En tiempos de dificultad económica y social, como los que estamos viviendo ahora mismo, Colombia dispone de más de 150 misiones diplomáticas permanentes en el extranjero con centenares de embajadores, cónsules generales (incluidos los de los miembros de su familia y compañeros de los funcionarios), cónsules honorarios, empleados locales, agentes temporales y funcionarios del servicio exterior en la que cada vez menos ciudadanos se sienten representados. Todo eso cuesta a los contribuyentes muchos millones de dólares cada año por concepto de sueldos y salarios, gastos en materia de seguridad, alquileres y dietas por misión, alojamiento y servicios, tecnologías de la información y seguros, viajes, promoción en programas y gastos generales.
Pues bien, en un momento en que el gobierno aboga por la austeridad presupuestaria y pide que el gasto público se racione, esto podría sonar como una provocación. Cuando el actual gobierno se comprometió a reducir el déficit público y aplicar el plan de austeridad en toda la administración pública, lo hizo con el convencimiento de que algunas virtudes como la austeridad, la eficacia, la rectitud y la fiabilidad son especialmente apreciadas por todos los sectores y todos los contribuyentes. Si el gobierno toma en serio su compromiso con un programa de austeridad gubernamental y mejorar la gestión de las finanzas públicas, debe tomar aún más en serio el compromiso de combatir la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos, un compromiso del que no puede sino honrarse. Apoyamos todos los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit público y aplicar el plan de austeridad, mejorar la calidad y aumentar la equidad en la reforma de la gobernanza.
El diseño y aplicación de una nueva política exterior comporta la necesidad de que las misiones diplomáticas se transformen en instituciones modernas, organizadas, competentes y eficaces; actúen con transparencia y rindan cuentas de sus actos, de sus sistemas de contabilidad y gestión necesarios, incluidas reglas rígidas a la hora de justificar cómo gastan los fondos. Las misiones diplomáticas deben ser objeto de una detenida reestructuración de gran calado para responder a la demanda del público y cumplir los requisitos de buena gestión, claridad, sencillez, eficacia y responsabilidad democrática cuando se disponga de recursos presupuestarios. En la situación actual, una cosa está clara: la clave para ello es encontrar una administración transparente en todos los niveles y sometida a control, y de uso eficiente de recursos, donde sus administradores realmente piensan en la gente, por la gente y para la gente. Colombia necesita de nueva política exterior moderna y austera a la vez, que vaya acompañada de un acuerdo sobre los principios de buena gobernanza de los poderes públicos que pueden romper el círculo vicioso causado por los privilegios de sus funcionarios y los intereses que motivan su accionar.
El debate sistemático sobre las cuestiones relativas a la política exterior y de defensa, de seguridad, de justicia o policiales, así como en materia de cooperación económica y de las relaciones exteriores necesita de una diplomacia oficial más proactiva y efectiva en el terreno, así como el establecimiento de un grupo de alto nivel formado por funcionarios con experiencia y conocimientos técnicos en los ámbitos correspondientes y formación lingüística más especializada, con un volumen importante de experiencia exterior y la correspondiente transferencia de responsabilidades y supervisión. Una estructura de organización y financiera más manejable y menos burocrática y más respetuosa con los empresarios y las pequeñas y medianas empresas, los ciudadanos y sus familiares que trabajan y residen al exterior. La realización de los objetivos de diplomacia activa y preventiva se debe basar en hechos concretos y debe dar lugar a acciones eficaces; debe ser transparente y público, competente y con presupuestos claros y plazos específicos, y tiene que contribuir a la consecución de los compromisos convenidos internacionalmente por el gobierno tanto para con sus ciudadanos y sus familiares como para con la comunidad internacional e influir positivamente en el proceso de transformación política, económica y social.
En este contexto, parece necesaria una nueva y dinámica diplomacia basada en el principio de no discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades, teniendo presente al mismo tiempo las competencias y experiencias, no basada en el orgullo y privilegios y que cumpla los requisitos de transparencia y legalidad, así como los requisitos de acceso a la información y de prevención de los conflictos de intereses. Esto podría contribuir a mejorar la política exterior, así como las capacidades diplomáticas y de inteligencia. Creo que una mejor regulación de este sector, junto con el fomento de una actitud entre los funcionarios de mayor disponibilidad hacia los ciudadanos, beneficiará no solo a todos los que trabajan y residen en terceros países sino también mejorará las condiciones de servicio y el servicio prestado al público. En aras de una mayor transparencia, se debería garantizar la coherencia de las funciones y economizar en los costes fijos de las estructuras de las redes diplomáticas y consulares.
Dadas las limitaciones presupuestarias, se podría también decidir el cierre o reducción del tamaño de algunas misiones de representación o reducir el personal, teniendo en cuenta la carga de trabajo de las representaciones existentes y otros factores, como la importancia política y económica. Cabe señalar que el coste de un funcionario destinado en un país tercero es muchas veces superior que el coste de un funcionario en la sede del ministerio. Así pues, me parece importante que nos orientemos a construir un servicio exterior de consulados honorarios por el bien de toda la colectividad, ya que tiene un efecto multiplicador positivo a corto plazo en el presupuesto anual. Es una buena solución en relación con la función de supervisión y evaluación para garantizar la rendición de cuentas, y lo es por una buena razón, le ahorra al Estado costes y gastos de personal (incluidos gastos de despacho, personal de apoyo, residencia, telecomunicaciones y seguridad), antes que por el mayor provecho o la desmedida ambición de unos cuantos. Por último, “no debería infravalorarse la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en actividades de política exterior. Una cooperación más estrecha entre la diplomacia oficial, por un lado, y la diplomacia pública, por otro, puede contribuir a mejorar la política exterior e influir positivamente en el proceso de transformación política, económica y social”. Muchas gracias.
