Es triste decirlo, pero definitivamente el mensaje que nos da nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestros funcionarios públicos es que el crimen sí paga. Soy periodista de profesión y docente de vocación, pero lo que me pasó en las vacaciones al comienzo de este año fue francamente descorazonador.
El martes 8 de enero de 2019 me dirigía con mi familia a la población de San Gil (Santander) a disfrutar con mi esposa e hijos de unas necesarias vacaciones. Después de pasar la población de Oiba, dos agentes de policía me señalaron y ordenaron orillarme. Yo iba controlando mi velocidad pero pensé que, de pronto, podía haberme pasado del límite de velocidad. Me detuve y un agente me pidió mis papeles. Luego, me preguntó con cierto tono de sorna: "¿Sabe por qué lo estoy deteniendo?". "La verdad no lo sé. Usted es la autoridad. Dígamelo" le respondí.
Se quedó mirando los papeles y luego me espetó en mi cara que lo había hecho porque había sobrepasado un vehículo en zona prohibida. Tal fue la sorpresa mía que miré a mi esposa e hijos y todos estaban cariacontecidos. Le pregunté al agente que a qué carro había sobrepasado. Me señaló a lo lejos y me dijo: "A esa camioneta que lleva en el platón unos tanques de agua potable".
La sorpresa fue mayúscula. Unos veinte segundos antes de que me pararan había yo bromeado con mi familia sobre una camioneta blanca que teníamos Adelante. Les dije: "¿Tienen sed? Cuando quieran pueden coger el agua que quieran de esa camioneta".
En ese momento fue cuando me pidieron detenerme los policías de este relato. Yo le argumenté eso mismo al agente y la respuesta de él fue olímpica: "¿Y yo para qué me voy a inventarle un comparendo? Yo a usted ni lo conozco".
Como periodista, pero más como ciudadano, no estoy dispuesto a cohonestar la corrupción, por lo que no pensé en ofrecerle dinero ni dádiva alguna. El policía se llevó los papeles y espero un rato. Como no salí de mi automóvil, envió al otro agente para que yo firmara el comparendo. No fue capaz de ir él mismo, como lo ordena la ley si es él quien impone la multa. A este último policía le pregunté sobre cómo podía impugnar la sanción y me dijo que tenía que ir varias veces a Oiba para las audiencias de descargos ante un juez del municipio. ¿A qué horas iba a volver yo a Oiba si tenía que regresar a Bogotá a trabajar? Decidí no amargarme más la vida y seguir mis programadas vacaciones en familia.
Sin embargo, el desencanto fue en aumento. Por curiosidad miré en internet a cuánto ascendía la multa y quedé mudo. La multa era de un poco más de 800.000 pesos. Si pagaba en los primeros cinco días hábiles, me hacían un descuento del 50%, pero debía tomar un curso pedagógico que le ocupa a uno como mínimo medio día. La única solución era llegar del viaje e ir a pagar la multa inventada por el agente de policía.
Volví a Bogotá el domingo 13 de enero. Al día siguiente cancelé el dinero de la multa en Movilidad de Bogotá y, en seguida, me metieron en un salón para darnos a los infractores una capacitación sobre las normas de tránsito del país. El instructor comenzó a preguntar a la gente por qué estaban ahí, para luego hacer comentarios jocosos sobre cada situación. Cuando llegó hasta mi puesto le relaté mi caso. Me escuchó, se quedó pensativo y comentó: "Sí, es triste. A veces esas cosas pasan. Es que a los agentes de tránsito les ponen cuota para que trabajen, porque de lo contrario no hacen nada durante el día".
Me quedé de una pieza. Al salir del curso me puse a reflexionar y, desafortunadamente, el aprendizaje que me quedó es muy triste. Si hubiera salido de mi vehículo y le hubiera hablado al agente de que hay 50.000 maneras (pesos) de arreglar el problema, seguro que no me hubiera puesto el comparendo, me habría ahorrado $364.100 (la multa fue de $414.100) y no hubiera perdido medio día de mi tiempo en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
El impugnar el comparendo tampoco es la solución. Como me lo confirmó el instructor después de la “capacitación”, esas impugnaciones son la palabra del conductor contra la del agente. Casi siempre gana el agente. Además, si no la gano ya no se aplica ningún descuento. En mi caso me hubiera tocado ir a Oiba (¿con qué tiempo?) y, al no lograr la impugnación, habría tenido que pagar la multa plena de $828.200.
Es lamentable que en nuestro país uno tenga que tenerle miedo no solo a los delincuentes, sino a las propias autoridades que abusan de su cargo y poder, colocándose al nivel de los mismos criminales que ellas deberían controlar y castigar. Si uno le teme a quienes deben velar por el cumplimento de la ley y el mantenimiento del orden público, entonces… ¿a quién recurrir? Tristemente el mensaje en Colombia es que acá el crimen sí paga y el vivo vive del bobo. Es que cuando la sal se corrompe… apague y vámonos.
