En la madrugada del 6 de enero Maritza Quiroz advirtió la presencia de hombres armados en su casa en la vereda de San Isidro, zona rural de Santa Marta, y aunque intentó huir, los disparos la alcanzaron. Hace un tiempo había visto cómo asesinaron a su esposo en Bajo Camagual, vereda del corregimiento de San Pedro de la Sierra, en Ciénaga.
Maritza Quiroz formaba parte de la mesa de víctimas de de Santa Marta, se le reconocía como una luchadora por la tierra y había sido una activa participante del PDET del Magdalena (Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial). Había recibido amenazas, al igual que los otros cinco dirigentes comunitarios asesinados en los primeros seis días del 2019: Gilberto Valencia en Suárez, Cauca; Jesús Adier Perafán en Caicedonua, Valle del Cauca; José Solano en Puerto Jobo, entre Caucasia y Zaragoza-Antioquia; Wilmer Antonio Miranda en Cajibio, Cauca, y Wilson Pérez en Hacari, Norte de Santander.
El gobierno sigue sin tener claras los móviles y las causas, ni ha logrado detener esta tragedia, acentuada después de la firma de las acuerdos de paz y que anticipa un año terrible.
