Nadie desvirtúa el trabajo arduo de la mandataria regional por recuperar la institucionalidad de la comarca en sus apariciones en el territorio regional y nacional, luego de años de desidia y malos manejos administrativos que aún continúan. Nadie desconoce la importancia que le ha dado a la mujer en su gobierno, donde la mayoría de sus funcionarios son mujeres comprometidas con el bienestar de los vallecaucanos. Nadie ha dudado de las buenas intenciones de la gobernadora por pasar a la historia, gracias a su gestión administrativa y política, pero todo queda ahí en “buenas intenciones” olvidando que “hechos son amores y no buenas razones”.
Sin embargo, las estadísticas y los hechos de la región son diferentes. Por ejemplo, el mal manejo administrativo en la Industria de Licores del Valle, que para el 2017 tuvo un detrimento patrimonial de 67 mil millones , las irregularidades en los créditos otorgados por IINFIVALLE a Suprema (quienes tenían el contrato de distribución exclusiva de la licorera), el gasto excesivo en plan de medios (para el 2018 fueron 8 mil millones de pesos), la sobretasa a la energía recaudada de manera ilegal como recientemente dictó la sentencia No. 291 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, más recientemente, el cobro por valorización para la ampliación de la avenida Cañasgordas al sur de Cali del que le tocó desistir por la improvisación y la firmeza de los reclamo ciudadanos —quienes se unieron para derrotar las malas prácticas administrativas— ponen de manifiesto que los índices de favorabilidad de la gobernadora y el premio otorgado a finales del 2018 son cortinas de humo, tan de moda en Colombia, para que la ciudadanía no tenga conocimiento de la dimensión de los problemas del Valle del Cauca y los presuntos focos de corrupción que existen al interior de la administración de Dilian Francisca Toro.
Vamos por partes, el último informe titulado Índice Departamental de Competitividad 2018, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad con el apoyo académico de la Universidad del Rosario, muestra de manera detallada que la actual administración del departamento del Valle del Cauca no ha logrado resultados adecuados en su gestión. Las cifras hablan por sí solas.
El informe mide el nivel de competitividad de los departamentos del país a partir de tres variables fundamentales: condiciones básicas, eficiencia, y sofisticación e innovación. A su vez, dichos ítem están conformados por una serie de indicadores que determinan los avances o retrocesos que ha tenido cada departamento con respecto al año anterior del año analizado, por medio de un escalafón que determina las ventajas y desventajas competitivas que tienen cada departamento y los aspectos a mejorar.
En términos generales, el informe establece que el Valle del Cauca ocupa el sexto lugar a nivel nacional entre 26 departamentos y Bogotá como capital del país. Departamentos como Caldas, Santander y Risaralda cuentan con mejor Índice de Competitividad. En términos de condiciones básicas que mide instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, y sostenibilidad ambiental, el Valle ocupa el séptimo lugar. En el apartado de eficiencia que se analiza a partir de los ítems de educación superior y capacitación, se ocupa igualmente el séptimo lugar. Finalmente, en el componente de sofisticación e innovación que tienen en cuenta la sofisticación y diversidad, así como la innovación y dinámica empresarial se ocupa el tercer lugar superado por Bogotá D.C y Antioquia.
De igual manera, viendo todas las cifras de manera detallada se observa lo siguiente: en el tema de educación básica y media, puesto 22; en desempeño administrativo, puesto 20; en eficiencia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión, puesto 25; en seguridad y justicia, puesto 21; en red vial primaria por cada 100.000 habitantes, puesto 25; en cobertura en educación, puesto 21; en cobertura neta en educación primaria, puesto 20; en calidad educativa, puesto 21; en calidad de docentes de colegios oficiales, puesto 23; en estudiantes por aula, puesto 25; en relación estudiantes – docentes, puesto 25; en tiempo de asignación de citas médicas, puesto 21; en gestión ambiental, puesto 20; en empresas certificadas en ISO 14001, puesto 20; en facilidad para registrar propiedades, puesto 20; en facilidad para obtener permisos de construcción, puesto 26; en tasa de desempleo, puesto 22.
