La II Cumbre Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, que se llevó a cabo los días 1 y 2 de febrero en Bogotá D.C., contó con la participación de alrededor de 1400 representantes de víctimas y de organizaciones defensoras de víctimas de los 32 departamentos de Colombia.
Pues bien, los objetivos principales de la II Cumbre Nacional de Víctimas fueron:
1. Exigir la implementación del acuerdo final firmado en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP).
2. Incidir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
3. Exigir que el Estado colombiano respete, cumpla y prorrogue la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).
Desde el inicio de la II Cumbre Nacional de Víctimas, el 1 de febrero del presente año, algunos representantes de víctimas mostraron su inconformidad con la organización de dicha cumbre, debido a que esperaban contar con la presencia por lo menos de los ministros, dado el caso que el presidente Iván Duque Márquez no pudiera asistir.
Además, para organizar la agenda de la cumbre, al parecer, la Mesa Nacional de Víctimas, no escuchó la voz de ningún departamento a través de sus representantes, y la falta de comunicación entre las víctimas favorece la desunión e imposibilita la lucha conjunta por la garantía de los derechos fundamentales. La desunión entre las víctimas hizo que los asistentes a la cumbre se dividieran en dos grupos.
En las horas de la tarde del viernes 1 de febrero, un grupo marchó hasta la Plaza de Bolívar para procurar que los congresistas escucharan sus voces, pues en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, no está clara la inversión que hará el gobierno nacional para garantizar los derechos fundamentales de todo el pueblo colombiano, pero particularmente de las víctimas del conflicto armado, quienes hemos tenido que pagar el precio de la guerra con la vida de nuestros seres queridos. Al día siguiente, el día 2 de febrero, el grupo en mención se declaró en asamblea permanente. Algunas de sus solicitudes giraban en torno a que el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, renunciara a la Mesa Nacional, por presuntas irregularidades en su gestión y representación de las víctimas del conflicto armado.
Por otra parte, otro grupo de víctimas nos organizamos en mesas de trabajos, algunos de los temas abordados fueron seguridad y protección, Plan Nacional de Desarrollo, etnias, creación de las 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas, los derechos de las mujeres, análisis de la implementación de la ley 1448, entre otras mesas. La dinámica de trabajo giró en torno a escuchar las propuestas de cada representante, las cuales quedaron registradas en documentos macro para luego derivar cada propuesta a donde corresponda. Más allá de las múltiples propuestas que cada representante de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos humanos trajeron a las diferentes mesas de trabajo, la mayoría de las víctimas unimos nuestras voces para exigir al gobierno nacional la garantía del derecho natural, constitucional y universal a la vida.
El director de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entre otros especialistas, coinciden en que uno de los elementos principales para contrarrestar el asesinato de los líderes sociales es que haya justicia, es decir, que se sepa cuáles son las bases sobre las que se sustentan las bandas criminales y estas sean desarticuladas. Sin embargo, la posibilidad de que se investiguen a fondo estos crímenes se desdibuja cuando vemos que la persona encargada de esta labor investigativa cuenta con múltiples denuncias por corrupción. Además, el actual gobierno legitima la corrupción al no pedirle la renuncia para adelantar los procesos que están en su contra de manera imparcial. Con eso en mente, el clamor de la mayoría de víctimas del conflicto armado es para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue los asesinatos de los líderes sociales. Esa representa la única posibilidad de justicia en Colombia, porque el actual fiscal no cuenta con ningún tipo de credibilidad entre la mayoría de víctimas del conflicto armado.
Para cerrar, algunas de las exigencias que se harán al gobierno nacional son la implementación de los acuerdos de paz, la reanudación de los diálogos de paz con el Ejército de liberación Nacional (ELN), la no violencia contra Venezuela —principalmente la garantía del derecho a la libertad, fundamento principal de la democracia participativa de nuestro país—, el derecho a la vida sin el cual ningún otro derecho tiene fundamento, el derecho a la paz para vivir dignamente y el derecho a la seguridad para no vivir presos y presas del miedo y así poder usar la razón para solucionar los conflictos a través del diálogo, como seres racionales. La garantía de los derechos fundamentales no es un favor que el Estado debe hacerle al pueblo, sino su obligación, pues solo los Estados violan los derechos humanos, ya sea por acción o por omisión.
