En materia económica, los gobiernos de Uribe fueron catastróficos para las clases populares. Sin embargo, el uribismo y sectores conservadores del país nos han vendido la idea que los 8 años de gobierno fueron un boom de prosperidad en materia económica para el país, fruto de una gran gestión. Los indicadores macroeconómicos que utilizan para vanagloriarse son principalmente los niveles de inversión extranjera en el país, de crecimiento económico y el aumento del PIB per cápita. Esos indicadores evidentemente tuvieron un comportamiento positivo: 4% en promedio fue la tasa de crecimiento durante sus gobiernos.
Esto no fue producto de una política que impulsara el desarrollo económico en el país, sino que estaba enmarcado en un contexto internacional de una bonanza petrolera que inició justo en el año 2002, disparando el crecimiento económico, el ingreso per cápita y la inversión extranjera. Para el año 2002, el precio del barril se situaba en 27 dólares, llegó a un máximo de 94 dólares en el año 2008 y cerró en 77 dólares al final de su mandato.
La inversión extranjera se concentró excesivamente en el sector minero, teniendo la explotación de los recursos naturales como apuesta productiva del gobierno. Además, se continuó el camino hacia la desindustrialización, a pesar de que los excedentes de la bonanza eran un capital importante para invertir en el desarrollo de ciencia y tecnología en el país.
Es importante señalar que la participación del sector industrial en la economía disminuyó durante los 8 años de gobierno.
Enfermedad holandesa
En el caso de economías que crecen principalmente a base de exportar commodities —economías exportadoras de productos mineros o petroleros —, el descenso de la participación del sector industrial tiende a ser más intenso.
A esto llamamos enfermedad holandesa, en la cual la abundancia de divisas producto de las exportaciones de commodities es acompañada por un aumento en el valor de la moneda nacional, lo cual reduce las exportaciones de productos industriales y agroindustriales, que son intensivos en mano de obra.
La torta nunca fue repartida
Durante los 8 años entregaron privilegios tributarios a las empresas, quedó un país altamente desigual. De hecho, según el PNUD de 2007 (informe de desarrollo humano del programa de las naciones unidas para el desarrollo), Colombia era el quinto país más inequitativo del mundo.
Uribe I inició con la reforma laboral (ley 789 de 2002) con la promesa de generar 1 millón de empleos, finalmente no se crearon más de 100,000. Flexibilizó el mercado laboral, afectando la estabilidad de los ingresos de los trabajadores, desmejorando sus condiciones, eliminando el pago de horas extras, disminuyendo pagos adicionales por domingos y festivos, recargos nocturnos y las indemnizaciones por despidos injustificados.
Aunque en las cifras el desempleo disminuyó en los 8 años 2,2% fue una cifra insuficiente, la calidad del empleo empeoro; si detallamos a profundidad encontramos que el subempleo pasó del 24,5% en 2002 a 32,8% en 2010, entiéndase por subempleo, el fenómeno por el cual el trabajador labora menos horas, o se emplea en puestos de calificación inferior a la que tiene o se ubican en unidades económicas menos productivas para no quedar sin trabajar.
La tasa de informalidad se mantuvo superior al 50% durante los 8 años de gobierno, de ese trabajo informal el 60% era trabajador por cuenta propia, 20% empleado particular y 7% empleado doméstico.
Finalmente aumentaron las utilidades del sector empresarial y desmejoraron los ingresos reales de los trabajadores, expresados en los niveles de desigualdad, manteniéndonos durante los 8 años entre los 10 países con menor IDH del mundo a pesar de la abundancia de recursos.
No siendo suficiente con eso, la ley 797 del 2003 o reforma pensional, aumentó las edades de pensión y el número de semanas de cotización. La principal consecuencia de la misma, fue desincentivar el ingreso de trabajadores al sistema pensional por su alto costo, condenando en el futuro a los adultos mayores a un estado de vulnerabilidad económica en su etapa improductiva.
Muchos activos del estado fueron privatizados, más de 13 grandes empresas: Bancafé, telecom, Granahorrar, electrificadoras de Cundinamarca y Santander entre otras, entregadas al sector privado y como consecuencia acabaron con una fuente de recursos al estado.
En los 8 años del gobierno de Uribe, la distribución de la riqueza se quedó solo entre los ricos, fueron años de bonanza económica y buenos indicadores macros, pero que nunca llegaron a las clases populares, y no conforme con no darles, les quitó lo que más pudo.
