Con los movimientos y paros campesinos del año pasado el país se sorprendió de los problemas —y casi se puede decir, la existencia—de un sector agrícola. La movilización espontánea de decenas de miles de agricultores llamó la atención como un tema de orden público, pero la verdad es que interesarse en la razón de esto, y de la situación que despertaba las protestas, no se logró.
En este momento parece que repetimos la historia sin que se haya avanzado ni en el diagnóstico ni en la solución.
Por el contrario, se ven presentaciones tan diferentes que es difícil saber qué sucede. El gobierno y sus voceros insisten en que nadie ha hecho tanto por el campo. Con menos insistencia que el primer ministro de Agricultura de este mandato, pero con igual convicción, nos hablan de reformas, de presupuestos, de políticas que el país nunca habría tenido pero que nos deben garantizar un futuro ideal. Las ‘dignidades’, o sea las bases, se manifiestan contra esa versión asegurando que, por el contrario, pareciera existir una política de negación de la realidad, que el agricultor y en especial el campesino pareciera verse como el enemigo del gobierno por la forma en que los trata, y que el sector rural nunca había estado peor. Los dirigentes gremiales cuestionan también lo que hace el gobierno pero se niegan a solidarizarse con las bases, las que a su turno se niegan a reconocer a los voceros de esas organizaciones como sus representantes.
Desde la época en que como viceministro el Dr. Andrés Felipe Arias llevó el mensaje a los arroceros del Llano de que para el gobierno si los agricultores se metieron solos en esa actividad solos debían salir, no se había oído algo tan despectivo e inaceptable como la declaración del ministro Lizarralde ante la misma agremiación diciendo que si no les servía esa actividad deberían salirse a buscar otra.
Entre los analistas económicos hay un consenso respecto al deterioro del sector, y a que ha coincidido con las firmas y desarrollo de los TLC, pero sin suficiente claridad o unanimidad en cuanto a la relación de causalidad. Se dan incluso casos como el del Dr. Rudolph Hommes que aún pregona que en vez de quejarnos por la competencia con los precios subsidiados de otros países deberíamos dedicarnos a aprovechar para volverlo un beneficio para nosotros e importar todo lo que tenga esas ayudas; en otras palabras, que no vale la pena producir nada aquí porque siempre se consigue más barato en alguna otra parte; el Mercado (así, con mayúscula) nos ordenaría prescindir de la explotación del campo y en consecuencia de todo lo que gira alrededor de él (desde la ocupación física y la vida de sus habitantes hasta la seguridad alimentaria de la Nación).
Al respecto aún no se entiende por parte de nuestros dirigentes que los subsidios que dan los países avanzados (la famosa anotación de que una vaca en Francia recibe más del Estado que lo que consume una familia media colombiana) no es para volverlos competitivos a nivel internacional y poder exportar sus productos a nosotros, sino porque los rendimientos en las otras actividades económicas (Industria, comercio, finanzas, etc.) son más altos y sin esos subsidios no se orientaría nunca ningún recurso a la agricultura o la ganadería; como sí consideran que la ocupación territorial, la autonomía alimentaria, el bienestar de los grupos poblacionales afectos al campo son prioridades nacionales no solo apoyan los desarrollos tecnológicos para mejorar la rentabilidad sino destinan otras inmensas sumas adicionales para mantener ‘vivo’ el campo (por ejemplo, el billón de dólares —un millón de millones de dólares— de la reciente ley americana).
Otra confusión de nuestros analistas de los problemas del agro es culpar al contrabando prácticamente de todas las dificultades que afectan a ciertos sectores críticos (v. gr. el arroz o la leche). El contrabando no es el problema sino la manifestación del mismo, puesto que lo que lo origina es la diferencia de precios —o sea de costos— con los mercados externos. Esto no se puede contrarrestar con medidas represivas sino con estímulos y mejoras en la producción local; culpar al contrabando de lo que sufren los productores es una variante del cuento del sofá y los cuernos.
Sin definir qué se quiere del campo nos podemos pasar la vida haciendo propuestas sobre cómo manejarlo, pero eso no nos llevará a lograr nada. Para llegar a algo es necesario fijarse un objetivo primero, después un diagnóstico que señale fortalezas y debilidades, limitaciones y posibilidades, y después sí definir políticas y medidas para alcanzar lo que se busca.
¿Se podrá hacer que el gobierno piense de esta manera?