Como se puede observar, en temas de gestión administrativa, infraestructura vial para los pequeños campesinos, en educación, en temas de salud, en la capacidad de gestión de los temas ambientales, y en la tasa de desempleo, todos vitales para el buen funcionamiento de una sociedad, la administración actual muestra cifras poco alentadoras. Las cifras son rigurosas, y no se pueden escapar de ellas. Debe ser la línea base con la cual todos los candidatos a la gobernación deben ponderar para la construcción de sus planes de gobierno.
A todo lo anterior se le suman las siguientes perlas:
- La justicia colombiana declaró nulo el artículo 09 de la ordenanza 425 del 2016, corroborando así la ilegalidad cometida en cobro y recaudó de la tasa de seguridad y convivencia. Lo que muestra falta de rigor jurídico y tributario por parte de algunos funcionarios de la administración actual y la cual en declaraciones se han referido a no acatarla y seguir cobrando de forma ilegal, abusiva y arbitraria a través de la factura del servicio público de energía, continuando así con la violacion de la Ley 142/94
- Presuntas irregularidades de manejo de dinero por parte del director actual de Indervalle, en contubernio con la que será la candidata de la gobernadora a sucederla, Clara Luz Roldán. Nada de raro sería, pero serán las autoridades judiciales que determinen la última palabra.
- La forma arbitraria como se manejó el tema de cobro de valorización para la ampliación de la avenida Cañasgordas al sur de la ciudad de Cali. A simple vista, parece ser una manguala de algunos contratistas para desfalcar las finanzas de los vallecaucanos. Hubiese sido el kilómetro más caro pagado por la ciudadanía. Seis kilómetros con un costo irreal de más de 120.000 mil millones de pesos. ¿Presunta corrupción? No cabe duda.
- Los contratos del Programa de Alimentación Escolar otorgados a dedo en su inicio de gobierno, donde denuncié con nombres propios las cercanías políticas de cada una de las fundaciones beneficiadas y quienes sistemáticamente incumplían la ejecución de los contratos que incluso llevaron a la intoxicación de niños beneficiarios del programa.
- Préstamos irregulares, concesiones problemáticas al distribuidor Suprema en la comercialización de Aguardiente del Valle, que a la fecha lleva casi un año en mora sobre el pago de la deuda asumida con INFIVALLE por más de $11.000 millones de pesos, lo que señala un olor putrefacto. Y todos los vallecaucanos, de espaldas a la realidad.
- Retrasos en muchas de las obras de infraestructura como la ampliación de la antigua vía Cali-Yumbo a la altura de Arroyohondo.
- Gasto excesivo en estudios y diagnósticos, como los $18.101 millones de pesos en estudios para la construcción del Puente de Juanchito.
En fin, la actual gobernadora de los vallecaucanos quiere vender una realidad acorde sus intereses de la vieja política, limpiar y saciarse de una imagen limpia a merced de la ingenuidad de los vallecaucanos que la eligieron y a los que nos tocó acatar la democracia y desde el principio no confiamos en sus “buenas intenciones” ni sus “palabritas”, aprovechándose del cierre de su proceso de lavado de activos en un fallo que deja mucho que pensar frente a declaraciones de la misma Procuraduría sobre el mismo.
Jamás desistiré como ciudadana y como diputada de ejercer los mandatos constitucionales por las cuales fui elegida: un control político efectivo y real del desgreño administrativo de quienes se encuentran actualmente dirigiendo los destinos de la región. Nada ni nadie acallará mis denuncias, por el contrario, será mi accionar en la cotidianidad, como lo he venido haciendo desde el momento que tomé la decisión de servir en dicha corporación, lo que me dará las pautas necesarias para ser la próxima gobernadora de todos los vallecaucanos, para desterrar por fin y de una buena vez, toda esa clase política que jamás ha estado al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de sus intereses, para lucrarse sin compasión con los recursos de todos.
