La teoría científica de la existencia de mundos y realidades paralelas existe y se estudia con seriedad, planteando que los universos paralelos no solo existen, sino que, además, interactúan entre ellos influyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión. Es decir, que, en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan (Yaiza Martínez, Tendencias Científicas, 31 de octubre de 2014).
Si bien la teoría tiene más fundamentos novelísticos, hay estudios desde la física que pretenden demostrar su realidad. Leyendo los escritos que a favor o en contra del proceso de paz de Juan Manuel Santos y las Farc, inequívocamente nos enfrentamos a una especie de materialización de esos mundos, universos o realidades paralelas; la que describen sus defensores y las que argumentan sus detractores.
Leyendo hace poco a doña Lucy Nieto de Samper en su columna de El Tiempo (Una mirada desde adentro, febrero 2 de 2019), en la que promociona una compilación de argumentos de los negociadores del gobierno Santos en La Habana, publicada por el Fondo de Capital Humano para la Transición Colombiana —creado por el Instituto para las Transiciones Integrales IFIT—, uno no puede menos que preguntarse cuál realidad fáctica se contempla sobre Colombia al asumir una posición dogmática sobre ese proceso y sobre sus efectos reales posteriores al plebiscito del 2016 y la firma del llamado Pacto del Colón, nombre que se le dio a los acuerdos de La Habana para obviar el mayoritario rechazo de los colombianos en las urnas a los mismos.
Más allá de la dureza del discurso de las partes en el debate, clasificados como amigos y como enemigos de la paz por el gobierno Santos, hay que preguntarse si dichos acuerdos impuestos vía Congreso y con la anuencia de la Corte Constitucional, pese a la sentencia que avalaba el plebiscito, son en realidad nomas pétreas en el ordenamiento constitucional y legal o son susceptibles de modificaciones y ajustes para acatar la voluntad democrática expresada por el constituyente primario en el certamen consultivo del 2 de octubre de 2016 y que se ratificó en la elecciones presidenciales de 2018, cuando quienes defendían los acuerdos como inamovibles fueron ampliamente derrotados (Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, apenas alcanzó 399.180 votos, pese a que fue él mismo quien puso su candidatura como la de la paz).
La coalición que llevó a la presidencia a Iván Duque Márquez obtuvo en segunda vuelta el 54% del total de votos, mientras Gustavo Petro, que defendía igualmente la inmovilidad de los acuerdos, apenas alcanzó el 42% de la votación. Si bien Iván Duque no representó el ala dura del Centro Democrático que habló de hacer trizas los acuerdos acatando lo decidido por los colombianos el 2 de octubre de 2016, sí representó la propuesta de modificar aspectos sustanciales de los mismos especialmente en lo que atañe a temas que despiertan mayor controversia sobre justicia transicional y participación política de los antiguos miembros de las Farc.
Y en la apreciación de esa realidad fáctica es donde surgen los universos paralelos en los que se mueven los acuerdos con las Farc: para sus defensores no hay nada que cambiar, porque todo es maravilloso, aunque tenga que hablarse de una paz imperfecta; para quienes los cuestionamos, hay mucho por cambiar porque el supuesto número de víctimas fatales que se redujo en la ausencia de combates con las Farc, como tal, no compensa el crecimiento geométrico del narcotráfico y la acción de los grupos armados organizados, incluyendo las estructuras de las Farc que se mantienen en armas con el nombre de disidencias o grupos residuales.
Doña Lucy Nieto de Samper, como todos los defensores de los acuerdos, insisten en que el no y Duque ganaron con mentiras, engañando y emberracando al elector, calificando de idiotas o minusválidos mentales a los colombianos que no se plegaron al canto de sirenas de quienes vendían la realidad mágica o paralela que se empeñan en defender. Ahora, ante la irrefutable realidad del cerco criminal a las instituciones y la sociedad, los defensores de los acuerdos optaron por culpar a un gobierno que apenas lleva cinco meses de los efectos de 8 años de laxitud y tolerancia con el crecimiento de esa criminalidad.
El 2 de agosto de 2016, cuando Santos anunciaba que sometería lo acordado en La Habana a un plebiscito así las Farc no estuvieran de acuerdo, para darle mayor legitimidad al proceso de paz, aunque legalmente no estuviera en la obligación de someterlo al escrutinio de los ciudadanos, también anunciaba que las Farc serían las principales aliadas del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Para los defensores de los acuerdos, esos dos hechos marcan un antes y un después en la paz del país.
Pero la realidad muestra que los acuerdos no tienen legitimidad porque fueron rechazados en el plebiscito y las Farc no solo no han contribuido a erradicar el narcotráfico, sino que siguen lucrándose de él como lo prueba el caso Santrich. Entre 2016 y 2017 los ingresos de los narcotraficantes crecieron en un 150% (Portafolio. Cepal, diciembre 14 de 2018); la cifra de áreas cultivadas con coca y otros alcaloides, oscila entre las 171.000 y las 200.000 hectáreas, superando incluso los registros de finales del siglo XX, cuando Colombia se convirtió en un estado paria por razón de este delito internacional.
Para justificar ese engaño que el santismo introdujo para presionar a los ciudadanos a votar por el sí en el plebiscito, terminan diciendo que las Farc jamás pactaron nada en torno a la erradicación del narcotráfico, fuera de las llamadas consultas con las comunidades cocaleras para aplicar los mandatos constitucionales y legales inherentes a los deberes del gobierno frente al delito.
Lo que sucede con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y Santrich es un indicador fehaciente de que esa jurisdicción creada por las Farc solo se ocupará de lo que llamaba Enrique Santiago, el abogado español que asesoraba al gobierno y las Farc, los delitos obvios y aburridos, y para ello cuenta con una Comisión de la Verdad encargada de acomodar la realidad criminal de más de 60 años de depredación de esa narcoguerrilla a los intereses de la misma; las víctimas de las Farc han sido sistemática y sistémicamente silenciadas y eliminadas del panorama de justicia, verdad y reparación, ocupando sus espacios con pretendidas víctimas del paramilitarismo y del Estado.
Si el Estado responde, como debe hacerlo, desde la Constitución y la ley para enfrentar la oleada criminal que agobia a la sociedad, suenan las voces destempladas e histéricas del mundo paralelo que gritan que volvió la guerra, que la derecha hace trizas la paz, como si el narcotráfico, la minería ilegal, los atentados y toda suerte de delitos de las narcoguerrillas fueran en verdad acciones necesarias para consolidar la paz como han pretendido decirlo desde hace 8 años y cuya justificación buscan desesperadamente la JEP y su apéndice de la Comisión de la Verdad.
