada en profundidad y de forma exhaustiva en los términos definidos en la Constitución Política de la República. La contradicción se debe a la gran contradicción de la JEP, por decirlo suavemente. Todos somos plenamente conscientes de las consecuencias de la decisión del presidente para la supervivencia de la propia institución y del delicado carácter político que este proyecto de ley implica para Colombia y la Comunidad internacional. Se trata de un asunto que requiere absoluta objetividad y atención a la Constitución, a los derechos humanos y al derecho humanitario y cuya complejidad se basa en una contradicción interna de los textos (los puntos flacos, errores y omisiones): considero indigno que el país se fragmente o se desmorone en este asunto.
Se impone una reflexión jurídica de altísimo nivel: ¿cuál debe ser el papel del presidente? ¿el papel debe quedar limitado a decir "Amén " a la JEP? Yo creo, que no debe ser así. No se debe poder condenar a un presidente porque aplique el principio de cautela, porque proteja su Constitución o porque rechace decisiones que, a ciencia cierta, puede tener unas consecuencias irreversibles en todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas, incluidas las que garantizan a las mujeres y los niños el pleno disfrute de sus derechos humanos. Se trata de una confusión política, pero no jurídica. Creo que esta decisión tiene carácter histórico por dos razones: en primer lugar, porque la JEP es un sistema judicial destinado para funcionar por cerca de veinte años. El segundo factor es que, debido a la coyuntura política, un mayor acuerdo respecto del ámbito de aplicación, el contenido y las posibilidades para su ejecución resulta imprescindible de cara al futuro.
Si hoy pudiera hacer un llamamiento al presidente en lo que respecta a la JEP, le pediría que no renuncie a los principios fundamentales consagrados en el derecho internacional, a los principios de justicia y a la democracia constitucional que inspiran a nuestras sociedades. El país necesita de un mandatario que haga uso de un patriotismo constitucional y no renuncie a su atribución constitucional exclusiva y a su derecho a objetar por razones justificadas de orden jurídico, económico, social y político u oponerse a ciertos proyectos de ley. No hay ningún motivo para acelerar la aprobación de una ley tan importante y todo justifica corregir los defectos de la ley vigente que no cumple lo dispuesto en la Constitución. Si tras un minucioso examen de la validez de la ley se confirme que no cumple plenamente lo dispuesto en la constitución, el presidente no podrá firmar algo o sancionar un proyecto ley de lo que se le podrá culpar o avergonzar en el futuro. Sabemos que la ingratitud es como un fuego fatuo. Sea cuidadoso para conservar la lealtad de los electores. Será una vara para medir la confianza. Los informes de la Fiscalía General de la Nación son evidentes, la nueva ley lleva consigo defectos gravísimos en numerosos puntos y no solamente para delitos mucho menos graves, en los que debería prevalecer la legislación ordinaria. Este va a ser uno de los principales obstáculos a la dura tarea de hacer prevalecer la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas en todo este proceso. Tenemos que demostrar a los contribuyentes y a las víctimas que nos tomamos en serio sus preocupaciones y miedos.
Señor presidente, creemos que a usted se le juzgará no solo por su capacidad de conseguir resultados, sino también de propagar soluciones u optar por el traidor hielo del compromiso. Esta es realmente la última oportunidad de cambiar la situación, reiterar su solicitud de reconsideración urgente dirigida a las cámaras para mejorar algunos de sus puntos y alcanzar un compromiso que resulte aceptable para todas las partes implicadas. Esta decisión constituye un primer paso hacia una respuesta amplia e integrada de consolidación de la paz y la justicia y al final de la impunidad, porque, en derecho, la jurisprudencia es una realidad. Quisiera que nos centráramos en dar satisfacción moral y prestar ayuda a todas las víctimas, porque la presidencia será juzgada sobre esta base: luchar contra la impunidad y hacer justicia a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional. Corresponde ahora al mandatario enviar una señal firme de que está dispuesto a ser implacable con la impunidad y con las causas y los perpetradores y tener en cuenta las recomendaciones y su imperio jurídico en la constitución. Evidentemente, cualquier decisión que se adopte en esta dirección deberá inspirarse en el respeto de la constitución y de acuerdo con el principio de cooperación leal entre las instituciones y sanos equilibrios entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una vez se incorporen en la ley las modificaciones recomendadas y disposiciones que faltan se pueden beneficiar tanto las víctimas como las instituciones. Mis últimas palabras son una petición al presidente, que creo que accederá a ello. Muchas gracias por su atención.
