Desde el 1 de enero de 2016 se han registrado 566 casos de homicidios de líderes sociales y comunales, según Indepaz. A causa de esto, el presidente Iván Duque firmó el Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO) en noviembre del año pasado, y se comprometió a “proteger a los líderes y garantizar no solamente que haya prevención, sino una sanción a los que están detrás de estos crímenes abominables”. Sin embargo, en lo que llevamos del 2019 ha ocurrido 17 asesinatos más.
La Agencia Anadolu entrevistó a Érika Guevara, directora de Amnistía Internacional, el 7 de febrero de este año, sobre la respuesta del gobierno colombiano a este fenómeno en la época del posconflicto y ella respondió que “El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios. El sistema de justicia le ha fallado a todas las comunidades afectadas.”
Esta administración no muestra interés acerca de la situación de los asesinatos de los defensores de DD. HH., personas que pelean por recursos básicos y por la protección de sus comunidades de actores que atentan contra la paz. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) expresó el 9 de enero de este año que el Gobierno “no ha cumplido con el deber legal que le asigna la Constitución y las normas para proteger los líderes sociales que defienden el acuerdo de paz". Este es un movimiento conformado por cientos de víctimas y más de 200 organizaciones, aseguró que hay algunos de sus miembros que están en "situación de riesgo en al menos cinco departamentos del país".
Esto da a entender que el gobierno no ha actuado para solucionar este problema, cuando debería tener claros sus deberes con la nación y escuchar a las víctimas.
